Categoría: Accidentes Laborales

El niño, identificado como Michael Alexis Santos, desapareció ayer a la tarde y su cuerpo fue encontrado en un aljibe.

SAN JUAN (Télam). Un niño de cuatro años murió ahogado al caer a un pozo de extracción de agua para riego, en el departamento de Pocito de esta provincia, informaron hoy fuentes policiales.

El niño, identificado como Michael Alexis Santos, desapareció ayer a la tarde cuando jugaba con sus hermanos, por lo que familiares y vecinos comenzaron su búsqueda en el predio de la casa ubicada en calle 9, entre ruta 40 y callejón Tascheret, de esa localidad.

Los familiares también solicitaron ayuda a la policía y a los Bomberos y luego de dos horas de búsqueda encontraron el cadáver del niño flotando en un pozo en forma de aljibe, a seis metros de profundidad.

Un vecino, de apellido Molina, insistió en buscar al niño en el pozo y «se anudó una cuerda a la cintura y con los parientes sujetando de un extremo, descendió por el hueco y apenas introdujo el cuerpo alumbró con una linterna al fondo y vio el cuerpo del pequeño flotando», señalaron las fuentes consultadas.

Efectivos policiales iniciaron una investigación por «actuaciones por fallecimiento» para tratar de establecer si hubo negligencia al dejar abierto ese pozo, que no estaba cercado ni cerrado.

Fuente: Diario La Nación

El accidente ocurrió poco después de las 10 de la mañana. En el lugar trabajan unidades de bomberos, Defensa Civil y del SAME.

Tres personas quedaron atrapadas esta mañana bajo los escombros, tras un derrumbe producido en una construcción en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron fuentes de la subsecretaría de Emergencias del gobierno porteño.

Al lugar del accidente, ocurrido poco después de las 10, concurrieron unidades de bomberos, Defensa Civil y del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Fuente: www.infobae.com

LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LA AGENDA PERIODISTICA

David Barstow y Lowell Bergman fueron reconocidos con el premio Pulitzer 2004 por su labor periodística en la categoría Periodismo – Servicio Público. Los cronistas del diario The New York Times, realizaron una serie de artículos en los que plantearon la problemática de la salud y seguridad en el trabajo en Estados Unidos, los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de ese país, el marco regulatorio y las falencias de un sistema, cuyas sanciones a los empleadores que deliberadamente, y en forma reiterada, violan las normas de seguridad, quedan en el ámbito administrativo.
Para esta edición seleccionamos â??Cuando mueren los trabajadores: Los Estados Unidos raramente pretenden lograr acusaciones por muertes en lugares de trabajo.â?? uno de los once artículos que conforman este trabajo de investigación.

ARTICULOS TRADUCIDOS

Cuando mueren los trabajadores
Los Estados Unidos raramente pretenden lograr acusaciones por muertes en lugares de trabajo
Por DAVID BARSTOW

Cada una de sus muertes era un crimen potencial. Trabajadores decapitados en líneas de montaje, destrozados en maquinarias, quemados tornando imposible reconocerlos, electrocutados, enterrados vivos â??todos ellos muertos, concluyeron los investigadores, porque sus empleadores violaron voluntariamente las reglas de seguridad del lugar de trabajo.

Estas muertes representan lo peor del lugar de trabajo de Estados Unidos, actos de fechorías intencionales o simple indiferencia, que matan aproximadamente 100 trabajadores por año. No fueron accidentes, ocurrieron porque un jefe retiró un dispositivo de seguridad para acelerar la producción, o porque una compañía hizo caso omiso de advertencias explícitas de seguridad, o porque a un trabajador se le negó el elemento de protección adecuada.

Y durante años, en gacetillas de prensa y testimonios del Congreso, funcionarios senior de la Administración de Higiene y Seguridad Federal han descripto estos casos como intolerables, â??historias de horrorâ?? que exigen la respuesta más fuerte del organismo. Han prometido a la prensa en repetidas ocasiones que habrían de presentar cargos penales contra los responsables.
Estas promesas no se cumplieron.

A lo largo de dos décadas, desde 1982 a 2002, OSHA investigó 1242 de esas historias de horror â??instancias en que el organismo mismo arribó a la conclusión de que los trabajadores habían muerto por las violaciones a la seguridad â??voluntariasâ?? de sus empleadores. Sin embargo, en el 93 por ciento de esos casos OSHA decidió no buscar la acusación, ha encontrado un estudio de ocho meses sobre muertes en el lugar de trabajo realizado por el New York Times.

Lo que es más, habiendo evitado una vez la acusación, al menos 70 empleadores voluntariamente violaron otra vez la legislación sobre seguridad, lo que dio como resultado un gran número de muertes adicionales. Incluso estos violadores a repetición raramente eran acusados.

La actitud de OSHA de ser remisa a tratar de lograr la acusación, según encontró el Times, persistía aún cuando los empleadores habían sido citados anteriormente por la misma violación a la seguridad. Persistía incluso cuando las violaciones causaron múltiples muertes, o cuando las víctimas eran adolescentes. Y persistió aún cuando las revisiones realizadas por los jueces administrativos encontraron pruebas abundantes de actitudes negativas voluntarias.

