Categoría: Trabajo Esclavo

La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, Asuntos de Ciudadanía, Participación y Social de la Asamblea Legislativas de San Pablo invitó al representante legal del administrador de Zara y Brasil Ltda. (Grupo Inditex), Enrique González Huerta, y a los socios y gerentes de directores de la empresa AHA y Participación Ltd., Seong Hee Lee y Cyro Mendes Leal, para que brinden aclaraciones sobre las acusaciones en la prensa sobre la supuesta práctica de la explotación del trabajo esclavo en las empresas. Si bien la reunión era para hoy miércoles, Zara pidió más tiempo y no se presentó.

La invitación fue objeto de requisitos propuestos por el diputado Carlos Bezerra Junior (PSDB) el lunes, y fue aprobada durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Bezerra es también el autor de la aplicación en la Cámara para investigar el caso.

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Se trata de dos acusados de “reducción a la servidumbre” y por facilitar la permanencia ilegal de extranjeros. El caso se inició por la denuncia de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes habían recibido ofertas para trabajar en el país en una verdulería.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de un hombre y una mujer, acusados por los delitos de reducción a la servidumbre y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros.

La causa se había iniciado por la denuncia de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes indicaron que habían recibido ofertas de trabajo en su país de origen, la cual consistía en trabajar en una verdulería, con un sueldo promedio de mil pesos, alojamiento y comida.

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Tiene 45 años. Es economista y actuario de seguros y hace dos años, en plena crisis económica, decidió renunciar a un sueldo superior a los 120.000 euros al año y crear su propio negocio. No ha cubierto gastos aún, y no aspira a ganar más de 40.000 euros anuales, pero «no me siento una esclava del trabajo». Eso sí, cree que todos los trabajadores deberían hacerse autónomos, aunque estén en grandes empresas privadas. Considera que así todos se esforzarían, y no habría discriminaciones: «Ahora unos se esfuerzan mucho y otros se aprovechan de ese trabajo».

Pilar Ballesteros era una destacada ejecutiva financiera especializada en seguros. Su último trabajo en el sector lo desarrolló en Banco Pastor, donde era directora técnica de seguros de vida del grupo, al que se incorporó en 2005 tras haber pasado por otras importantes compañías de seguros y consultoras. Era lo que se dice una ejecutiva de éxito. «En mi currículum figura haber realizado las valoraciones de la mayoría de las prejubilaciones del sector financiero español».

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Las demandas laborales siempre provocan reacciones encontradas entre patronos y trabajadores, ya sea por la negativa al pago del salario mínimo, por la falta del reconocimiento de prestaciones, por incumplimientos de los pactos colectivos de trabajo y por las acciones que toman los inconformes para intentar que se atiendan sus demandas. Hay un caso que concita la animadversión hasta de quienes se presentan como defensores de la ley.

Se trata del llamado trabajo doméstico, una forma de esclavitud y explotación, resabio de la Colonia, de la que se benefician miles de familias, pero que socialmente se le niega el reconocimiento de prestaciones laborales.

Las trabajadoras de casa particular, además de hacer los oficios domésticos, son cocineras, lavanderas, planchadoras, niñeras, jardineras, enfermeras, psicólogas, masajistas, acompañantes, y cualquier otra profesión que se pueda realizar dentro del hogar; no tienen horario, carecen de protección social, son las que encienden y apagan las luces de las casas y todavía hay algunas que se heredan de generación en generación.

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El hallazgo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó distintas irregularidades laborales e impositivas en una maderera de esa provincia. La misma quedaba en una plantación de pinares, a 7 kilómetros de la localidad de El Durazno, Yacanto.

La AFIP investigó y se topó con la «irregular» maderera.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lleva adelante su lucha contra el trabajo esclavo. Ahora, en un nuevo operativo, se detectó está práctica, además de irregularidades impositivas, en una maderera, en la provincia de Córdoba.

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El especialista Julián de Diego, del estudio homónimo, explica qué reformas son necesarias por mandato de los organismos internacionales y de la sociedad en esta materia. Cuál será la futura tendencia de la justicia y de las normas que luchan contra esta problemática.

La Argentina estaba descalzada de las normas internacionales en materia de trabajo infantil y de menores, hasta que en el 2008 la Ley 26.390 prohibió el trabajo en todas sus formas, sean éstas con o sin fines de lucro, a todo menor de 16 años, (art. 189, LCT).

Solo en empresas integradas por la familia se puede admitir el trabajo entre los 14 y los 16 años y por no más de tres horas diarias o quince horas semanales, previa autorización de la autoridad administrativa, (artículo 189 bis LCT). Hasta entonces se admitía el trabajo de menores de 14 años y de 13 en el grupo familiar.

La jornada para mayores de 16 años y menores de 18 años será de 6 horas diarias y 36 horas semanales, admitiéndose 7 horas diarias con distribución desigual dentro de la semana y hasta 8 horas diarias con autorización expresa de la autoridad de aplicación.

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