Las sanciones económicas que aplica la Secretaría de Trabajo cuando se detectan irregularidades en las obras en construcción dan la pauta de por qué hay tantos accidentes entre los albañiles. Una falta leve como la ausencia de documentación le significa a la empresa constructora 80 pesos, mientras que una infracción muy grave, como un obrero trabajando sin arnés, le implica 5 mil pesos. Las multas fueron establecidas a nivel nacional durante la convertibilidad y reflejan la precarización de la actividad.
Un obrero trabajando sin la más mínima seguridad o un hueco peligroso sin una correcta identificación y protección en el obrador son consideradas faltas graves.
En Rosario, este tipo de irregularidades ya provocaron la muerte de cinco operarios.
Las sanciones a las empresas constructoras están estipuladas en un nomenclador que fue establecido en el 2000. Se dividen en tres categorías que fijó el Consejo Federal del Trabajo, organismo que nuclea a todos los distritos del país.
Los montos de las infracciones leves van de 80 a 250 pesos y refieren básicamente a la falta de documentación de una obra. Luego le siguen multas que van hasta los mil pesos y se labran básicamente por carencia de elementos de seguridad. Las graves, en tanto, implican serio riesgo para la vida del operario y generalmente consisten en la falta de arneses, barandas perimetrales y bandejas de contención. Estas faltas ocasionan la suspensión de la obra y se aplican multas de hasta 5 mil pesos.
Por el cambio. El director provincial de Inspección, Fernando Muruaga, reveló que Santa Fe propuso actualizar el monto de las multas. «No sólo hay que modificar los aportes sino cómo se distribuyen los fondos», indicó.
Por ley, lo que se recauda por las infracciones va en un 30 por ciento a rentas generales. La intención de esta gestión es obtener la totalidad de los recursos para destinarlos a infraestructura y logística.
Un sondeo por entre los empresarios de la construcción revela un dato por demás de elocuente: trabajar formalmente y con seguridad cuesta el doble que hacerlo «en negro». El costo de las leyes sociales (jubilación, obra social, fondo de desempleo, aportes sindicales, aguinaldo, vacaciones, días por enfermedad, feriados pagos) suma prácticamente igual que el salario de bolsillo del trabajador.
Por dentro.Las inspecciones realizadas en la provincia por la Secretaría de Trabajo detectaron un sinfín de irregularidades (ver infografía).
Desde diciembre pasado y sólo en el ámbito de la construcción, la repartición labró 635 multas. Se inspeccionaron 498 obradores, que derivaron en la paralización de 156 construcciones. El 80 por ciento de ellas estaban ubicadas en Rosario.
La Secretaría de Trabajo también realizó 2.344 inspecciones de documentación laboral en todo la provincia con el objetivo de chequear recibos de sueldo, libros contables y altas en la Afip.
El abogado de la Secretaría de Trabajo, Esteban Márquez indicó que de diciembre a esta parte se redujeron los montos recaudados por infracciones, lo que indica que las irregularidades que se fueron detectando fueron más leves. «En los operativos de diciembre se constataron 10 puntos irregulares en la mayoría de las 31 obras con problemas. Esto representó una suma de 80 mil pesos; luego se fue bajando hacia los 45 mil pesos y ahora las actas son en general por 20 mil pesos», detalló.
Algo es seguro, con multas prácticamente irrisorias para las constructoras, la seguridad sigue quedando en un segundo plano, y las muertes se siguen produciendo.
Los empresarios admiten que cumplir con lo que exige la ley cuesta «el doble» que trabajar en negro
Por Lucas Ameriso / La Capital