Detrás de esta actitud, dicen los funcionarios de OSHA anteriores y actuales, está una burocracia que trabaja a todo nivel para limitar las derivaciones penales. Describieron una burocracia que no recompensa y a veces de hecho castiga, aquellos que insisten demasiado en lograr acusaciones, y donde el cumplimiento agresivo es sofocado por etapas interminables de revisiones donde las familias de las víctimas quedan congeladas pero las compañías pueden hacer que las reglas actúen a su favor.

â??Una simple falta de voluntad política y decisiónâ??, dijo John T. Phillips, un ex administrador regional de OSHA en Kansas City y Boston. â??Uno trata de analizar porqué algo es criminal y nunca lo lograâ??.

De hecho, OSHA ha ayudado cada vez más a los empleadores, particularmente las grandes corporaciones, a evitar la amenaza de las acusaciones. Desde 1990, el organismo ha silenciosamente disminuido la jerarquía de 202 casos fatales de â??voluntarioâ?? a â??no clasificadoâ??, un término vago favorecido por los abogados de la defensa en parte porque virtualmente impide la posibilidad de acusación.

El examen del Times â?? basado en un análisis computarizado de dos décadas de datos de inspecciones de OSHA, así como cientos de entrevistas y miles de registros del gobierno â?? es primer relato sistemático de cómo esta nación enfrenta a los empleadores que matan trabajadores violando deliberadamente la legislación sobre seguridad del lugar de trabajo. Identificó un total de 2197 muertes, en compañías grandes y pequeñas, desde corporaciones internacionales como Shell Oil a empresas familiares de plomería y pintura en rincones tranquilos de Norteamérica.

Al nivel más amplio, reveló el grado en que las compañías cuyos actos voluntarios matan trabajadores enfrentan sanciones más leves que aquellos que deliberadamente infringen la legislación ambiental o financiera.

Para estas 2197 muertes, los empleadores pagaron 106 millones de dólares en multas civiles de OSHA y en sentencias de prisión que totalizaron menos de 30 años, encontró el Times. Veinte de esos años fueron de un caso, un incendio en una planta de pollos en Carolina del Norte que mató a 25 trabajadores en 1991.

En contraste, una empresa, WorldCom, recientemente pagó 750 millones de dólares en multas civiles por asesoramiento confuso a los inversores. El organismo de protección ambiental, solo en 2001, obtuvo sentencias de prisión que totalizaron 256 años.

OSHA muchas veces se ha convertido en un blanco fácil de críticas. Los trabajadores increpan al organismo por tardar años para redactar nuevas reglas de seguridad. Las empresas lo ridiculizan por hacer inspecciones poco confiables. Pero nadie discute el deber de OSHA de impedir que los empleadores maten a los trabajadores violando deliberadamente las leyes de seguridad. Pocos objetan la idea de que OSHA debería por lo menos solicitar a los fiscales que analizaran dichos casos.

Sin embargo OSHA â?? afectada por las críticas, temerosa de la vergüenza pública – ha quedado prácticamente paralizada incluso para esta tarea, según sostienen funcionarios actuales y anteriores.

En una entrevista realizada este mes, el administrador de OSHA, John L. Henshaw, reconoció que el organismo había derivado pocos casos a los fiscales. Pero insistió en que OSHA busca sanciones criminales â??en el mayor rango que la ley permiteâ?? y hace hincapié en que las muertes en el lugar de trabajo han disminuido en los últimos cinco años.

OSHA no ha tratado de conseguir más acusaciones, dijo, porque los funcionarios concluyeron que la mayoría de los casos simplemente carecían de pruebas suficientes para una condena. â??Se necesita mayor cantidad de pruebas en estos casosâ??, dijo.

Si bien es cierto en algunos casos, esto es solo en parte la explicación. Antes de que OSHA considere que una violación es voluntaria, somete el caso a un análisis especialmente intenso. A veces dedicando miles de horas a juntar las pruebas. Lo hace debido al estigma que va con ello, y debido a que la multa máxima por una violación voluntaria es 10 veces mayor que para cualquier otro tipo de violación. Solo 404 de las violaciones a la seguridad citadas por OSHA que alcanzan 83.539 en este año fueron caratuladas â??voluntariasâ??.

â??Nos aseguramos de contar con las pruebasâ??, dijo John B. Miles Jr., administrador regional de OSHA para los cinco estados sureños.

Sin embargo, cuando se trata de decidir qué hacer con dichas pruebas, muchos funcionarios actuales y antiguos dijeron que lo que rige es la cultura de la renuencia, independientemente de cuál sea el partido que controla el Congreso o la Casa Blanca.
Paul Bakewell, que recientemente se jubiló después de 26 años como inspector de OSHA y supervisor en Colorado, dijo que los inspectores encuentran tanta resistencia que el concepto mismo de tratar de obtener acusaciones penales pronto desaparece â?? especialmente porque matar a un trabajador es solo un delito menor en virtud de la legislación federal.

Personalmente no pensaba, â??¡Oh!, es una muerte voluntaria, debería ser penalâ??, dijo el señor Bakewell, y agregó, â??no hace falta toda esa penuria. La verdad es siendo honesto ante Dios es que simplemente lo que va a hacer es ralentar el proceso. Ellos lo que quieren son cifras, cantidades de inspecciones, y dedicarse a uno de estos casos será negativo para unoâ??.

