Una serie de fallos de la Corte desarticuló el esquema de riesgos de trabajo de los 90, y la falta de adecuación de la ley a esas decisiones provocó una elevada litigiosidad.
Tras una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia que reabrieron los Tribunales a los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades laborales, los juicios iniciados anualmente por esas causas pasaron de 2.947 en 2003 a 67.971 estimados para 2012.
Esas decisiones del Máximo Tribunal afectaron a todo el sistema de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, sancionada en 1996, de enfermedades laborales indexadas e indemnización en forma de renta y por montos que eran insuficientes.
La Unión de Administradoras de Riesgos del Trabajo (UART) consigna en su página web que la actual situación de incertidumbre sobre la Ley de Riesgos del Trabajo provocó desde 2004 hasta el presente fuertes incrementos anuales de litigiosidad, con saltos de juicios iniciados de entre 47% y 77% año a año.
Tomando un parámetro para medir cuántos juicios se estima que se iniciarán en 2012 por trabajadores cubiertos, la UART afirma que en el país serían un promedio de 79 causas judiciales por cada 10.000 empleados que tiene cobertura de una Administradora.
En Santa Fe se espera que ingresen 272 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos; en Mendoza, 209; en Córdoba, 165; en la ciudad de Buenos Aires, 72; en la provincia de Buenos Aires, 56, y en el resto del país, 23 por cada 10.000 con cobertura.
Los siguientes son los fallos de la Corte que de ahora en más deberá tener en cuenta toda nueva ley de accidentes de trabajo:
– Castillo, del 7 de septiembre de 2004, habilitó la competencia de la justicia provincial, ya que la Ley de Riesgos del Trabajo sólo permitía que los juicios por accidentes de trabajo se resolvieran en el fuero federal.
– Aquino, del 21 de septiembre de 2004, hizo posible que los trabajadores planteen juicios de acción civil y que la indemnización fijada por el juez se acumule con la pagada por la ART siguiendo lo que fija la Ley de Riesgos de Trabajo.
– Milone, del 26 de octubre de 2004, declaró la inconstitucionalidad del pago en forma de renta (mensual) y habilitó la percepción de la prestación en un solo pago.
– Llosco, del 12 de junio de 2007, confirmó la posibilidad de la acción civil adicionalmente a la percepción reglada por la Ley de Riesgos de Trabajo.
– Medina, del 16 de febrero de 2008, declaró inconstitucional la exclusión de los progenitores como beneficiarios del resarcimiento por muerte del trabajador.
Más allá de las críticas implícitas en los fallos de la Corte, la Ley 24.557 obtuvo una reducción del índice de fallecidos desde 1996 hasta 2010 de 53% si no se consideran los accidentes ocurridos en camino al trabajo, y de 59% contando los in itinere, indica la UART.
Alimentando una queja frecuente de los empresarios, según datos de la UART, 40% del total de muertes indemnizadas se debió a accidentes de tránsito, y no ocurrió en el trabajo.
