Los diputados provinciales Alberto Monti y Jorge Lagna presentaron en la sesión de hoy un pedido de informes donde preguntan al Poder Ejecutivo sobre los procesos de investigación administrativos o judiciales abiertos, las inspecciones previas realizadas y toda la documentación disponible acerca del luctuoso suceso del pasado 8 de junio donde perdieron la vida dos trabajadores al derrumbarse una excavación en una obra pública contratada por la Dirección Provincial de Vivienda mientras se empalmaban cañerías de la empresa Aguas Santafesinas.
En el desarrollo de los fundamentos de la presentación, los legisladores del PJ expresan que «en un desgraciado suceso acontecido aproximadamente a las 15:30 horas del pasado miércoles 8 de junio, dos trabajadores fallecieron sepultados al desmoronarse una excavación en la que estaban trabajando en la intersección de las calles Herrera y Unión de la ciudad de Rosario, llevando adelante una conexión de las redes de la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima en el marco de un plan habitacional de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo».
«Como un acto reflejo y en apariencia con el fin de deslindar responsabilidades políticas ante la tragedia, la directora de Vivienda provincial Alicia Pino declaró a medios de la ciudad de Rosario que «fue un hecho desgraciado que no ocurrió por falta de elementos de seguridad, sino que fue originado por la rotura de un caño de agua que produjo el desmoronamiento» recuerdan Monti y Lagna.
«Pero al día siguiente y en una evidente contradicción con su compañera de gabinete, «el coordinador de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo de la provincia, Néstor Botta, admitió que en el accidente de Unión y Herrera, donde el miércoles murieron ahogados dos obreros al desmoronarse una zanja de seis metros de profundidad, «no existió ni mala suerte ni desgracia». Y fue contundente al indicar que «lo que hubo fue una falla en la seguridad de la obra, hay que determinar ahora dónde estuvo y las responsabilidades», según se reprodujo en numerosos medios provinciales» destacan los representantes del justicialismo.
«Mas aún fue unas horas mas tarde el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia Carlos Rodríguez «también se explayó. En declaraciones a LT 8, dijo que «uno de los trabajadores que fue rescatado tenía ropa de trabajo, arnés de seguridad y cable de vida. El otro, que seguramente entró a rescatarlo, no tenía absolutamente nada, pero hay que ver cuál fue la causa primaria que permitió la rotura del caño» afirman los diputados provinciales.
«La innumerable sucesión de hechos que terminan en tragedia en el marco de la inseguridad en ámbitos laborales, más allá de la promocionada puesta en marcha de los Comités de Seguridad Laboral que indudablemente han sido muy poco efectivos en su tarea de prevención, hacen que podamos hablar hoy por hoy de un fracaso de la gestión del Frente Progresista y del ministro Rodríguez en esta área. Mas aún se acentúa este problema en el hecho que estamos analizando, teniendo en cuenta que se trataba de una obra encargada por un organismo provincial trabajando en redes que pertenecen a otra repartición del Estado provincial, por lo que los controles deberían haber sido extremos» puntualizan los legisladores peronistas.
«La única preocupación del gobierno provincial una vez sucedida la tragedia parece haber sido montar una operación de prensa para amortiguar el impacto negativo que sobre la gestión del Partido Socialista podía llegar a tener este hecho, en lugar de prometer una exhaustiva investigación y contener a las familias de los trabajadores fallecidos. Recién 48 horas después del accidente, el gobernador Hermes Binner atinó a declarar a los medios de prensa que el gobierno iba a «investigar sin concesiones» lo acontecido, lo que pareció una reacción tardía y casi de compromiso a la luz de lo que pasó» finalizan Monti y Lagna.
Los puntos del pedido de informes consultan al gobierno provincial sobre los siguientes ítems:
• Los sumarios internos, las investigaciones administrativas, las denuncias judiciales y las actuaciones, si las hubiera, en cualquier ámbito de la administración pública, relacionados al suceso producido el pasado miércoles 8 de junio en la intersección de las calles Herrera y Unión de la ciudad de Rosario oportunidad en la que se desmoronó una excavación que llevaban adelante dos empresas contratistas del Gobierno de Santa Fe por cuenta y orden de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y que finalizó con el luctuoso saldo de dos trabajadores fallecidos.
• El resultado de las inspecciones, si las hubiere, realizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la zona en la que se produjo el citado derrumbe, la fecha en la que se llevaron a cabo y la cantidad de agentes destinados a tareas de inspección en la Delegación Rosario de esa cartera de gobierno.
• Si existen, en sede de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social denuncias o presentaciones por anomalías en cuanto a seguridad en las condiciones de trabajo en el marco del plan de viviendas que se lleva a delante en la zona norte de la ciudad de Rosario por parte de la DPVyU.
