Ley de riesgos del trabajo: efectos de los fallos que declararon su inconstitucionalidad. Más juicios por accidentes laborales.

Según un rastreo de las aseguradoras, las demandas iniciadas este año superan en un 90 por ciento a las de 2004.

Creció la litigiosidad contra las ART y también contra las empresas empleadoras. Los seguros suben sus precios. Dudas del sector sindical sobre los datos.

Como un efecto de los fallos de la Corte Suprema que el año pasado jaquearon la ley de accidentes laborales, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) afirman que la cantidad de juicios contra el sector se incrementó en un 90%, si se compara la cantidad de demandas ingresadas en los primeros 5 meses de este año con las iniciadas en igual período de 2004.

Esa evolución es similar a la que tienen los juicios por accidentes laborales iniciados contra las firmas empleadoras clientes de las ART: según un relevamiento en diferentes juzgados, encargado por el sector empresarial, la situación permite proyectar un crecimiento de la litigiosidad, para todo el año, del 100 por ciento.

Sin embargo, el abogado Héctor Recalde, asesor de la CGT, al ser consultado por LA NACION, sostuvo que «habría que chequear los datos para tener una discusión racional sobre el sistema», y afirmó que, cuando se debatió la reforma del régimen, a mediados de los 90, él mismo comprobó que «la excesiva litigiosidad» de la que se hablaba en ese entonces en el mercado asegurador «era un dato falso».

Demandadas
Las cifras que fueron aportadas a LA NACION por fuentes del sector asegurador, y que determinan que en cinco meses se iniciaron por lo menos 2380 litigios, surgen de un rastreo de los juicios de los que las ART son notificadas como demandadas. El dato incluye, en menor medida, algunas causas que se inician contra las firmas clientes, según la información que llega a las ART.

Córdoba aparece, según las aseguradoras, como la jurisdicción donde más creció el número de conflictos, con un 190% interanual. Le sigue Santa Fe, donde la evolución fue del 140% entre 2004 y 2005.

Según el abogado Daniel Funes de Rioja, asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA), además de esas jurisdicciones, las causas contra empresas crecieron también con fuerza en las provincias de Buenos Aires y de Mendoza. En cambio, las estadísticas no habrían variado mucho en la Capital Federal. Según Recalde, en esta jurisdicción el promedio de juicios ingresados es similar al que había antes de los fallos de la Corte.

Entre los juicios que tienen como demandadas a las ART, uno de los temas que aparecen como un disparador, según apuntó Mara Bettiol, gerenta general de la Unión de ART, es el fallo de la Corte que dispuso que la apelación a las decisiones de las comisiones médicas debe tramitarse en juzgados provinciales. Eso provoca que se usen criterios muy heterogéneos y que se incentive más el inicio de causas allí donde los jueces son proclives a habilitar mayores indemnizaciones.

Según Funes de Rioja, hubo un caso en Rosario donde «una comisión médica y una junta médica determinaron un 0% de incapacidad; la persona fue a juicio y le dieron un 30% de incapacidad; hay una lógica de la ciencia médica que acá está perforada totalmente».

Otra razón para la mayor litigiosidad, que afecta principalmente a las empresas clientes de las ART – aunque a veces también se busca declarar responsables a estas compañías -, es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39° de la ley, que impedía a los trabajadores que cobraran los resarcimientos de la aseguradora iniciar además un juicio contra su empleador.

La necesidad de reordenar el régimen a partir de ese fallo – que para las entidades empresariales representa la eliminación de la previsibilidad de costos – disparó el debate por la reforma (ver aparte).

El tema está derivando en un alza de las alícuotas que pagan las empresas por el seguro. Según Bettiol, esas subas son muy heterogéneas. Son efectos que, según Funes de Rioja, impactan principalmente en las pymes del interior, «que es lo que más interesa, porque es allí donde está el 90% del empleo». Además, sostuvo que los honorarios son por lo general desproporcionados, otro factor que incentivaría las causas.

Por Silvia Stang
Fuente De la Redacción de LA NACION

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