Rosario. Una nena de tres años ingirió ayer por accidente veneno para ratas, pero se encuentra fuera de peligro. La niña fue internada en el Hospital de Niños Zona Norte.
El incidente ocurrió ayer, a las 20.30, en Gallardo al 1400. Cecilia Pafra, de 23 años, descubrió que su hija había ingerido veneno para ratas. De inmediato llamó a la policía, tras lo que acudió un comando del Sies que la llevó al Hospital de Niños Zona Norte.
La niña se encuentra fuera de peligro.
La empresa fue condenada a pagarles más de 200 mil pesos.
Enrique Luis Bauer falleció en septiembre de 1999 mientras trabajaba en la construcción de la conexión a Victoria.
Un tribunal local condenó a la empresa que construyó el puente Rosario-Victoria a indemnizar a los familiares de un obrero que murió en setiembre de 1999 al resultar víctima de un accidente laboral. Los jueces que dictaron el fallo descartaron responsabilidad del operario en el episodio que provocó su deceso, atribuyeron la culpa a la compañía que lo empleaba y fijaron el monto del resarcimiento en un monto que supera los 200.000 pesos.
La sentencia cierra el pleito judicial abierto tras la muerte de Enrique Luis Bauer y recae sobre Puentes del Litoral SA, que ahora deberá indemnizar a la esposa y al hijo de su ex operario.
Bauer tenía 52 años, era soldador y vivía en la ciudad de Granadero Baigorria. El 22 de septiembre de 1999 trabajaba en la construcción de los pilotes sobre los que luego se sostendría el puente, en la isla Libertad, cuando una viga de acero de 2,5 toneladas golpeó los soportes de otras estructuras similares que cayeron sobre el operario y lo aplastaron. El trabajador murió un rato después, cuando los médicos de un servicio de emergencias intentaba asistirlo en la costa rosarina, hasta donde lo habían trasladado de urgencia en una lancha.
Aunque en aquel momento un vocero de la empresa atribuyó el episodio a «un exceso de confianza» del propio Bauer, los 130 obreros que por entonces trabajaban en la construcción del puente iniciaron un paro para presionar a la compañía, a quien ya le venían exigiendo mejores condiciones de seguridad para poder realizar sus tareas. La medida se levantó al día siguiente, cuando Puentes del Litoral se comprometió a brindar más garantías a los operarios.
Además de este caso, la construcción de puente costó la vida a otros dos trabajadores. En 2003, al cumplirse el cuarto aniversario del deceso de Bauer, la agrupación Manos a la Obra anunció su intención de levantar un monumento para a estos tres y a todos los obreros de la construcción que perdieron la vida mientras trabajaban.
En el caso de Bauer, su deceso disparó una demanda judicial contra Puentes del Litoral por parte de la esposa y el hijo de la víctima, quienes entendían que la compañía había sido responsable por el accidente que le costó la vida.
Pero el planteo de sus familiares fue mucho más allá al cuestionar que, según la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), la viuda y el hijo del operario sólo podían percibir 30.000 pesos de indemnización en pagos mensuales de 165 pesos para la mujer, y de 65 para el chico. Los abogados Jorge Elías, Ana Córdoba y Arturo Marchesi plantearon con éxito ante la justicia la posibilidad de que cobraran al contado y en un solo pago.
Además reclamaron que las víctimas de accidentes laborales tienen derecho a exigir una indemnización mayor en los casos en los que el empleador resultara responsable por el accidente de trabajo. Un juez de primera instancia había rechazado esta petición, pero ahora un tribunal de segunda instancia les dio la razón.
El fallo es de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, cuyos integrantes – los jueces Angel Angelides, José Villar y Sara Burde – dijeron que hubo responsabilidad de Puentes del Litoral en la muerte de Bauer y descartaron culpa de la víctima en el episodio. La indemnización que deberá pagar la compañía es por daño material y moral.
Jorge Salum / La Capital
El joven de 17 años de edad perdió la vida al recibir una fuerte descarga eléctrica de un juego denominado â??el gusanoâ??, en la provincia de Formosa. Al parecer, tocó con el pie un cable en malas condiciones.
