Los accionistas de la empresa Apolo, que voló en 2016, abrieron luego las firmas Ramallo y HLB Pharma Group SA, donde se fabricó el fentanilo contaminado. La sanción que se le impuso a los acusados fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista.
El laboratorio Apolo explotó en la madrugada el 24 de junio de 2016. No quedó casi nada del edificio que funcionaba en el corazón del barrio La Tablada, en Alem al 2900, en el sur de Rosario, donde cinco vecinos resultaron heridos. La sanción que recibieron en 2019 fue al menos llamativa: debieron concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista en San Nicolás.
Los accionistas de ese laboratorio, que generaba sospechas en varios ámbitos, entre ellos el Concejo Municipal de Rosario, decidieron luego del siniestro abrir otra empresa, que se llama Ramallo SA, y funciona en la misma planta que HLB Pharma Group SA, en la provincia de Buenos Aires. Esa firma fue la que fabricó los lotes de fentanilo contaminado, que provocaron que nueve pacientes fallecieran y 54 continúen con tratamientos por estar afectados con cuadros de neumonía.
Ahora el gobierno nacional investiga si HLB Pharma Group S.A. y su asociado Laboratorios Ramallo S.A, desvió para fines ilícitos parte de esas partidas de fentanilo, según le hizo saber la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que investiga esta mortal contaminación que provocó que a los pacientes que les suministraron fentanilo se contagien de una neumonía extremadamente peligrosa.
La lupa está sobre esta empresa porque el fentanilo es hoy una de las drogas legales que se usan como estupefaciente de alto poder. Es un opioide sintético utilizado principalmente por sus potentes propiedades analgésicas. Fue desarrollado en la década de 1960 y es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que lo convierte en una herramienta eficaz en contextos médicos controlados, para tratar el dolor agudo en cirugías o procedimientos médicos, y el manejo del dolor crónico intenso, especialmente en pacientes con cáncer, entre otras situaciones como la sedación en cuidados intensivos.
Esta droga en Estados Unidos provocó una epidemia de adicción, sobre todo en sectores universitarios que mezclan el fentanilo con cocaína. Donald Trump endureció su política contra México porque los carteles narco de ese país son los principales proveedores de esta droga que ingresa por las fronteras.
En Argentina no se han detectado laboratorios legales, pero ahora con este caso, el juez investiga si en ese laboratorio en Ramallo se producía fentanilo y se lo destinaba a un mercado ilegal.
La historia del laboratorio tiene una precuela en Rosario
La explosión de Apolo en 2016 profundizó las sospechas sobre esa firma, que acarreaba en Paraguay una investigación por contrabando de sueros. “La explosión del laboratorio Apolo fue muy extraña, porque comenzaban a aparecer investigaciones contra la empresa y enfrentaban un conflicto laboral con los empleados”, afirmó en diálogo con AIRE el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo.
En Rosario, se abrió una investigación por la explosión que se produjo el 24 de junio de 2016, pero la Fiscalía no profundizó sobre las causas y sobre qué podría haber detrás de este siniestro que provocó conmoción en el barrio La Tablada, donde decenas de viviendas sufrieron averías por la onda expansiva. La empresa llegó a acuerdos individuales para resarcir a algunos vecinos. La hipótesis fue que había explotado una caldera por un sobrecalentamiento.
Se produjo, según explicaron fuentes de la Fiscalía de Rosario en ese momento, una acumulación de vapor que provocó que la caldera saliera despedida a gran velocidad y con muchísima fuerza”. En el barrio los vecinos coincidían que nadie había muerto, porque la explosión fue a la madrugada, cuando las calles estaban desiertas.
Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.
El 20 de mayo de 2019 el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista, en San Nicolás, que manejaba el exdiputado provincial y actual concejal del peronismo Andrés Quinteros, que tenía vínculos con los accionistas de Apolo.
Los otros imputados, como Damián García, Ariel García Furfaro y Vozza fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Lo llamativo de la medida judicial era que uno de los imputados, como Furfaro, figuraba como abogado del Museo Justicialista de San Nicolás. La resolución de este caso no tuvo casi difusión.
El laboratorio Apolo explotó en 2016 y sus dueños, entre ellos, Furfaro, decidieron abrir una planta en la localidad bonaerense de Ramallo. Este empresario, junto con Jorge Salinas otro accionista, quien luego se apartó de la conducción de la firma, había adquirido ese laboratorio a la familia Iudica en Rosario en 2005, que enfrentaba en ese momento problemas financieros. La empresa estaba en convocatoria de acreedores.
El laboratorio, que se dedicaba a la producción de suero, tuvo un fuerte crecimiento en los años siguientes. Llegó a tener unos 120 empleados, y en Rosario llamaba la atención el perfil de uno de sus dueños, Jorge Salinas, a quien apodaban “Leo Mattioli rubio”, por las cadenas de oro que exhibía y en los autos que circulaba, como una camioneta Hammer, un modelo que solo otra persona tenía por ese tiempo en Rosario, que era Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina. El crecimiento de ese laboratorio tenía que ver, según recordaron fuentes del gobierno municipal, con los contratos que tenían para proveer a organismos del Estado nacional.
Salinas había estado vinculado al laboratorio porteño Rigecin, también especializado en la fabricación de ese producto. Salinas se alejó de Apolo en 2012, después de un extenso conflicto con los trabajadores que instalaron una carpa para reclamar el pago de salarios atrasados y el vaciamiento de una empresa, que –según señalaron en su momento- tenía contratos millonarios con organismos del Estado, como PAMI. Del apogeo y la contratación de personal, Apolo pasó a enfrentar una fuerte crisis.
Salinas enfrentó luego un proceso judicial en el juzgado de Norberto Oyarbide, en la causa de la llamada “mafia de los medicamentos”, que denunció la exdiputada nacional Graciela Ocaña, por desvíos por millones de pesos entre 2000 y 2005, de fondos provenientes del PAMI.
El otro accionista, Furfaro –que actualmente es uno de los titulares de HLB Pharma Group SA en Ramallo, había instalado una verdulería vinculada a la agrupación Kolina, ligada a Alicia Kirchner.
La explosión del laboratorio incrementó las sospechas sobre el funcionamiento de esta empresa, enclavada en el corazón de barrio La Tablada. Durante varios años los vecinos presentaron reclamos al Concejo Municipal para que se removieran los escombros y los residuos que habían quedado después de la explosión de Apolo. La empresa había desaparecido de Rosario, luego de que se mudaran a Ramallo, donde instalaron una planta de sueros, similar a la que existía en Rosario, en el complejo de HLB Pharma Group SA, donde se detectó el fentanilo contaminado.