La investigación judicial que busca determinar las causas del accidente que le costó la vida a un trabajador atrapado en un pozo acumuló en las últimas dos semanas pruebas que condujeron a identificar a dos personas con cierto grado de responsabilidad en la seguridad de la obra.
La investigación judicial que busca determinar las causas del accidente que le costó la vida a un trabajador atrapado en un pozo acumuló en las últimas dos semanas pruebas que condujeron a identificar a dos personas con cierto grado de responsabilidad en la seguridad de la obra. Se trataría de un profesional de una de las compañías locales que forman la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria del emprendimiento y el capataz de una subcontratista.
El juzgado Correccional Nº 10, a cargo de Marcela Canavesio, es el encargado de tramitar el expediente a través del cual se trata de esclarecer qué pasó el miércoles 18 de abril en Venezuela y Chazarreta, donde se construye un colector cloacal que conecta Rosario Oeste con Funes.
Ese día, Donateo Riquelme, un obrero paraguayo de 32 años, bajó a una zanja de siete metros de profundidad junto a Felipe Bertone, de 42, a colocar una bomba de agua.
De acuerdo al relato de algunos testigos, el movimiento de suelo generado por la bomba hizo ceder parte de la tierra, que cayó sobre los obreros. Los dos fueron rescatados con vida, pero Riquelme murió a poco de salir.
Según denunció el titular de la delegación Rosario de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Sixto Irrazábal, «en los extremos de la zanja había máquinas que no tenían que permanecer en el lugar y contribuyeron a acelerar el socavón». Y enfatizó: «El área no estaba protegida como corresponde»
Es más: luego de una inspección en la que se clausuró la obra, el Ministerio de Trabajo detectó varias irregularidades. El coordinador provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo, Néstor Botta, admitió que la zanja carecía de entibado, un sistema que permite sostener las paredes.
A pesar del hermetismo que envuelve a la causa y un llamativo secreto del sumario ordenado por la jueza, La Capital pudo saber de fuentes confiables cercanas a la pesquisa que el expediente acumuló declaraciones testimoniales y peritajes técnicos relativos al estado del terreno (si estaba apto para realizar las tareas), cuyo resultado se aguarda para los próximos días.
Asignados. A través de la comisaría 17ª, las actuaciones sumaron otro elemento de valor: la declaración informativa (podrían surgir sospechas de responsabilidad penal en la muerte) de dos personas con distinta escala jerárquica y encargados de velar por la seguridad de los trabajadores.
Se trataría de un profesional de una de las compañías que integran la UTE adjudicataria de los tareas y un capataz o jefe de cuadrilla de una subcontratista.
Como ocurre cada vez que la improvisación se cobra la vida de un trabajador, la muerte de Riquelme reavivó el debate respecto de la precariedad laboral y dejó en evidencia, una vez más, la falta de controles oficiales eficientes.
La obra del colector Rosario Oeste fue licitada en 2007 por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), dependiente del Ministerio de Planificación Federal.
Los trabajos fueron adjudicados a una UTE conformada por compañías locales, con un presupuesto oficial de 43.584.520 millones pesos y un plazo de ejecución de los trabajos de 18 meses.
