Seis responsables de dos empresas se enfrentarán a una condena de 18 años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio imprudente. Responderán por un accidente laboral que ocurrió el 22 de octubre de 2007, donde falleció D.A. de 23 años, mientras su compañero resultó herido.
El fiscal explica en su texto de acusación que ambas víctimas eran trabajadores de una empresa subcontratada para retirar una tubería metálica del tejado de un edificio de la fábrica de cementos. El día de los hechos, los trabajadores se colocaron el arnés de seguridad, que estaba anclado a la propia tubería que debían cortar. R.V. manejaba el soplete, mientras D.A. daba instrucciones por una emisora a un gruista encargado de retirar el tramo de tubería sobrante y que no veía desde su posición la zona de trabajo.
Tras el corte, la tubería no se desprendía. Indicaron al gruista que tensara un poco más. Luego, al ver que no se desprendía, le pidieron que aflojara. Justo en ese momento se produjo la rotura, o desprendimiento, del resto del conducto, donde estaban anclados los trabajadores. Cayeron desde una altura de 16 metros.
D.A. murió, y R.V., que ha renunciado a toda indemnización, padeció traumatismo cráneo-encefálico y varias fracturas en el fémur y la rodilla. Precisó tratamiento rehabilitador y tardó en curar 92 días. Según el fiscal, los trabajadores «se efectuaron sin una adecuada planificación, no se consideraron las fuerzas externas que actuaban sobre la tubería y se eligió un punto de anclaje no adecuado e insuficiente». Máxime, cuando «la tubería estaba en mal estado dada su antigüedad, pues llevaba más de 20 años en desuso».
Además, el escrito de acusación destaca que el plan de seguridad «no contemplaba de manera específica el trabajo sobre el tejado y que no se elaboró ningún procedimiento específico para el trabajo». «La situación de inseguridad afectaba al resto de los trabajadores de la empresa», incide el Ministerio Fiscal.
Por todo solicita tres años de cárcel para cada uno de los acusados. Son el administrador de la empresa, el jefe de obra, el ingeniero director técnico, máximo responsable de la seguridad, el director de la fábrica, el ingeniero químico, supervisor de la obra y el coordinador de seguridad de la cementera.
En caso de ser condenados en el juicio que se celebrará en el juzgado de lo Penal número 2, deberán pagar conjuntamente una indemnización de 90.954 euros para los padres del fallecido. n caso de tener hermanos menores de edad abonarán 16.537 euros a cada uno. También responderán de los gastos sanitarios ante los servicios del Sespa.
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