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La cámara condenó solidariamente a una aseguradora de riesgos a la reparación integral de un accidente con fundamento en la ley civil. El fallo sigue incrementando los costos laborales al habilitar la llamada â??doble vía indemnizatoriaâ??. Qué dijo el tribunal.

Ratificando la tendencia de sentencias que «golpean» la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), la cámara laboral condenó solidariamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) al pago de una indemnización basada en la ley civil, como consecuencia de un accidente laboral sufrido por un trabajador.

El fallo vuelve a generar alerta entre los empresarios porque, de generalizarse esta tendencia en las decisiones de la Justicia, los costos laborales podrían verse seriamente incrementados. De hecho, abre las puertas para que los trabajadores, además de cobrar las indemnizaciones tarifadas establecidas en la LRT, también reclamen a sus empleadores y aseguradoras una reparación civil â??integralâ??, instaurando la llamada â??doble vía indemnizatoriaâ??.

Sucede que la Ley de Riesgos del Trabajo establece un régimen especial de responsabilidad al consagrar un cuadro tarifado de indemnizaciones que compensan los accidentes laborales.

Sin embargo, la Justicia considera que ese marco indemnizatorio es insuficiente y habilita, como en el caso, a que los trabajadores reclamen una reparación â??plenaâ?? de los daños padecidos.

Es por este motivo que desde hace largo tiempo se multiplican en el Congreso los proyectos de ley que pretenden modificar la LRT, aunque de momento el trámite legislativo de reforma a esa ley se encuentra estancado.

Los jueces adoptaron esta decisión en la causa â??»Avalos, Aurora Antonia c/ Talyden S.A y Otro s/ Accidente-Acción Civil». (ver fallo suministrado por elDial.com)

El caso

Se trata de un trabajador que sufrió un accidente e inició un juicio contra su empleador y la aseguradora de riesgos del trabajo, planteando la inconstitucionalidad del artículo 39.1 de la LRT; en cuanto impide el ejercicio de la acción civil al consagrar sólo el derecho a un resarcimiento tarifado a cargo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Para justificar la condena a la ART los jueces entendieron que la LRT impone a las aseguradoras la obligación de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir con eficacia los riesgos laborales y que el accidente permitía inferir que no se habían adoptado esas medidas.

Precisamente, fue esta última circunstancia la que comprometió la suerte de la ART ya que los magistrados precisaron que se había incumplido el â??deber de prevención eficazâ?? nacido de la LRT, lo que determina la existencia de â??omisiones justificantes de la responsabilidad civil concurrenteâ??.

Es decir, para los jueces, la falta de cumplimento del deber de prevención por parte de la ART constituyó un hecho reprochable y esa omisión comprometió su responsabilidad. Por esta circunstancia, la ART también fue condenada a pagar una indemnización â??plenaâ?? con fundamento en la ley civil.

â??La ART ha concurrido con el empleador a la causación del daño con la omisión de conductas impuestas legal y reglamentariamente y cuyo cumplimiento seguramente hubieran evitado que el siniestro se verificara o que el daño se produjeraâ??, concluyeron los magistrados.

Voces

Marcelo Aquino, socio de Baker & Mc Kenzie, indicó que «ha existido un exceso en la condena a la ART ya que se le impone un resarcimiento integral que traspasa la indemnización tarifada prevista en el propio régimen especial de la ley de riesgos del trabajo».

El laboralista precisó que este tipo de sentencias toman las obligaciones de las aseguradoras previstas en el régimen especial (ART), pero hacen efectiva su responsabilidad más allá de ese régimen, acudiendo a los principios generales previstos en la ley civil.

Aquino manifestó que el fallo â??golpeaâ?? al sistema y que, frente a este panorama, las ART podrían reformular las alícuotas y contribuciones, lo que redundaría en un aumento de los costos empresariales.

â??Estas tendencias judiciales obligan a las empresas y a las aseguradoras a asumir un doble costo, especialmente a los empleadoresâ??, sostuvo Fernando Cortes, integrante de De Diego Abogados & Asociados.

Cortes explicó que, por un lado, las empresas están obligadas por ley a contratar una ART pagando la prima y, por el otro, cuando tienen que utilizar esa cobertura los jueces declaran la inconstitucionalidad de la norma y las obligan a pagar una indemnización con fundamento en la ley civil.

Es por estas circunstancias que el abogado sostuvo que la LRT está â??pendiendo de un hiloâ?? y que es â??insostenible en el tiempoâ??.

En consecuencia, consideró imprescindible una urgente reforma a la actual norma que resuelva estos problemas.

El golpe a la ley

La reparación integral de todos los daños derivados de un accidente laboral fue establecida por la Corte Suprema cuando ese tribunal declaró la inconstitucionalidad de la LRT, abriendo la puerta para que los trabajadores puedan reclamar indemnizaciones extratarifarias, fundadas en la ley civil.

Así, el alto tribunal en la causa â??Aquinoâ?? (2004) declaró inconstitucional la posibilidad de limitar la responsabilidad de los empleadores frente a un accidente de trabajo, y permitió, entonces, que los tribunales inferiores habilitaran la vía civil para los reclamos, incrementándose las reparaciones económicas para los trabajadores.

En esa oportunidad, el fallo hirió gravemente al sistema de riesgos de trabajo, que, como todo sistema de seguros, requiere cierta dosis de previsibilidad para ser viable.