Una herramienta que pocos usarán

En el pasillo que lleva a la oficina de John Henshaw en Washington está atestado de posters con estadística. Ã?l las llama â??métricasâ??. Las cifras impulsan la cultura de gestión en OSHA. Cuando el señor Henshaw habla de sus logros en OSHA, es parte del Departamento Federal de Trabajo, él sustenta lo que dice con cifras â?? 3000 inspecciones más este año que en el año 2000, 9000 violaciones serias más.

Pero uno de los números que falta es con cuanta frecuencia OSHA usa esta suprema herramienta de cumplimiento que es la capacidad de trasladar los casos a fiscales federales o estaduales.

La omisión tiene mucha importancia, dijeron los veteranos del organismo. Porque en OSHA, lo que se cuenta recibe recompensa. Y si no se cuenta envía una señal inconfundible. Si se trata de interés de llevar adelante los casos, William M. Murphy, el funcionario principal de OSHA en Cincinnati hasta su jubilación en 2002, dijo, â??nunca hemos comunicado eso al personalâ??. A comienzos de la década del noventa, OSHA acordó que los inspectores debían recibir capacitación para trabajar en investigaciones penales. El programa se discontinuó después de haber capacitado a menos de 100 empleados.

En 1994 el organismo formó el Comité de Cumplimiento referido a Estrategia de Litigios para enfocar los recursos en casos con â??máximo efecto disuasivoâ??. Las muertes que involucraban violaciones voluntarias estaban entre las primeras prioridades. El comité se desbandó después de unas pocas reuniones.

Dos años después, OSHA instituyó una política por la cual sus oficinas locales debían avisar a Washington por escrito sobre â??los casos adecuados para elevar cargos penalesâ??. La política no se ha hecho cumplir, las oficinas centrales de OSHA dijeron que no pudieron encontrar notificaciones escritas de ese tipo.

El organismo de detección ambiental tiene más de 200 investigadores penales y trabaja estrechamente con tres docenas de fiscales ambientales del Departamento de Justicia. Pero Richard E. Fairfax, director de los programas de cumplimiento de OSHA, dice que nunca conoció a William P. Sellers IV, el fiscal federal de Washington que trabaja casi totalmente sobre delitos de seguridad en el lugar de trabajo. â??Conozco el nombreâ??, dijo el señor Fairfax en agosto, â??pero no lo ubicoâ??.

De hecho, si bien el señor Henshaw y sus asistentes principales de Washington insisten en podar cualquier multa propuesta que supere los 100.000 dólares, dijeron que virtualmente no desempeñaban ningún rol en decidir cuándo el organismo trata de presentar acusaciones penales. Esa decisión, dijeron, ha caído prácticamente en su totalidad en las manos de los funcionarios locales y regionales de OSHA y los abogados del Departamento de Trabajo.

Y sin embargo, por lo menos en una región del país, los inspectores de OSHA han recibido instrucciones por escrito de no iniciar contacto con las autoridades de cumplimiento de la ley estadual, cuya legislación local con frecuencia ofrece sanciones penales más fuertes y más flexibles.

Hasta que se le presentaron los resultados del estudio realizado por The Times, el organismo nunca había encarado un estudio global de la frecuencia con la que morían trabajadores por violaciones de seguridad voluntaria. The Times trató de identificar cada una de estas muertes en el lugar de trabajo de los últimos 20 años. También siguió los pasos de cada acusación, sentencia y prisión que fuera resultado de esas muertes y analizó cada una de las multas civiles.

Las muertes fueron la razón de 1798 investigaciones, 1242 realizadas por OSHA. El resto fue realizado por los 21 estados y un territorio con sus propias versiones de OSHA. Pero con unas pocas excepciones, estos organismos estaduales han sido tan dubitativos en cuanto a la presentación de cargos, como el organismo federal OSHA.

En total, The Times encontró 196 casos que fueron derivados a fiscales estaduales o federales, que resultaron en 81 sentencias y 16 sentencias a prisión.

El señor Henshaw declinó comentar específicamente sobre los hallazgos de The Times, pero dijo que consideraba que era una prioridad importante tratar de lograr acusaciones por violaciones voluntarias que matan. â??Tenemos una legislación en virtud de la ley de higiene y seguridad que nos da herramientas, tanto civiles como penales, para cumplir nuestra responsabilidad y corregir los lugares de trabajoâ??, dijo. â??Y es eso lo que estamos tratando de hacerâ??.

Altos obstáculos desde adentro

Cuando la gente de OSHA explica su renuencia a presentar cargos penales, a veces empiezan señalando el ejemplo de Ronald J. McCan.

El señor McCan, que era el administrador regional de Chicago a comienzos de la década de los ochenta, fue de los primeros en dedicarse intensamente a las acusaciones penales. Tenía un abordaje simple, sin tonterías. Si se producía una muerte por una violación voluntaria se debía derivar el caso al Departamento de Justicia sin demora.

Sin embargo, en los días iniciales del gobierno de Ronald Reagan, comentó en una entrevista reciente, esa política trajo una clara negativa de los nuevos funcionarios de OSHA nombrados políticamente. Doce veces intentó conseguir la acusación. â??Todas fueron negadasâ??. Poco después, dijo, que lo retiraron de su cargo y lo transfirieron con tanta frecuencia que terminó viviendo en una carpa para evitar trasladar nuevamente a su familia.

