Los peones rurales trabajaban todos los días en condiciones deplorables. Dormían y cocinaban en el piso, no tenían agua potable ni baños, y no les pagaban el monto que correspondía. El empresario y el contratista fueron condenados a 5 y 6 años de prisión.
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó al dueño de una empresa que explotaba un campo y al encargado del establecimiento agropecuario por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en su modalidad de captación, traslado y acogimiento de las víctimas agravado por el número de víctimas y por haberse consumado la explotación.
Se trata del empresario e ingeniero agrónomo Eduardo Fabián Cataldo, a quien le impusieron una pena de cinco años de prisión, y del contratista Carlos Ernesto Mansilla, condenado a seis años de prisión, ambos domiciliados en Quimilí, departamento Mariano Moreno.
Asimismo, el Dr. Federico Bothamley, quien actuó como tribunal unipersonal, ordenó la reparación económica de 500 mil pesos a cada uno de los peones rurales que trabajaban en condiciones deplorables.
Durante el juicio, se expuso que la investigación se inició a partir de la denuncia realizada el 27 de noviembre de 2020 por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que se comunicó con la línea 145 del Programa Nacional de Rescate, y develó una situación de explotación laboral en un campo de la localidad El Canuto, ubicado sobre la Ruta Provincial 92, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya, donde trabajaban peones en tareas de «despale» o «destroncado», que consiste en sacar de forma manual los troncos y raíces, trabajos realizados desde principios de ese mes.
La misma indicó que en una inspección concretada el día anterior, constataron que había 32 personas, todas viviendo en el campo en precarias condiciones de habitabilidad, durmiendo y cocinando en el piso, en carpas hechas con bolsas de plástico, sin acceso a agua potable ni baños, y llevando a cabo jornadas laborales extensas, las cuales dividían en dos partes, por la mañana de 5 a 11.30 y por la tarde, de 15 a 19, o hasta que se ocultara el sol, de lunes a lunes, y recibiendo por dichas tareas un monto por debajo de lo que ellos realmente debían percibir.
Producto de esa denuncia, la Fiscalía Federal, en línea con las sugerencias de la Procuraduría de Trata de Personas, solicitó el urgente allanamiento del campo y el rescate de las víctimas, lo cual se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2020, a las 18.30.
Con representantes de la delegación provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (Renatre), de la delegación regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf) de Santiago del Estero, Gendarmería Nacional ingresó a la finca y encontró a 24 personas —entre ellas tres menores—, quienes fueron rescatadas.
Los dos condenados, al momento de realizarse el juicio, cumplían con prisión preventiva en la modalidad domiciliaria.
Asimismo, Mansilla se comprometió a ingresar a programas y/o talleres de sensibilización respecto al delito de trata de personas con fines de explotación laboral que pudieran ser dictados y coordinados por el Renatre y el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a sus Víctimas de la Jefatura de Gabinete de la Nación y/u organismos análogos competentes en la materia.
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