Un adolescente de 17 años falleció electrocutado en las últimas horas al recibir una descarga de un cable que suministra energÃa a un juego denominado «el gusano» en un parque de diversiones de la localidad de Palo Santo, a 200 kilómetros al oeste de esta capital provincial.
Tras el hecho, los familiares de la vÃctima denunciaron que la municipalidad local habilitó el parque sin atender las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento, en tanto que la Justicia dispuso la detención preventiva del propietario del lugar.
El hecho ocurrió en la tarde de la vÃspera, cuando la vÃctima tocó accidentalmente con un pie el cable que estaba en malas condiciones y recibió una fuerte descarga.
Pese a la celeridad con que el joven fue trasladado al hospital local, cuando llegó al nosocomio los médicos constataron que habÃa fallecido a causa de un paro cardiorespiratorio por electrocución.
En el incendio de la discoteca murieron 17 personas. Para conmemorar la fecha, los familiares de las víctimas acamparán frente a la Municipalidad de Vicente López para pedir justicia.
(NA). Los familiares de las víctimas de la tragedia en la discoteca Kheyvis acamparán el próximo martes frente a la Municipalidad de Vicente López, con motivo del duodécimo aniversario del incendio que le costó la vida a 17 personas.
En un comunicado de prensa difundido hoy, los padres de víctimas de Kheyvis informaron que acamparán frente a la Municipalidad «junto con organizaciones barriales, asambleas y asociaciones de la zona» para pedir justicia por el acontecimiento que ocurrido hace ya doce años.
Los familiares y sobrevivientes de la tragedia estarán acompañados por allegados y víctimas del incendio de República Cromañón, de Once, «entre ellos el abogado y padre de Pedro, muerto allí, José Iglesias», informó el comunicado.
Por último, los impulsores de la protesta – que se realizará en horas del mediodía – afirmaron que «a las 17:00 y frente a las fotos de los 17 chicos que murieron en Kheyvis y de los 194 que fueron víctimas de Cromañón» se brindará una conferencia de prensa conjunta para explicar el estado de las causas y exigir que no prescriban.
El director de Sanidad Vegetal, Carlos Debona, sostuvo que las empresas de aeroaplicadores como otras que utilizan sistemas terrestres «funcionan bajo estricto control y ajustándose a lo indicado por la legislación local, provincial y nacional», pero el problema surge con quien adquiere una herramienta para aspersión de fitosanitarios por su propia cuenta y, sin conocimientos de ninguna naturaleza, los aplica en su propiedad.
Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Empresas Agroaéreas, Mauricio Forgioni, coincidió con los conceptos de Debona e indicó al respecto que las compañías aéreas que se dedican a esta tarea «tienen regulaciones e inspecciones muy estrictas, a la vez que el piloto posee profundos conocimientos sobre el tema a la hora de manejar agroquímicos y evaluar las condiciones de aplicación».
Sustancias peligrosas. Hay ausencia legal respecto de la manipulación de fitosanitarios por particulares.
Harán inspecciones en Las Petacas, donde vecinos denunciaron irregularidades en el uso de estos productos.
Sastre. Carlos Debona, director de Sanidad Vegetal (organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales del Magic) visitó esta ciudad para reunirse con autoridades de la localidad de Las Petacas, con el objeto de interiorizarse sobre las irregularidades denunciadas por los Vecinos Autoconvocados de esta última localidad, respecto de la aplicación, manejo y almacenamiento de agroquímicos en zonas urbanas y aledañas. El funcionario anunció inspecciones y destacó que existe ausencia legal con relación al manejo de fitosanitarios de parte de particulares.
También explicó a las autoridades la normativa vigente en la provincia a través de las leyes que vienen aplicándose desde 1975 para regular la venta y uso de agroquímicos y lo indicado por la ley 11.273, en vigencia desde 1997. Del mismo modo, advirtió que existe un vacío legal en cuanto al manejo de sustancias fitosanitarias por parte de particulares y aclaró que en ese sentido se producen «errores graves como almacenamiento y utilización imprudente de sustancias tóxicas».
Debona, además de anunciar inspecciones para la zona, sostuvo que en la ley «fundamentalmente se contempla el registro de aplicadores que brindan servicios a terceros y allí surge el primer inconveniente ya que si un productor se compra un fumigador y lo utiliza en su propio campo, no está obligado a inscribirse».