â??Queríamos impedir que la gente matara a otras personasâ??, dice el señor McCan, ahora jubilado, â??queríamos generar un ejemplo de esas pocas personas que hacen tanto daño a la sociedad por su propio beneficioâ??.

Pero ese impulso â?? que muchos inspectores de OSHA comparten claramente â?? con frecuencia está relacionado con un instinto más profundo de evitar acciones que pueden atraer el escrutinio indeseado de Washington. Ese instinto se refuerza, según dicen muchos empleados de OSHA, por un brazo oscuro pero poderoso del Departamento de Trabajo, la oficina del abogado general, que supervisa el trabajo de los aproximadamente 500 abogados de dicho departamento.

El abogado general, nombrado políticamente y que se reporta al secretario de Trabajo, toma la decisión final sobre si el caso se deriva al Departamento de Justicia. Thomas Williamson Jr., el abogado general del Departamento de Trabajo durante el gobierno del presidente Bill Clinton, llamaba a la oficina del abogado general un â??control del punto de ahogoâ?? â?? Un mecanismo que entre otras cosas protegía los flancos políticos del secretario de Trabajo.

Y según la opinión del señor Williamson, derivar casos involucra riesgos que OSHA no se puede permitir. â??Uno pierde controlâ??, explicó. â??Uno empieza a acusar a las personas de delitos y después se los declara inocentes, uno termina por destruir la credibilidad del organismoâ??.

Por su parte, el señor Phillips, el ex administrador regional, dijo â??yo tuve más peleas con nuestros propios abogados que con los abogados de cualquier empleadorâ??.

Joseph M. Woodward, el abogado más importante de OSHA en el Departamento de Trabajo describió el trabajo de su oficina como necesario y prudente. Estos son casos en los que alguien ha muerto y uno está viendo si quizá fue una violación deliberada de la norma, por lo tanto son casos de muy alta prioridad, dijo el señor Woodward. â??Es una acusación muy seria y uno no quiere hacerla a menos que piense que está asegurada y de que va a poder ganar. Por lo tanto uno la analiza con mucha mayor carga de la pruebaâ??.

Sin embargo el resultado práctico, según dicen funcionarios actuales y antiguos de OSHA, es que para incluso tener una posibilidad de derivar, el caso debe pasar por un umbral no escrito que tiene poco que ver con los requerimientos legales concretos. En entrevistas, los investigadores de OSHA usaron palabras como â??cortina de humoâ?? y â??bola de nieveâ?? para describir las objeciones legales que encuentran.

â??No solo debe ser voluntario, debe ser obscenamente voluntarioâ??, dijo Jeff Brooks, que dedicó 16 años a trabajar como inspector y supervisor antes de dejar el organismo en el año 2001. â??Si no buscaron con malicia y a propósito matar a esta persona, entonces no se presenta una acusaciónâ??.

Lo que esto significa, dicen, es que los fiscales con frecuencia nunca llegan siquiera a evaluar casos con evidencia incriminatoria de actividades criminales. En 1998, por ejemplo, los inspectores concluyeron que las violaciones voluntarias de la seguridad habían dado como resultado que un trabajador fuera aplastado por un camión en Beaver Falls, PA. Encontraron que el empleador, Venango Environmental, hacía mucho que sabía que esa máquina tenía frenos y dirección defectuosos. Un juez administrativo dijo que el caso estaba â??repleto de pruebasâ?? de que Venango había cometido violaciones voluntarias a la seguridad.

El caso no fue enviado a los fiscales.

En entrevistas, una cantidad de fiscales federales dijeron que estarían contentos de tomar más de estos casos. Pero Joseph A. Dear, que actuó como administrador de OSHA durante el gobierno del presidente Clinton, hizo hincapié en que tal ansiedad no era universal. â??Después que uno hace el trabajo, obtiene el legajo perfecto, dijo, â??uno se lo lleva a un abogado de los Estados Unidos y dicen, â??¿Es un delito menor?â??

Vida humana versus un burro acosado

Cuando el Congreso creó a OSHA en 1970, hizo que causar la muerte de un trabajador violando las leyes de seguridad voluntariamente fuera considerado un delito menor. La sentencia máxima, seis meses en prisión, es la mitad del máximo por molestar a un burro salvaje en terrenos federales. Con más de 5.000 muertes en el trabajo cada año, los expertos en seguridad y algunos miembros del Congreso hace tiempo que sostienen que se podrían salvar centenares de vidas si los empleadores enfrentaran una amenaza de acusación creíble.

â??Un funcionario de la compañía que viola la legislación de OSHA voluntariamente tiene mayor chance de ganar la lotería del estado que de ser acusado penalmenteâ??, dijo un informe del Congreso de 1988.

En realidad era una exageración de las posibilidades para gran parte del país. Durante las dos décadas que abarcó el estudio de The Times, en 17 estados, el distrito de Columbia y tres territorios, no hubo una sola acusación por violaciones voluntarias que mataron a 423 trabajadores. Se han hecho repetidos esfuerzos por transformar en un delito mayor causar la muerte de un trabajador. Pero cada uno de esos esfuerzos fue contrarrestado por una fuerte oposición de los republicanos y de muchos demócratas. Sin embargo el Congreso acordó en 1984 como un paquete más amplio de reforma de sentencias, aumentar la multa penal máxima a 500.000 dólares de los 10.000 que era entonces. Y en 1991, aumentó las multas civiles. Pero, sin embargo, el elemento disuasivo adicional aparece modesto.

