Quito, 18 oct (EFE).- La falta de observancia de normas legales y técnicas en el trabajo le cuesta a Ecuador entre 5.000 y 9.000 millones de dólares anuales por accidentes y enfermedades, dijo hoy el director del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Juan Velez.
A nivel internacional, detalló Velez a Efe, esta situación «causa la pérdida del 4 % del PIB mundial, esto quiere decir 10 veces el costo del recuperación de Japón por el tsunami» de marzo pasado. En Ecuador esa pérdida equivale a entre el 6 % y el 8% de su PIB, indicó.
Para Velez los problemas se pueden reducir si se controla que se cumplan todas las medidas de seguridad en el trabajo.
Por ello, el IESS lleva a cabo hoy y mañana talleres en todo el país abiertos al públicos para evitar tanto accidentes como enfermedades laborales.
Velez se mostró cauteloso en estimar el número de accidentes laborales que hay anualmente en el país.
«No me atrevo a dar cifras, porque adolecen de un gran subregistro porque nosotros manejamos un seguro de riesgo de trabajo para dos millones de afiliados al IESS, pero la población económicamente activa del país (PEA) es por sobre de los seis millones de trabajadores», aseveró Velez.
Eso hace que no se denuncien todos los casos de siniestralidad laboral, añadió.
Velez indicó que en Ecuador los riesgos de accidentes y enfermedades laborales se concentran en «los sectores primarios de la economía, como la construcción, la agricultura, actividades agroforestales o la minería».
En este sentido, puso como ejemplo la floricultura, donde los trabajadores tienen «factores de riesgo por la exposición de químicos», como los pesticidas, así como problemas que afectan «a la estructura músculo esquelética por las acciones físicas repetitivas».
Por su lado, los mineros tienen problemas de visión por las profundidades en las que trabajan y respiratorios por «la aspiración de materias silíceas», dijo Velez.
El funcionario recalcó que la normativa ecuatoriana sobre prevención de riesgos laborales es obligatoria, y dijo que también hay «mucho conflicto con ciertas actividades del sector público», como la bioseguridad en los hospitales o la recolección de deshechos sólidos en las ciudades.
«El seguro de riesgo del IESS tiene 47 años de existencia y en estos 47 años no se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio ahora de Relaciones Laborales, antes de Trabajo, para tener acciones concertadas y conjuntas en el sector público», se lamentó Velez.
Aunque subrayó que dar garantías de seguridad y salud en los centros laborales «es responsabilidad exclusiva del empleador», resaltó que la prevención es «una tarea de todos», desde los trabajadores, a los contratantes, el IESS, el Gobierno y hasta la comunidad académica.
Por eso, enfatizó la importancia de los talleres que se imparten esta semana, porque la «prevención no es una cuestión que viene por decreto, sino por la toma de conciencia de su necesidad».
Se trata de un mensaje que parece que empieza a calar en la sociedad, en vista de que en Quito acudieron más de 600 personas al seminario de hoy, mientras que los organizadores esperaban a alrededor de 400.
