Hace meses el juez pidió que intervenga un perito, pero la Corte dice que no lo puede pagar. El accidente en el que murieron Ceferino Crespo, de 27 años, y Julio Lucero, de 54, en Unión y Herrera, en el norte de Rosario, fue el 8 de junio de 2011.
La obra de cloacas resultó una trampa mortal para los dos trabajadores. (Foto: M.Bustamante)
La causa que intenta esclarecer la muerte de dos trabajadores que se ahogaron en una zanja que cavaban para ampliar la red de cloacal en junio de 2011 está frenada hace por los menos cinco meses. La Corte Suprema de Justicia provincial no dio autorización para convocar a un perito en higiene y seguridad que analice las causas del accidente esgrimiendo «falta de recursos». Y si bien el juez que tramita el expediente lo solicitó en noviembre del año pasado, el máximo Tribunal recién le respondió el lunes pasado.
La colaboración de los auxiliares de la Justicia —como los peritos calificados en distintas áreas— puede resultar vital para conocer aspectos de un hecho que luego son volcados en la tramitación de un expediente judicial.
En este caso, también representaba otro elemento de prueba para el juzgado Correccional Nº 5, a cargo de investigar el doble homicidio culposo de Ceferino Crespo, de 27 años, y Julio Lucero, de 54. Ambos perdieron la vida de un modo trágico tras ahogarse en un pozo que hacían en Unión y Herrera, zona norte de Rosario, cuando colapsó un caño de Aguas Santafesinas SA (Assa).
El juzgado, que al momento del accidente estaba bajo la subrrogancia de Marisol Usandizaga, acumuló testimonios, fotos y filmaciones de la cobertura periodística, resguardó la zona del siniestro, mandó a peritar una parte del caño roto, solicitó planos y tomo declaraciones testimoniales a los encargados de la obra.
Pero la investigación también apuntaba a determinar si existió falta de previsibilidad de la Unión Transitoria de Empresas (UTE, Pecam SA y Del Sol SRL) que estaba a cargo de los trabajos, sobre todo respecto a la seguridad de los operarios.
Así, el 17 de noviembre de 2011 el juez Carlos Leiva elevó a la Corte Suprema de Justicia un escrito donde solicitó autorización para convocar a un perito especializado en la materia. Además de negarlo, el alto tribunal dejó pasar casi cinco meses para enviar la contestación del oficio, que recién el lunes pasado ingresó al juzgado.
«No se encuentran recursos previstos, por lo que no se autoriza a convocar peritos de lista de nombramientos», se esgrimió en el escrito, que deja casi sin alternativas el avance de un expediente que desnudó la precariedad en la que se desenvuelven cientos de trabajadores.
Para el Colegio de Abogados de Rosario, la demora resulta llamativa. En ese sentido, el presidente de la entidad, Ignacio Del Vecchio, creyó oportuno reclamar que se apure el nombramiento del procurador general de la Corte (ver aparte).
Los responsables de la obra habían admitido en sede judicial que una llave de paso rota les impidió interrumpir el flujo de agua que terminó ahogando a los operarios. Además, aportaron datos técnicos que demostraban que la tubería que colapsó había sido reparada de forma precaria y que una modificación en su recorrido no figuraba en los planos aportados por Assa.
El coordinador de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo de la provincia, Néstor Botta, apuntó a un aspecto fundamental. Admitió que en el hecho «no existió ni mala suerte ni desgracia, sino falla en la seguridad de la obra».
Claudio González / La Capital
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