Es un tóxico llamado Fosfina que se introduce en los camiones para desinfectar el cereal. Pero los sectores vinculados al transporte denuncian que está matando a los choferes y que la regulación es obsoleta. La complicidad de las agroexportadoras.
Todos los días los camioneros que transportan cereales ponen en riesgo su vida. El mayor peligro, paradójicamente, no está en los accidentes de tránsito, sino dentro de sus propios camiones, producto de un veneno llamado fosfina. Se trata de un gas extremadamente tóxico y letal para los seres humanos, que se genera cuando las pastillas de fosfuro de aluminio, utilizadas como plaguicida bajo el nombre comercial de Phostoxin, entran en contacto con la humedad natural. Este químico se introduce en el acoplado de los camiones para eliminar todo tipo de ácaros, gorgojos y otros insectos que pueden aparecer en los granos durante el viaje. Pese a las indicaciones de los especialistas que recomiendan no entrar en contacto con la fosfina durante las primeras 48 horas de su aplicación, los transportistas están expuestos al veneno de forma inmediata y durante largas jornadas de trabajo.
Un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT) advierte que el gas “tiene la capacidad de atravesar distintos materiales, se debe utilizar en ambientes herméticamente cerrados y los trabajadores no pueden ni deben exponerse a él”. Sin embargo, a los choferes se les vuelve imposible cumplir con esa norma: prefieren utilizar el poco dinero que tienen para comer y, en lugar de alquilar un hotel, terminan durmiendo dentro del camión, rodeados de cereal y veneno, hasta que la fosfina hace efecto sobre los granos que están listos para exportar.
Miguel Bettili, secretario de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), señaló: “Las cerealeras se ahorran unos pesos de los miles de millones que ganan, con tal de no proveer al camionero de condiciones de trabajo dignas. Fumigan el camión y los choferes se tienen que quedar dos días aspirando ese veneno. No te pagan estadía, no te ponen un hotel, nada. Pero después no se hacen cargo de la salud de la gente. Ahí, ellos ‘se lavan las manos’. Se trata de otra de las caras ocultas del ‘boom sojero’ que hoy vive la Argentina, donde los choferes que trasladan granos son una pieza clave.”
Para las multinacionales que exportan cereales y recaudan millones de dólares por año (como Cargill, Nidera, Dreyfus, Bunge, entre otras), esta es la forma menos costosa, en términos económicos, de cuidar la calidad de los granos que exportan (ver “Multinacionales cereales: ganancias millonarias y evasión”). Por el contrario, para los sectores ligados al transporte, el costo sanitario es altísimo: “Están jugando con la vida de los casi 130 mil camioneros que trabajan en el rubro”, aseguró Bettili.
Omar Pérez, secretario de Política de Transporte del Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires, agregó: “Las afecciones y patologías aparecen desde hace años. En 2009 tuvimos cuatro muertes por este flagelo. En 2010, otras tres, de forma consecutiva. Creemos que los casos desconocidos pueden ser aún muchos más.” A pesar de la gravedad de la denuncia, el uso de fosfina carece de legislación efectiva y rigurosos controles. Como si fuera poco, es extremadamente difícil probar que la muerte de una persona fue consecuencia de su inhalación, ya que el veneno no deja rastros en la sangre.
El problema de las fumigaciones con fosfina estalló en abril y mayo del año pasado. En ese momento, tres transportistas murieron de forma consecutiva cuando esperaban en el puerto para descargar los cereales que trasladaban. Las federaciones de transportadores y el Sindicato de Camioneros denunciaron que había un culpable: la fosfina. Y un responsable principal: las multinacionales cerealeras.