Igual determinación adoptó en la causa â??Lloscoâ??, fallada en junio del año pasado. Allí también admitió la â??vía civilâ?? para que los trabajadores reclamen las indemnizaciones por los accidentes laborales sufridos. (Ver nota «ART: la Corte admitió la vía civil para reclamar indemnizaciones«).

Fuente: © infobaeprofesional.com

Una ART fue condenada solidariamente en una demanda civil por la caída de un trabajador desde un andamio. La Cámara Laboral entendió que, si bien en la industria de la construcción pesa sobre los empleadores mantener condiciones de trabajo seguras, esa carga debe ser controlada por la aseguradora ya que subsiste en cabeza el «poder de policía» delegado por la Ley de Riesgos del Trabajo.

Fuente: www.diariojudicial.com

En un fallo que ordena indemnizar a una trabajadora por un accidente laboral, la Cámara del Trabajo responsabilizó en forma solidaria a la A.R.T. e hizo hincapié en el incumplimiento de su deber de capacitación a la empleada. Los jueces entendieron que el infortunio se podría haber evitado si la actora hubiese sido instruida acerca de los peligros que acarreaba su actividad.

Fuente: www.diariojudicial.com

La Corte Suprema emitió otra sentencia cuestionando la Ley de Accidentes de Trabajo que creó las ART. En este caso, sostiene que las indemnizaciones por esa vía no deben hacerse en cuotas.

En otro fallo de influencia sobre el régimen laboral vigente, la Corte Suprema de Justicia avaló ayer un fallo en segunda instancia que considera inconstitucional el pago en cuotas de las indemnizaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo. Si bien el pronunciamiento se refiere al caso del taxista Juan Antonio Milone, víctima de una minusvalía del 65 por ciento que incluye la pérdida de visión del ojo izquierdo, resulta un precedente de vital importancia para otros casos similares en los que la ART opta por fragmentar el pago reparatorio. El dictamen de ayer se enmarca en una serie de opiniones adversas de los cortesanos hacia el sistema que en la década pasada delegó en las administradoras de riesgos de trabajo la responsabilidad de compensar a un empleado víctima de un accidente en su ámbito de trabajo.

Hace pocas semanas, la Corte también había fallado en contra del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, que impedía al beneficiario de una indemnización reclamar una mejora por la vía de una acción civil contra su empleador. El máximo tribunal del país también transfirió este tipo de demandas del fuero penal al laboral, lo que de hecho permitiría agilizar enormemente la resolución de las causas laborales.

Con la disidencia de Augusto Belluscio y Carlos Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raul Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco se pronunciaron ayer en contra del artículo 14 de la norma de ART, que habilita el pago de una â??rentaâ?? en lugar de un pago único para aquellos casos de incapacidades superiores al 20 por ciento e inferiores al 66 por ciento.

Estos jueces consideraron que el artículo aludido resulta â??incompatibleâ?? con el â??principio protectorioâ?? de los derechos laborales consagrados en el 14 bis de la Constitución Nacional; que limita la libertad del beneficiario a proyectar su propia vida disponiendo del dinero que le corresponde por ley y lo juzgaron â??discriminatorioâ??, ya que quienes sufren una minusvalía inferior al 20 por ciento sí son acreedores de un pago único. Finalmente, una indemnización inadecuada puede añadir â??una frustración adicionalâ?? a la que ya sufrirá el trabajador inhabilitado por el accidente y su familia, ya que la renta estrecha su margen de elección.

Con estos argumentos, la Corte ratificó una sentencia a favor que Milone había obtenido en segunda instancia, a través del fallo de la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Este tribunal había considerado que resultaba â??más beneficioso para el acreedor (Milone) el pago íntegro del capital indemnizatorioâ?? y que las prestaciones en forma de â??rentaâ?? desnaturalizan la finalidad para la que fueron establecidas. Los camaristas de segunda instancia fueron incluso más allá al cuestionar al régimen de ART por â??no contemplar las necesidades inmediatas, actuales y presentes de los trabajadores… y de su familiasâ??.

Según consignan los fundamentos de la Corte, la posibilidad de establecer la reparación como una renta periódica está contemplada en el artículo 14 de la Ley de Riesgos de Trabajo, sin discriminar casos en las que ésta puede ser aplicable. Este carácter absoluto podría conducir a resultados â??opuestosâ?? a los objetivos proclamados por aquella ley y no â??aproximarse a las verdaderas necesidades que experimentan los damnificadosâ??.

En sus fundamentos, los cortesanos también repasan parte de la historia legislativa del país, aludiendo a la originaria norma de 1915, donde también se contemplaba el pago fraccionado de la indemnización. Esta ley fue modificada en 1958 para permitir la percepción íntegra del beneficio con el argumento, entre otros, de que â??no puede dudarse de que las necesidades económicas de los beneficiarios se hacen más indispensables en la época inmediata al infortunioâ??. Como antecedente más cercano, citan el decreto 1278 del año 2000, por el que se facultó un â??importe adicional de pago únicoâ?? a la renta periódica, con la pretensión de â??dar satisfacción a necesidades impostergablesâ??.

Para el Supremo Tribunal, ese debate legislativo refleja la necesidad de evaluar si el régimen de riesgos de trabajo respeta los principios de protección del trabajador y las â??condiciones dignas y equitativasâ?? que pretenden garantizarle el artículo 14 bis de la Carta Magna, concluyendo que tales condiciones no se cumplen el caso del pago fraccionado de la indemnización. El otro artículo constitucional involucrado es el 75, que atribuye al Congreso la potestad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen â??el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidosâ??.

Por Cledis Candelaresi

Fuente: www.pagina12.com.ar