Explicó que hay una gran tendencia de los productores a comprar sustancias para sembrados fuera de fecha para conseguir mejores precios, que son estacionadas en sus propiedades. «La reglamentación no fija nada para estos casos y sólo obliga al que tiene comercio y lucra con la venta de fitosanitarios, pero no dice nada para el que los guarda en el garaje de su casa, sin tener en cuenta que está manipulando sustancias muy peligrosas».
Respecto del caso de Las Petacas, el funcionario dijo que «cuando la población se moviliza, presenta notas y hace denuncias, tenemos la obligación de investigar para saber si lo que está ocurriendo obedece a estas sustancias u otras. Siempre que se publica este tipo de noticias, la opinión pública tiene la percepción de que algo se está realizando mal. Entonces nosotros nos constituimos en el lugar, hacemos todas las averiguaciones posibles y vemos qué ocurre».
«Hasta ahora no tenemos evidencia de que se hayan hecho mal las cosas, pero estamos investigando. Las empresas de la zona cumplen estrictamente con la normativa provincial y nacional y además, en el caso de los aeroaplicadores, con lo exigido por Fuerza Aérea Argentina. Los propietarios de las compañías están cumpliendo, pero no sabemos qué está ocurriendo con algún productor que tiene su propio equipo y lo utiliza en su campo».
Según narró el funcionario «actualmente un productor puede adquirir fitosanitarios por Internet o a través de vendedores que no están inscriptos por ser de otra provincia u otro país», por lo que permanecen fuera del circuito de inspección. Además es común que el comprador los almacene en su casa, dentro de un pueblo y no quiera dejarlos en el campo por miedo a los robos. Hay productos que alcanzan un costo de 70 dólares por litro».
Esa situación también permite que un productor compre sin recetas -como lo exige la ley-, extendida por un profesional, lo que implica que se puede dar el caso que aplique una sustancia que no es la necesaria para el problema específico. En la provincia, existen dos tipos de recetas agronómicas: una para la adquisición del producto y otra para la aplicación. «Aunque esto no se da en el caso de las compras fuera de circuito», remarcó el funcionario.
Problemas alérgicos
Respecto de la denuncia de los Vecinos Autoconvocados de Las Petacas quienes realizaron un sondeo en cada vivienda y determinaron un alto índice de casos de cáncer en la población, y que la mitad de los habitantes padece problemas de alergias que relacionaron con los agroquímicos, Debona manifestó que para realizar tal afirmación, «hay que hacer estudios serios. Hay muchos productos químicos sospechados de inducir determinadas enfermedades y estoy seguro de que muchos de ellos producen alergias como los piretroides que se utilizan para controlar orugas y en las viviendas contra los mosquitos».
Para Debona, las autoridades comunales por desconocimiento de la reglamentación no realizan las tareas que establece la ley como fijar los límites urbanos para saber desde dónde se deben medir las distancias dentro de las cuáles no se pueden hacer aplicaciones aéreas y sí terrestres, pero con productos químicos de clase toxicológica baja y teniendo la precaución de que el viento tenga dirección contraria a las viviendas próximas. Para el caso de los depósitos, no pueden estar ubicados a menos de cien metros de lugares de concentración de personas como sanatorios o de escuelas.
El tema es que cuando ocurre algún inconveniente, aun cuando la sustancia sea de baja toxicidad, la percepción que tiene el vecino es que el riesgo al que se expone es muy alto.
Para resolver los inconvenientes el técnico recomendó a las comunas que suscriban el convenio con la provincia, «porque es imposible que desde nuestra cartera estemos en todos los municipios realizando controles. A través de esos acuerdos las comunas pueden ocuparse del asunto a través de los inspectores municipales que recorren las calles a diario. Desde allí se puede actuar preventivamente cuando detectan que hay una máquina operando para aplicar agroquímicos. Hay que tener sentido común, colaborar entre todos y entender que no se trata de impedir que el productor siembre, sino que sepa que determinadas cosas que hacía regularmente, no las puede hacer más porque afectan a la población».
Luis Blanco / La Capital