Desde 1982 hasta 1991, la multa media por una violación voluntaria que matara a un trabajador era de 5.800 dólares, según el estudio de The Times. En 1991, esa media ha sido 30.240 dólares.

Un cambio mucho menos publicitado ha erosionado cualquier potencial remanente de acusación. A partir de 1990, con una muerte en una planta empacadora de carne en Nebraska, OSHA comenzó a acceder a las demandas de los empleadores de que reemplazaran la palabra â??voluntarioâ?? con â??no clasificadoâ?? en las citaciones que involucraban muertes en el lugar de trabajo.

â??No clasificadasâ?? era un término inventado por los abogados que se especializan en defender a las corporaciones contra OSHA. En realidad la palabra no aparece en ninguna parte de la ley o de las reglamentaciones que rigen a OSHA. Pero el manual de campo del organismo permite la designación de â??no clasificadoâ?? cuando un empleador está dispuesto a corregir las condiciones inseguras â??pero desea evitar la percepción pública adversa unida a una violación voluntariaâ??.

El señor Woodward, el abogado principal de OSHA, reconoció que los empleadores â??podrían ocasionalmenteâ?? presionar para obtener violaciones no clasificadas a fin de minimizar su responsabilidad penal. Pero defendió el arreglo como una solución intermedia útil.

Las empresas, como explicó, â??pueden llegar a ser todo lo que uno quiere que hagan en lo que se refiere a reparar el problema y hacer que el lugar de trabajo sea más seguro para los trabajadoresâ??. Pero el punto más importante, dijo, era â??que no querían admitir que hubiera sido voluntarioâ??.

Cuando OSHA decidió no acusar después de una explosión fatal en una refinería de propiedad parcial de Shell, Delaware lideró el cargo.
(Robert Craig/The News Journal, 2001)

Las corporaciones importantes y sus abogados han tenido cada vez más éxito en persuadir al organismo de eliminar la palabra â??voluntariosâ??, según encontró The Times. El organismo lo ha hecho incluso por empleadores que han mostrado repetidamente una falta de consideración deliberada por la legislación sobre seguridad por la legislación sobre seguridad, que dio como resultado múltiples muertes.

Los efectos de la nueva política los han sentido las familias en varios pueblos pequeños de todo el país, donde, a lo largo de la última década las refinerías y plantas petroquímicas de propiedad única o compartida de Shell Oil, han estallado por las violaciones a la seguridad.

Cada pueblo a su turno fue consumido por los desastres, los funerales y el trabajo de limpieza ulterior, y cada una de las veces los investigadores de seguridad aparecían y acababan llenando gruesos legajos con los detalles de cómo la gerencia había dejado de prestar atención a riesgos conocidos. Con frecuencia las violaciones de seguridad eran exactamente las mismas de planta a planta. Y sin embargo en cada caso los abogados defensores persuadían a los reguladores de caratular las violaciones más flagrantes como â??no clasificadasâ??.

En Belpre, Ohio, una explosión en 1994 mató a tres trabajadores. OSHA la llamó una â??reacción química fugitivaâ?? y culpó a una pobre capacitación, mantenimiento inadecuado, mal equipo y supervisión descuidada.

Anacortes, Washington, un pequeño pueblo en Puget Sound, se sacudió con las explosiones el día antes de Acción de Gracias de 1998. El mantenimiento necesario se había aplazado, según encontraron los investigadores, y las promesas de mejoras a seguridad no se habían realizado, murieron seis hombres.

Casi tres años después, en la ciudad de Delaware, una dotación estaba trabajando cerca de un tanque lleno con ácido sulfúrico usado en la refinería Motiva, una planta con una larga historia de pérdidas, lesiones y muerte. Los gerentes habían emitido la orden de trabajo a pesar de las advertencias de los empleados de que el tanque estaba muy oxidado y pasada la fecha de mantenimiento, según los registros de los tribunales y los documentos de OSHA. Una soldadora incendió los vapores que salían por las fugas, y la explosión hizo volar a Jeffrey Davis, de 50 años, dentro del tanque. El ácido consumió todo, excepto los avíos de acero de sus botas.

Luego, el año pasado, murió un trabajador en la planta de Shell de Geismar, La. Los inspectores de OSHA estuvieron más de 12.000 horas documentando una serie de violaciones de seguridad prevenible.

En total, Shell y sus socios pagaron 4,3 millones de dólares en multas de OSHA por las 11 muertes, sumas demasiado pequeñas para causar una hemorragia significativa a los beneficios de Shell. No hubo admisión de culpabilidad, ni derivación a los fiscales.

â??Cuando uno habla de acuerdos, esencialmente las reglas desaparecenâ??, dijo Robert C. Gombar, un abogado de Shell en las explosiones de Anacortes y Delaware. La firma del señor Gombar, Mac Dermott, Will & Emery, de Washington, publicita en su sitio Web que â??fue pioneroâ?? en el uso de violaciones no clasificadas para evitar â??complicaciones innecesarias causadas por carátulas dañinasâ??. En los casos de Shell, dijo el señor Gombar, la compañía simplemente convenció a OSHA de que no debía citar violaciones voluntarias. â??Saben que vamos a iniciar un litigio y vamos a ganarâ??, dijo.

