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Se trata de dos acusados de “reducción a la servidumbre” y por facilitar la permanencia ilegal de extranjeros. El caso se inició por la denuncia de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes habían recibido ofertas para trabajar en el país en una verdulería.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de un hombre y una mujer, acusados por los delitos de reducción a la servidumbre y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros.

La causa se había iniciado por la denuncia de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes indicaron que habían recibido ofertas de trabajo en su país de origen, la cual consistía en trabajar en una verdulería, con un sueldo promedio de mil pesos, alojamiento y comida.

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Tiene 45 años. Es economista y actuario de seguros y hace dos años, en plena crisis económica, decidió renunciar a un sueldo superior a los 120.000 euros al año y crear su propio negocio. No ha cubierto gastos aún, y no aspira a ganar más de 40.000 euros anuales, pero «no me siento una esclava del trabajo». Eso sí, cree que todos los trabajadores deberían hacerse autónomos, aunque estén en grandes empresas privadas. Considera que así todos se esforzarían, y no habría discriminaciones: «Ahora unos se esfuerzan mucho y otros se aprovechan de ese trabajo».

Pilar Ballesteros era una destacada ejecutiva financiera especializada en seguros. Su último trabajo en el sector lo desarrolló en Banco Pastor, donde era directora técnica de seguros de vida del grupo, al que se incorporó en 2005 tras haber pasado por otras importantes compañías de seguros y consultoras. Era lo que se dice una ejecutiva de éxito. «En mi currículum figura haber realizado las valoraciones de la mayoría de las prejubilaciones del sector financiero español».

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Las demandas laborales siempre provocan reacciones encontradas entre patronos y trabajadores, ya sea por la negativa al pago del salario mínimo, por la falta del reconocimiento de prestaciones, por incumplimientos de los pactos colectivos de trabajo y por las acciones que toman los inconformes para intentar que se atiendan sus demandas. Hay un caso que concita la animadversión hasta de quienes se presentan como defensores de la ley.

Se trata del llamado trabajo doméstico, una forma de esclavitud y explotación, resabio de la Colonia, de la que se benefician miles de familias, pero que socialmente se le niega el reconocimiento de prestaciones laborales.

Las trabajadoras de casa particular, además de hacer los oficios domésticos, son cocineras, lavanderas, planchadoras, niñeras, jardineras, enfermeras, psicólogas, masajistas, acompañantes, y cualquier otra profesión que se pueda realizar dentro del hogar; no tienen horario, carecen de protección social, son las que encienden y apagan las luces de las casas y todavía hay algunas que se heredan de generación en generación.

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