Categoría: Trabajo Esclavo

Tiene 45 años. Es economista y actuario de seguros y hace dos años, en plena crisis económica, decidió renunciar a un sueldo superior a los 120.000 euros al año y crear su propio negocio. No ha cubierto gastos aún, y no aspira a ganar más de 40.000 euros anuales, pero «no me siento una esclava del trabajo». Eso sí, cree que todos los trabajadores deberían hacerse autónomos, aunque estén en grandes empresas privadas. Considera que así todos se esforzarían, y no habría discriminaciones: «Ahora unos se esfuerzan mucho y otros se aprovechan de ese trabajo».

Pilar Ballesteros era una destacada ejecutiva financiera especializada en seguros. Su último trabajo en el sector lo desarrolló en Banco Pastor, donde era directora técnica de seguros de vida del grupo, al que se incorporó en 2005 tras haber pasado por otras importantes compañías de seguros y consultoras. Era lo que se dice una ejecutiva de éxito. «En mi currículum figura haber realizado las valoraciones de la mayoría de las prejubilaciones del sector financiero español».

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Las demandas laborales siempre provocan reacciones encontradas entre patronos y trabajadores, ya sea por la negativa al pago del salario mínimo, por la falta del reconocimiento de prestaciones, por incumplimientos de los pactos colectivos de trabajo y por las acciones que toman los inconformes para intentar que se atiendan sus demandas. Hay un caso que concita la animadversión hasta de quienes se presentan como defensores de la ley.

Se trata del llamado trabajo doméstico, una forma de esclavitud y explotación, resabio de la Colonia, de la que se benefician miles de familias, pero que socialmente se le niega el reconocimiento de prestaciones laborales.

Las trabajadoras de casa particular, además de hacer los oficios domésticos, son cocineras, lavanderas, planchadoras, niñeras, jardineras, enfermeras, psicólogas, masajistas, acompañantes, y cualquier otra profesión que se pueda realizar dentro del hogar; no tienen horario, carecen de protección social, son las que encienden y apagan las luces de las casas y todavía hay algunas que se heredan de generación en generación.

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El hallazgo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó distintas irregularidades laborales e impositivas en una maderera de esa provincia. La misma quedaba en una plantación de pinares, a 7 kilómetros de la localidad de El Durazno, Yacanto.

La AFIP investigó y se topó con la «irregular» maderera.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lleva adelante su lucha contra el trabajo esclavo. Ahora, en un nuevo operativo, se detectó está práctica, además de irregularidades impositivas, en una maderera, en la provincia de Córdoba.

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El especialista Julián de Diego, del estudio homónimo, explica qué reformas son necesarias por mandato de los organismos internacionales y de la sociedad en esta materia. Cuál será la futura tendencia de la justicia y de las normas que luchan contra esta problemática.

La Argentina estaba descalzada de las normas internacionales en materia de trabajo infantil y de menores, hasta que en el 2008 la Ley 26.390 prohibió el trabajo en todas sus formas, sean éstas con o sin fines de lucro, a todo menor de 16 años, (art. 189, LCT).

Solo en empresas integradas por la familia se puede admitir el trabajo entre los 14 y los 16 años y por no más de tres horas diarias o quince horas semanales, previa autorización de la autoridad administrativa, (artículo 189 bis LCT). Hasta entonces se admitía el trabajo de menores de 14 años y de 13 en el grupo familiar.

La jornada para mayores de 16 años y menores de 18 años será de 6 horas diarias y 36 horas semanales, admitiéndose 7 horas diarias con distribución desigual dentro de la semana y hasta 8 horas diarias con autorización expresa de la autoridad de aplicación.

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Rosario, 19 de agosto (Télam). Inspectores de la cartera laboral santafesina tuvieron que solicitar una orden de allanamiento y romper una puerta para ingresar a realizar tareas de fiscalización en un taller textil rosarino, donde detectaron 11 trabajadores encerrados, informó hoy el Ministerio de Trabajo provincial.

Como consecuencia del procedimiento, del que también participó la policía, los propietarios del lugar fueron citados a la sede la cartera laboral para presentar la documentación requerida por las autoridades, dijo a Télam el titular de la delegación sur del Ministerio, Aldo Fabucci.

El funcionario explicó que los inspectores a su cargo tuvieron que ir en cuatro oportunidades al taller, ubicado en un galpón del centro de Rosario, en Tucumán al 2600, ante la negativa de los titulares del comercio a abrir las puertas.

«La primera vez fueron los inspectores del Ministerio, que estaban identificados, al igual que en la segunda oportunidad. La tercera fuimos con un móvil policial, pero tampoco abrieron», detalló Fabucci.

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Los y las empleadas de call centers, uno de los sectores económicos que más crecieron tras la crisis de 2001 gracias a los bajos costos y las exenciones impositivas, sufren las consecuencias de un trabajo por demás precarizado y esclavizante. De qué se trata el proyecto de ley que tiene en sus manos el Congreso para garantizar condiciones dignas de trabajo a sus miles de trabajadores y qué dicen ellas y ellos, los protagonistas, de esta modalidad de primera opción entre los jóvenes.

Por Elisabet Contrera

Es su primera oportunidad de trabajo. El único requisito es ser joven y sin experiencia. Entran rápido y del mismo modo se van. Algunos resisten porque necesitan el dinero. Otros claudican después de meses de maltrato. No tienen derecho ni de ir al baño. Menos aún a descansar entre llamado y llamado, a tomarse días de estudio, a pescarse una gripe o cobrar un salario digno. Tienen prohibido organizarse y reclamar por esos derechos negados. Su única meta es vender y más que el compañero/a.

Una iniciativa del senador cordobés Ramón Mestre, del partido radical, y María Higonet, pampeana del Partido Justicialista, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados busca regularizar la actividad a través de la creación del Estatuto de Teleoperadores. Si se aprueba, los/as trabajadores/as tendrán jornadas de 6 horas diarias, dos días de descanso, podrán pedir días de estudio y licencia por enfermedad. También tendrán derecho a recibir un sueldo mínimo, vital y móvil.

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