En una declaración escrita, Shell dijo que no la trataron de forma diferente a cualquier otra compañía y que su â??mayor prioridadâ?? era la seguridad de sus empleados.

Esa no fue la responsabilidad que muchas de las 11 familias habían visualizado.

Dyna Fry se enteró en el noticiero de la noche que su esposo Woody estaba entre los muertos en Anacortes. Ella se agotó tratando de encontrar lo que había ocurrido. Decía que deseaba que hubiera un juicio penal para que los gerentes se vieran forzados a â??tomar contacto visual con mi familiaâ??.

â??Hubiéramos trabajado en McDonaldâ??s durante el resto de nuestras vidas si esto hubiera significado que alguien iba a ir a la cárcel por estoâ??, dijo Nicole N. Granfors, cuyo padre, Ronald J. Granfors, murió en Anacortes.

En Delaware, el congresista del estado y senadores escribieron al señor Henshaw este año, le exigieron que diera cuenta de la â??inexplicable decisión de OSHAâ?? de reducir las violaciones en la ciudad de Delaware. El manejo de OSHA de este caso, escribieron, había incrementado â??el trauma emocional de la familiaâ??.

En respuesta, el administrador suplente de OSHA, R. Davis Layne, escribió que el organismo había simplemente â??ejercido su discreción de acusaciónâ?? para llegar a un arreglo en un caso disputado. â??Las familias, explicó, no son consultadas respecto de asuntos confidenciales del litigioâ??.

Pero si OSHA no pensó que tenía potencial para ser un caso penal, la fiscal general de Delaware, M. Jane Brady, sí lo hizo. En una entrevista, recordó la reacción sorprendida de un abogado de Motiva cuando anunció su intención de buscar una acusación: â??Seguramente se trata de una bromaâ??.

Este verano Motiva no impugnó el cargo de homicidio culposo penal y agresión, la segunda acusación de tal magnitud en la historia del estado. Se ordenó a la compañía pagar 46.000 dólares de multas, en ese entonces el máximo en virtud de la legislación estadual, y 250.000 dólares más a un fondo para las víctimas. Poco después, Delaware cambió su legislación para permitir multas mucho más elevadas.

Una respuesta de los estados

Si bien en algún momento el gobierno federal era el regulador dominante en lo referente a seguridad en el lugar de trabajo, actualmente está quedando atrás de una cantidad creciente de estados.

Por lo menos cuatro estados exigen ahora que los inspectores de seguridad notifiquen a los fiscales de las muertes causadas por violaciones de seguridad. Once estados han incrementado la estancia en prisión más allá del máximo federal de seis meses. En Michigan, California y Arizona, ahora no solo es un delito cometer violaciones a la seguridad que matan, sino también violaciones a la seguridad que causan lesiones severas.

Nuevamente este año, se escucha hablar de endurecer la legislación federal. Hace tres meses en una evaluación del manejo por parte de OSHA de muertes entre trabajadores inmigrantes, el inspector general del Departamento de Trabajo recomendó que OSHA estudiara el efecto disuasivo potencial de convertirlo en un delito mayor el hecho de cometer violaciones voluntarias que matan. En el Congreso, el senador Jon S. Corzine, un demócrata de Nueva Jersey, está proponiendo legislación para aumentar la sentencia máxima a 10 años desde los seis meses actuales.

Al igual que los esfuerzos previos, éste también encontrará resistencia fuerte.

â??Obviamente no vamos a apoyar la expansión de las penas criminalesâ??, dijo Randel K. Johnson, vicepresidente de asuntos de trabajo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

En OSHA, el señor Henshaw recientemente ordenó algunas nuevas métricas. Después de que The Times buscara comentarios sobre sus análisis, pidió a su organismo que realizara su propio estudio. Los resultados, dicen sus ayudantes, reflejan con mucha semejanza los encontrados por The Times.

Ellos sostienen, sin embargo, que 151 casos no podrían haber sido derivados a los fiscales federales porque las violaciones voluntarias eran de la â??obligación generalâ?? de los empleadores por proporcionar un lugar de trabajo seguro, no de una norma de seguridad específica. La legislación federal, dijeron, no permite que se haga la derivación en dichos casos. Aceptaron, sin embargo, que dichos casos podían haber sido derivados a fiscales estaduales y locales.

No obstante, el señor Henshaw dejó en claro que no veía necesidad de cambiar la legislación ni el manejo por parte de OSHA de estos peores casos de muerte en el trabajo.
â??Deben recordarâ??, dijo, â??nuestra tarea no es generar las estadísticas individuales que alguna gente quiere ver. Nuestra tarea es corregir el lugar de trabajoâ??.

Remy Gerstein y Robin Stein aportaron entrevistas adicionales para este artículo. Los análisis de datos estuvieron a cargo de Tom Torok.

6 del 22 de diciembre de 2003 (Copyright © 2003/ The New York Times Co.)