El caso de Iván Matías Podevils, un joven de 28 años que falleció luego de una fumigación en el puerto rosarino de San Martín, fue uno de los pocos que tomó estado público, aunque sólo a nivel local. “Hay un gran cerco mediático. Hay muchos intereses de por medio para que este sistema no se prohíba ni se conozcan sus efectos a nivel nacional. Nos están matando”, aseguró Pérez, desde el Sindicato de Choferes. Tiempo Argentino accedió a una autopsia judicial que, por lo menos, despierta sospechas. En el informe, la médica forense Silvia Mirta Cavallini expresó: “Puedo inferir que el señor. Podevils presentó un severo cuadro por contacto, aspiración o ingesta de alguna sustancia capaz de desencadenar un cuadro tóxico y/o alérgico.”
Sin embargo, la justicia todavía no resolvió cuáles fueron las causas exactas de la muerte. Como se dijo, certificar un deceso por fosfina es extremadamente difícil. El toxicólogo Nelson Albiano, que desde la SRT trabajó en este tema, explicó: “El veneno afecta a los pulmones y no deja rastros en la sangre. Entonces, todo dictamen de médico forense habla de muerte natural o de paro cardiorrespiratorio. Es por eso que para un médico puede resultar difícil determinar que una persona murió a causa de la fosfina, porque el gas desaparece del cuerpo” (ver “¿Qué es la fosfina?”).
Este sistema de fumigación se aplica desde hace años en los principales puntos de exportación del país. Los más conocidos son los puertos San Martín (en Rosario), Bahía Blanca y Quequén (ambos en la provincia de Buenos Aires). El proceso se concreta cuando los camiones llegan al puerto, donde antes de descargar la mercadería se realiza un “calado” para inspeccionar la calidad del cereal. Si se detecta que los granos tienen insectos, debe introducirse fosfuro de aluminio para eliminarlos. De lo contrario, las cerealeras rechazan el cargamento. Vicente Bouvier, asesor legal de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (FATAC), se indigna ante esta situación cotidiana, a la que consideró una “práctica perversa”. Bouvier sostuvo: “Los transportistas no tenemos nada que ver con la calidad del cereal. Si el cereal tiene bichos, es una cuestión del cargador y del destinatario. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir los efectos de la fosfina?”
Por temor a perder su trabajo, los camioneros aceptan ser fumigados. “El chofer siempre se ve perjudicado. Porque si aceptás la fumigación, te intoxicás. Y si te negás, pasan dos cosas: o viene otro atrás que se ofrece a hacer el trabajo por menos guita, o directamente la cerealera no te llama más. Y es así: no laburás más en tu vida, eh”, relató Bettili, de FETRA. Y agregó: “Un compañero, el año pasado, se intoxicó con el veneno. Por suerte sobrevivió. Pero por haberse envenenado, la cerealera no lo llamó más. Sí, por haberse envenenado.”
En el puerto de San Martín, una larga hilera de camiones espera por entrar a las playas de estacionamiento. Algunos vehículos llevan más de diez horas de espera. Los conductores toman mate, se pelean con la policía y también entre ellos. Están cansados. No soportan que los maltraten y se quejan contantemente por las deplorables condiciones de trabajo a las que están sometidos: el baño más cercano se encuentra a
1 kilómetro y medio del lugar, y las cerealeras no les pagan comida ni estadía, incluso cuando deben permanecer largas jornadas en el puerto. Aseguran que la fila de vehículos llega a los 15 kilómetros. Y que, en las épocas de cosecha, entra al puerto un camión cada ocho segundos.
Al costado de la ruta yacen cadáveres de palomas y otros animales. “Es algo habitual. Se comen los granos del suelo, que están contaminados con fosfina, y mueren al instante”, explicó Rubén Gómez, un camionero con 14 años de antigüedad en el rubro, que acompañó a este cronista en un recorrido por las inmediaciones del puerto. El transportista agrega: “Toda mi vida sufrí las fumigaciones con fosfina. Uno tiene que dormir ahí, rodeado de veneno. Lo lógico sería que la empresa te pague una estadía en un hotel, pero no te pagan nada”, se quejó, con la seguridad de que deberá pasar dos o tres días en el puerto, dentro de su viejo camión.
