Santa Fe.— Una vez más, y luego de más de cinco años de la presentación del primer proyecto de modificación de la ley de fitosanitarios 11.273, una iniciativa que intentaba limitar el abundante uso de químicos.
El proyecto legislativo había movilizado a empresarios y profesionales del rubro, ya que ponía bajo la mira un modelo de producción.
Santa Fe.— Una vez más, y luego de más de cinco años de la presentación del primer proyecto de modificación de la ley de fitosanitarios 11.273, una iniciativa que intentaba limitar el abundante uso de químicos aplicados al agro cerca de donde habitan seres humanos encontró su ocaso en la Legislatura santafesina. El último proyecto en el que confluían las iniciativas de varios legisladores obtuvo sanción de Diputados, y desde hace un año aguardaba tratamiento en la comisión de Salud de la Cámara de Senadores, donde finalmente perdió estado parlamentario.
En general, las iniciativas modificatorias apuntaban a establecer límites a través de franjas sanitarias en las que se prohibiría la aplicación de todo producto agroquímico en cercanías de poblados, escuelas y viviendas rurales, cuyas distancias variaban según el modo de aspersión (aérea o terrestre). También establecían pautas de precaución en el manipuleo de los químicos y manejo y disposición final de los envases de esos productos y mayores controles sobre empresas fumigadoras e ingenieros agrónomos, al tiempo que proponía el fomento de producciones agrícolas alternativas para las áreas de exclusión de agroquímicos, entre otras medidas.
Los interesados. Al adquirir media sanción, el proyecto inquietó a diversos sectores vinculados a la producción agraria que en sucesivas y acaloradas reuniones con autoridades y legisladores hicieron oír sus voces. De ese modo consensuaron un documento entre las entidades interesadas y conformaron una comisión de seguimiento legislativo. Además, solicitaron una audiencia a la vicegobernadora para concretar una reunión con el conjunto de los senadores que tratarían el proyecto.
Entre otros impulsores de esas medidas se contaban integrantes de Mujeres Federadas de Federación Agraria Argentina (FAA), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), integrantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, técnicos de Agricultores Federados Argentinos, las cámaras de Aplicadores Aéreos, de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores, responsables de cooperativas y dirigentes de 25 filiales de FAA.
El proyecto legislativo movilizó sobremanera a estos sectores porque ponía bajo la mira al modelo agroeconómico vigente desde los 90, que fundamenta abundantes ingresos en el tríptico siembra directa, soja transgénica y el herbicida glifosato.
Como contrapartida también hubo reiteradas movilizaciones por parte de los vecinos afectados y organizaciones de numerosos puntos de la pampa agraria del país, por el interés centrado en la salud pública y el cuidado del medio ambiente.
Vuelve la discusión. De la mano de ellos y de legisladores en disidencia, la discusión vuelve ahora al tapete. «Es difícil consensuar un texto que conforme a todos, pero peor es no cambiar la vieja ley de fitosanitarios», resumió el diputado Antonio Riestra, autor de uno de los proyectos, al diario Uno de Santa Fe.
Bajo la misma óptica, las organizaciones ambientalistas elevaron sus voces. El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) que encabeza la campaña «Paren de fumigarnos» emitió un comunicado que cuestiona y responsabiliza a los senadores santafesinos por la pérdida de estado parlamentario del proyecto de reforma de ley. En ese marco inculpa además al Ejecutivo provincial por desatender los reclamos de las poblaciones de regiones agrarias en las que «se acrecientan las listas de enfermos y muertos» por el uso indiscriminado de agroquímicos.
«En este estado de cosas, cada vez más vecinos descubren que se enferman en contacto con los agrotóxicos. Mientras los niños mueren intoxicados o son fumigados en sus escuelas, el Ejecutivo hace caso omiso de su función y los senadores elegidos por el pueblo festejan con las agrocorporaciones, la lista de enfermos y muerte, todas ellas evitables, que se van incrementando en la provincia», resalta el comunicado.
Respecto a las reformas previstas para la ley vigente indica que «no fueron tratadas en la Comisión de Salud del Senado, que de este modo permite la continuidad de las aplicaciones incontroladas de agrotóxicos», afirmaron.
El comunicado, titulado «Enfermedades y muerte: nuevos aliados de los senadores santafesinos» resalta que esta situación «revela una vez más la trama tortuosa que deben seguir determinadas normativas cuando los legisladores toman partido por las ganancias antes que por la salud de la población».
Con Córdoba y Entre Ríos. Una de las propuestas que surgió desde diferentes organizaciones santafesinas es continuar con las conversaciones con sus pares de Córdoba y Entre Ríos, con el fin de conformar un frente común en la Región Centro para abordar el uso desmedido de agroquímicos.
Otras entidades, en cambio, aseguran que tanto la legislación provincial como las disposiciones judiciales y el fallo San Jorge constituyen medidas de corto alcance frente a la legislación de fondo diseñada para facilitar la producción agrosojera, aún cuando incluye el sacrificio de la salud de la población.
Desde la caída del proyecto de modificación de la ley de fitosanitarios muchos respiraron tranquilos, la cuestión sigue pendiente y aún resta analizar si quienes viven en cercanías de las explotaciones agropecuarias pueden imitarlos.
Por Luis Emilio Blanco / La Capital