Traducción del inglés: Lidia Wassertheil

Biografías: http://www.pulitzer.org/year/2004/public-service/bio/

Artículo original: www.pulitzer.org / Premios Pulitzer: www.pulitzer.org

Fuente: www.srt.gov.ar

El periodista David Giussani Aranda perdió la vida al recibir una descarga eléctrica cuando tocó un cable de alta tensión en la ciudad de Pehuajó.

Un periodista falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando pretendía instalar una antena de radio para la trasmisión de la carrera de TC4000, que se disputó en la localidad bonaerense de Urdampilleta, partido de Bolívar.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 10 y la víctima fue identificada como David Giussani Aranda, quien se desempeñaba como periodista del programa deportivo «Acelerando regional»; que se emite por radio y televisión en la ciudad de Pehuajó.

Según comentaron testigos del accidente, en momentos en que Aranda se disponía a colocar una antena de trasmisión, de unos 9 metros de altura, tocó un cable de alta tensión que le produjo la muerte en el acto.

En el caso, caratulado como Muerte por accidente, interviene la UFI en turno del Departamento Judicial Azul.

Fuente: www.infobae.com

Trabajaban para la concesionaria de los medios de elevación cuando, en 2004, dos sillas se deslizaron y chocaron con las que iban detrás. Por el impacto, 13 turistas resultaron heridos.

La Justicia de Río Negro procesó ayer a seis personas por su responsabilidad en el accidente ocurrido el invierno pasado en las aerosillas del Cerro Catedral, en Bariloche, en el que un grupo de trece turistas resultaron heridos. (Archivo: 11/08/2004)

El juez Miguel Gaimaro Pozzi, quien tiene a su cargo la causa por el accidente ocurrido en agosto de 2004, le informó al diario barilochense â??El ciudadanoâ?? que los procesados son seis: el vicepresidente de la empresa concesionaria de los medios de elevación Catedral Alta Patagonia (Capsa), Juan Cruz Varela; el representante técnico de la compañía, Roberto Ceaglio, responsable de la seguridad; dos supervisores y dos operarios.

Todos ellos quedaron procesados como autores y coautores penalmente responsables por las lesiones culposas que sufrieron ese día los trece turistas. Por estos delitos, en caso de ser encontrados culpables, podrían recibir penas que van de un mes a tres años de cárcel.

Además, el juez concluyó que el accidente no se produjo como consecuencia de una falla en los materiales con los que habían sido construidas las sillas, como había argumentado Capsa. Según su resolución, que fue elaborada en base a las pericias presentadas en la causa, las aerosillas se deslizaron y chocaron entre sí â?? hiriendo a 13 personas – porque las mordazas que unen a los asientos con el cable que los transporta no fueron ajustadas correctamente.

De este modo, Pozzi descartó la hipótesis sostenida por Capsa, que señalaba que las aerosillas se habían accidentado porque la empresa contructora, Garaventa, les había entregado un sistema de ajuste que no servía para ese tipo de medio de elevación.

Cómo fue el accidente

El mediodía del 10 de agosto pasado, se produjo una falla en las mordazas que fijaban dos aerosillas cuádruples a la línea que las transportaba pendiente arriba. Por ese motivo, en un tramo del recorrido uno de esos asientos se deslizó y chocó con otros cuatro que venían detrás.

Lo mismo sucedió en otro punto del recorrido: falló la abrazadera de otra aerosilla, que se deslizó hasta que impactó con el asiento cuádruple que iba unos metros más atrás.

Por el choque 13 personas que viajaban en las aerosillas sufrieron golpes, cortes y – en algunos casos – fracturas. Pero eso no fue todo: los turistas tuvieron que ser bajados con por un equipo de rescate con sogas y arneses.

Fuente: Diario Clarin

ACCIDENTE MULTIPLE EN BARILOCHE: CRITICAS A LA EMPRESA CONCESIONARIA
Pánico y heridos por dos choques de aerosillas en el cerro Catedral
Fallaron las abrazaderas de dos aerosillas, que se deslizaron pendiente abajo e impactaron a las que venían detrás. Diecisiete turistas fueron internados. El rescate duró tres horas.

Una veintena de personas de esta ciudad vivieron momentos dramáticos en el cerro Catedral cuando varias aerosillas chocaron entre sí. Hubo 17 heridos con distintos tipos de lesiones: fracturas, traumatismos de cráneo, cortes y golpes. Casi todos fueron bajados con sogas y arneses en un operativo que duró tres horas y que transformó a esa zona en escenario de película de acción. Un grupo de patrulleros trepó a los cables y se deslizó cientos de metros para auxiliar a los heridos, que fueron derivados a dos sanatorios.

Todo sucedió antes del mediodía en el área norte de la montaña. Según dijo la empresa concesionaria de los medios de elevación, Catedral Alta Patagonia (Capsa), en uno de sus escuetos comunicados, hubo «un fallo en una de las mordazas que fija la silla cuádruple a su línea en el tramo de subida entre las torres 6 y 7». En realidad fueron dos las aerosillas que sufrieron ese desperfecto y seis las involucradas en el accidente. Un grupo de dos y otro de cuatro aerosillas quedaron pegadas, como si fuesen changuitos de supermercado.

En la primera viajaba Rodrigo Connor, un vecino de Bariloche que contó que la silla comenzó a hamacarse, vibrar y deslizarse por el cable cuesta abajo. «Dos de las personas que venían conmigo decidieron saltar, pero había unos ocho metros hasta la nieve, así que yo me agarré fuerte y esperé el golpe», relató a Clarín. Los que saltaron sufrieron golpes menores, y Connor un golpe en la cabeza. Los de la aerosilla de atrás tuvieron menos suerte.

