La sentencia determina que existió «causalidad» con la situación que vivía en su empleo, por lo que su viuda y su hija tendrán que recibir las prestaciones de la Seguridad Social
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado el suicidio de un trabajador como accidente laboral, al dictaminar que existió «causalidad» entre el suicidio y la situación que vivía en su empleo, por lo que su viuda y su hija tendrán que recibir las prestaciones de la Seguridad Social.
La Gendarmería Nacional y autoridades de diversos organismos allanaron un establecimiento forestal en la provincia de Corrientes, donde la justicia federal investiga la presunta explotación laboral de obreros llevados desde Misiones.
Diez trabajadores en condiciones irregulares de registración laboral y de vivienda, fueron detectados en la localidad de Ituzaingó por la Gendarmería, en un procedimiento ordenado por el Juzgado Federal 1 de Corrientes.
Organismos nacionales recorrieron 15 campamentos de empresas dedicadas a la cosecha de resina de pino.
Impulsados por la Mesa contra la Trata Corrientes, diversos organismos nacionales realizaron operativos de fiscalización y constataron nuevos casos de explotación laboral, tras recorrer unas 5 empresas forestales al norte de la provincia. A su vez, la Afip detectó maniobras por fraude laboral.
El dato es contundente y da por tierra los prejuicios que asocian la trata de personas únicamente con el delito de explotación sexual. De enero a agosto de este año, se rescataron 380 víctimas explotadas laboralmente. “Ha habido una abolición de la esclavitud en los papeles, pero no en la realidad”, expresó Alejandro Basiliquiotis, delegado en Entre Ríos del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Se define a la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajo o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Tal como informó la Administración gubernamental, las víctimas eran obligadas a dormir en carpas improvisadas en el campo.
Por medio de un operativo realizado en un establecimiento yerbatero de Misiones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó y desarticuló la explotación laboral de cuatro personas, que eran obligadas a dormir en carpas improvisadas en el campo donde desarrollaban las tareas de cosecha de ese cultivo.
La Afip realizó el operativo donde verificó las malas condiciones en las que vivían las personas.
La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Afip rescató a trabajadores correntinos víctimas del trabajo ilegal y explotación laboral en tambos de la provincia de Córdoba, informó este lunes el organismo.
Durante los operativos se detectaron distintas irregularidades laborales como jornadas de trabajo superiores a las 12 horas, falta de registración, vestimenta inadecuada para las tareas, además de que los trabajadores vivían en condiciones de precariedad.
Las personas que administraban la finca quedaron a disposición de la justicia, por considerarla en primera instancia, de un caso de trata de personas.
Tal como se informó, cuarenta trabajadores golondrinas, oriundos de Santiago del Estero, fueron rescatados en condiciones insalubres por la Gendarmería Nacional en La Rioja, tras una denuncia anónima por trata de personas.
De acuerdo a la acusación, Hugo Adrián Vázquez redujo a la servidumbre a siete víctimas, abusándose de su extrema situación de vulnerabilidad. En sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal también dispuso que el condenado debe pagar indemnizaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos
El Tribunal Federal N° 2 de Córdoba, conformado unipersonalmente por el juez Carlos Lascano, condenó hoy a seis años de prisión al dueño de un aserradero por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por abuso de situación de vulnerabilidad y pluralidad de víctimas. El magistrado hizo también lugar al pedido del fiscal general Carlos Gonella, quien en su alegato solicitó que la condena incluya el pago de indemnización a los damnificados, tanto por daño material como moral. En el proceso, la fiscalía contó con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Un grupo de trabajadores españoles desplazados a los astilleros Chantiers de L’Atlantique, en Saint-Nazaire (oeste de Francia), denuncia condiciones laborales vejatorias ante la matriz de la empresa (PINE), la inspección de trabajo y los sindicatos
Vista general del crucero MSC Bellissima durante su ceremonia de flotación en el puerto de St.-Nazaire, Francia, 14 de junio de 2018. EPA / EDDY LEMAISTRE
«El jefe no me dejaba ir al baño, me pedía agresivamente que orinara en una botella de agua», relata uno en su denuncia escrita. «Me había lesionado en el trabajo y me habían prohibido coger la baja laboral bajo la amenaza de despedirme y mandarme a casa. Hubo varios testigos de mi accidente. No les gustó que estuviera de baja y decidieron despedirme», explica otro. «Fuimos testigos de los insultos racistas de un jefe de equipo a compañeros africanos y árabes. Los insultos fueron ‘moro de mierda’ y ‘negros sucios’. Informamos de este comportamiento al director de la obra de PINE, pero no hizo nada para impedirlo», detalla otro. «Mientras que nuestros colegas reciben 200 euros por sábado, a nosotros nos pagan sólo 11 euros por hora los sábados», argumenta uno más.
Se trata de dos vecinos de Quimilí que presuntamente explotaban laboralmente a peones de Fernández, Atamisqui y Yuchán en un predio cercano a Colonia Dora.
El juez Federal Nº 2 de Santiago del Estero, Dr. Sebastián Argibay, procesó a un ingeniero agrónomo y a un empleado rural, domiciliados en los barrios Colón y Juan XXIII de la ciudad de Quimilí (departamento Mariano Moreno), respectivamente, por la supuesta explotación laboral de peones “golondrina” santiagueños.
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