El uso de fosfina está prohibido en nuestro país, pero la normativa vigente es “obsoleta”. Aunque la Resolución 456/09 del Ministerio de Salud impide su “producción, importación, comercialización y/o uso”, basándose en prohibiciones de países como Bélgica, Belice, China y Japón, las pastillas de fosfuro de aluminio continúan vendiéndose libremente, por unos pocos pesos y sin receta.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) también prohibió en el año 1983, a través de la disposición tercera “el tratamiento con plaguicidas fumigantes de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante la carga de los mismos en camiones y durante el tránsito de estos hasta su destino”.
La abogada Valeria Pardo, asesora legal de FETRA, explicó esta paradoja: “Hay un gran vacío legal. La resolución del SENASA no especifica quién tiene el poder de policía, cuál es la pena para quien incumple esa norma y quién paga esa multa. También está la resolución del Ministerio de Salud, pero todo lo que venga desde ahí se entiende que es para productos alimenticios y medicamentos”, aseguró la abogada, para quien todas las normas vigentes, además de imprecisas, “son obsoletas”.
A la hora de las responsabilidades, Pardo señaló un gran abanico: “Van desde un productor agropecuario hasta las multinacionales como Cargill. Pero quien debería ser contralor es el Poder Ejecutivo provincial y el nacional. Por lo tanto, hay responsabilidades públicas y privadas”, consideró la letrada.
Por esta razón, FETRA presentó un amparo en los tribunales rosarinos para impedir las fumigaciones en tránsito en Santa Fe. La justicia respondió favorablemente. Y el 16 de marzo de este año, una Comisión Interministerial del gobierno santafesino emitió una resolución que, entre otras medidas, prohíbe “el tratamiento con cualquier tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante la carga de los mismos en camiones y/o vagones y durante el tránsito de éstos hasta destino”.
Sin embargo, el amparo rige sólo para la provincia de Santa Fe y, hasta el cierre de este artículo, los inspectores del Ministerio de Trabajo provincial ni siquiera contaban con detectores de fosfina. Pero lo más grave es que en los puertos de Buenos Aires, este sistema de fumigación se sigue aplicando sin control alguno, ya que no existe ningún tipo de norma que proteja a los choferes bonaerenses.
Este diario se comunicó con Oscar Dávila, un conductor de 37 años, oriundo de Chivilcoy, que comenzó a trabajar a los 20. A comienzos de mayo, Dávila se dirigía a Capillar del Señor para descargar granos de maíz, cuando fue rechazado por “tener insectos”. Se negó a ser fumigado en reiteradas ocasiones. Por esta razón tuvo el camión parado durante dos semanas hasta que aceptó que le aplicaran fosfina. Recién ahí pudo hacer la descarga. Sin embargo, no lo hizo por voluntad propia: “Me vi obligado porque estaba perdiendo tiempo y dinero. Además, todos sabemos que no hacerlo implica perder el trabajo. Encima, el productor que me había dado los granos me quería denunciar en una comisaría. Decía que le había robado la carga”, explicó, con resignación, el camionero.
Desde FETRA aseguraron que en la próxima semana presentarán un amparo en Buenos Aires, como ya lo hicieron en Santa Fe. Además, junto con el Sindicato de Choferes bonaerense buscan ingresar un proyecto de ley en el Congreso Nacional que contemple la prohibición de este sistema en todo el territorio argentino. “Aparte de prohibir las fumigaciones, queremos que los responsables queden presos porque acá hay dolo: las multinacionales o los productores saben que cuando te meten fosfina en el camión te están matando. Saben lo que hacen. Por eso queremos una ley”, sentenció Omar Pérez, desde el Sindicato de Choferes de Buenos Aires.
Por el momento, y mientras esa ley no exista, miles de camioneros de todo el país seguirán tan desprotegidos como siempre.
