Inspectores descubrieron en la selva misionera a 59 trabajadores en un predio que pertenece a la firma Demirol SA y que vivían en condiciones infrahumanas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de los operativos de detección de trabajo ilegal, descubrió en la selva misionera a 59 trabajadores en un predio que pertenece a la firma Demirol SA y que vivían en condiciones infrahumanas. Entre los relevados había aborígenes, extranjeros y niños que declararon trabajar para la firma que factura más de 20 millones de pesos por año.
Los operativos se realizaron en dos predios de la empresa en las localidades de Puerto Leoni y Capioví. En ambos casos, la AFIP tuvo que solicitar al Juzgado Federal de El Dorado una orden de allanamiento para ingresar a los establecimientos, ya que la firma tiene los caminos bloqueados con tranqueras.
Durante el relevamiento se constató que el 53% presentaban irregularidades en su condición laboral. Según lo declarado por los trabajadores, percibían un jornal de 1.200 a 1.600 pesos mensuales y su empleador se apellida Mondino. Entre los yerbateros contratados se observó la presencia de dos comunidades aborígenes que se encontraban viviendo en idénticas situaciones de desamparo.
Según pudieron constatar los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), los empleados dormían en un campamento con carpas de plástico en una situación de extrema precariedad. Incluso, se hallaron casos de menores que habitaban ahí y que no tenían padres.
Además, en el predio se pudo constatar que no contaban con energía eléctrica, gas, servicios sanitarios ni agua potable. Según relataron los trabajadores, tomaban el agua de un arroyo que atraviesa el predio y del que extraen para consumo, limpieza de utensilios y para higiene personal. Durante el relevamiento, se pudo observar que los trabajadores se bañaban en un pozo repleto de agua estancada.
Luego de ser descubiertos, los trabajadores huyeron
En virtud de las condiciones advertidas en ambos campamentos, la AFIP presentó un informe al Juzgado Federal de Eldorado y solicitó una ampliación de la orden de allanamiento para el día siguiente con la presencia de una psicóloga y un asistente social de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando el personal del organismo regresó, se advirtió que los trabajadores abandonaron el campamento dejando, incluso, sus pocas pertenencias.
Pese a esta situación, la AFIP continuará con el caso, con el objetivo de defender el empleo registrado. Cabe señalar que la interrelación entre organismos del Estado Nacional es articulada para combatir el trabajo ilegal, infantil, explotación laboral o sexual y trata de personas ante la presencia de situaciones de trabajo esclavo.
En ese sentido, la AFIP denunció penalmente a la empresa en la Justicia e informó al Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación, aplicando la logística propia de la red de trabajo articulado en la lucha contra este flagelo.
