En su dictamen, la jueza subrogante Liliana Navarro describe las condiciones infrahumanas a las que eran sometidas 29 personas en un campo de Villa del Totoral.
Esta semana, el gobernador José Manuel de la Sota anunció el cierre de prostíbulos y casas de masajes en el territorio provincial para atacar de raíz el delito de trata de personas. El común de la gente vincula la “moderna esclavitud” humana al tema sexual, pero la misma figura delictiva castiga otro tipo de explotación que es la de trabajadores sometidos a tratos degradantes y que viven en condiciones infrahumanas, a lo que no se refirió en su anuncio el gobernador.
En las últimas horas, Liliana Navarro, jueza subrogante del Juzgado Federal Nº 1 (actualmente está a cargo también de los otros dos por ausencia del juez Alejandro Sánchez Freytes), notificó al abogado Marcelo Brito del procesamiento por el delito de trata de personas del productor Miguel Ángel Flores, propietario del establecimiento Los Gallegos, ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 17, zona rural de Villa del Totoral (ver mapa).
En su dictamen, la jueza narra con toda crudeza el sometimiento a la esclavitud de 29 personas, miembros de distintas familias procedentes de Tucumán, que vivían hacinados, sin energía eléctrica, agua potable ni baños en casillas de madera que contaban con una sola ventana y todas estaban clausuradas sin permitir el ingreso de la luz del sol.
El caso fue denunciado por representantes de la DGI (Regional Córdoba), del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones el 18 de agosto de 2011, después de constatar la explotación laboral existente en el campo de 700 hectáreas, 300 de las cuales estaban afectadas al cultivo de papa, batata y mandioca.
El fiscal Enrique Senestrari promovió acción penal contra Flores, quien con posterioridad habría realizado algunos “movimientos” para aliviar su situación, entre ellos deshacerse de la mayoría de los peones y enviar a otros, cuatro meses después del procedimiento, a presentarse espontáneamente a declarar en su favor.
Este tema no pasó inadvertido para Navarro, quien consideró que “el extremo grado de desconfianza hacia las autoridades dan muestra del miedo o de ansiedad y de actuar como si hubieran recibido instrucciones de otra persona, la que se presenta con indicadores clásicos que presenta la trata de personas”.
La jueza subrogante describe descarnadamente cómo en una casilla había 10 colchones donde dormían personas de ambos sexos y de distintas familias. En su parte externa, las casillas estaban rodeadas de restos de comida y de basura esparcidos por el piso.
La resolución judicial resalta la actitud del imputado que, “en la clandestinidad, sin habilitación, ni reglamentación alguna y de la forma más primitiva, habría sometido a largas jornadas de explotación laboral a estas personas que habría utilizado como mano de obra esclava con el objeto de abaratar los costos del cultivo y siembra de papa, batata y mandioca, abusando de las condiciones de vulnerabilidad que estos padecían”.
Al referirse a las víctimas, Navarro menciona que “sus dificultades para ejercer sus derechos, su condición económica, alejamiento familiar, desarraigo, desconocimiento del contexto legal, social y económico componen una alta condición de vulnerabilidad que los coloca en una situación en la cual no tienen más opción que someterse al abuso”.
Entre las descripciones del lugar sobre el que hubo un relevamiento fotográfico, se mencionan pozos en la tierra donde se introducían los alimentos y sobre los cuales se cruzaban troncos para cocinarlos.
Operativos
2011. La Afip denunció a cerealeras de Córdoba tras detectar tres campamentos con 140 peones que supuestamente estaban sometidos a trabajo esclavo. Los trabajadores eran empleados para tareas manuales de desflore de maíz en el Paraje Monte del Rosario, en el departamento de Río Primero, y fueron detectados a través de un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal Nº3 de la ciudad de Córdoba.
Daños. En el relevamiento, los funcionarios de la Afip constataron que los trabajadores rurales cobraban 97 pesos diarios y que se los pagaban al finalizar todo el trabajo, previo descontarles dinero en caso de dañar las plantas que trataban, según el organismo nacional.