Ahí viajaba Luciana Santaya, de 20 años. Acostada en una cama del Sanatorio del Sol, con un yeso en la pierna derecha y suero en el brazo izquierdo, Luciana contó a Clarín que vivió «una pesadilla». «Estaba soleado y subía con mi papá a la montaña. De golpe la silla de adelante empezó a hamacarse y se nos vino encima.» En la desesperación, Luciana levantó una pierna para frenarla. «Enseguida sentí un dolor agudo y me di cuenta de que me había quebrado.» Tuvo que esperar cerca de una hora hasta que la bajaron. Las radiografías determinaron que se rompió la tibia y el peroné, y es posible que deban operarla.

Florencia, su hermana de 15 años, se lastimó la cabeza y vivió momentos de gran angustia. «En mi grupo eran 16 personas enganchadas unas con otras, gritando por miedo a caernos o porque había gente con fracturas o cortes profundos», contó.

Ella iba en el segundo grupo de sillas junto a Roberto Asenjo, un conocido instructor de esquí que tiene 79 años. Asenjo sufrió un fuerte golpe en la cara y un corte en la frente. Internado en el Sanatorio San Carlos, no salía de su asombro. «Fue muy impresionante la velocidad que tomaron las aerosillas â?? recordó â??. Yo intenté parar a la de adelante con las manos, pero nos pegó un golpe terrible.» Con un pañuelo en la frente para detener la hemorragia, intentó calmar a los accidentados.

En la base del cerro los familiares de los heridos estaban furiosos con la empresa Capsa. Marcelo Santaya, padre de Luciana y Florencia, fue uno de los que aseguró que seguirá el tema en la Justicia: «Todos dicen que esta empresa no invierte, que no paga cánones y que no hay mantenimiento en los medios de elevación, y esto es un peligro porque cualquier día de éstos puede morir alguien.»

Ayer encontrar alguien de la empresa o algún funcionario provincial dispuesto a hablar después del accidente era imposible.

La concesionaria emitió dos comunicados breves con muy poca información. Santiago Lennon, jefe de Seguridad y Pistas, dijo a Clarín que tenía «prohibido» hablar. Pablo Vuotto, gerente de Coatur, el ente que administra el cerro, dijo a Clarín que «no se puede decir nada hasta que se terminen los informes técnicos».

Quien aceptó hablar con Clarín fue el gobernador de Río Negro, Miguel Sáiz, quien aseguró que «si se prueba que la empresa Capsa incurrió en una falta grave podría rescindirse su contrato».

Mariano Cordero. BARILOCHE. ESPECIAL
bariloche@clarin.com

PUNTO DE VISTA

Inconcebible

Sí, es verdad: cualquier dispositivo mecánico puede fallar. No obstante, hay cosas que no deberían fallar. Absolutamente nunca. Jamás. Por ejemplo, las aerosillas y los ascensores. Porque exponen a un peligro extremo. Porque deberían tener un mantenimiento especialmente cuidadoso. En el caso de las aerosillas, porque pueden transformar unas felices vacaciones en una tragedia. También porque caer al vacío es una clásica pesadilla humana. En general sucede en los sueños. Otras veces, imperdonablemente, sucede también en la realidad.

María Copani
mcopani@clarin.com

Concesión muy cuestionada

La empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) es la concesionaria de los medios de elevación del mayor centro de esquí de Sudamérica. Medio año atrás, la Legislatura de Río Negro aprobó la firma de un nuevo contrato con la empresa por 20 años a pesar del rechazo de los vecinos de Bariloche, que juntaron 12 mil firmas para pedirle al gobernador Miguel Sáiz que no le renovara la confianza. Todas las cámaras empresariales, colegios profesionales y otras organizaciones no gubernamentales denunciaron que Capsa adeuda el pago de cánones, no cumplió con el cronograma de inversiones y entró en convocatoria de acreedores. Publicaron una solicitada en la que insinuaban que había existido pago de coimas para renovar el contrato. Y dijeron que la falta de inversión de Capsa significaba un duro golpe para la economía de Bariloche. Ayer, el gobernador Sáiz y el intendente de Bariloche, Alberto Icare (quien se definió a sí mismo como «la madre del acuerdo» con Capsa) fueron duramente criticados por los vecinos de la ciudad y responsabilizados por el accidente.

Una historia conocida

Al comienzo de la temporada de este año, dos esquiadores canadienses sufrieron un accidente similar al ocurrido ayer, en una aerosilla de Punta Princesa, en el sector sur del Cerro Catedral. La aerosilla se zafó de sus abrazaderas y chocó con otra sin causar heridas a sus dos ocupantes, quienes denunciaron lo ocurrido. La Secretaría de Turismo provincial inició un sumario para determinar si el accidente se había producido por falta de mantenimiento o por otro motivo, y si correspondía una sanción contra la empresa concesionaria Capsa, pero hasta ayer no había novedades al respecto. Se recuerda que en noviembre de 1998, también en el Cerro Catedral, una pareja de turistas argentinos resultó con golpes y fracturas al caer de una aerosillaque estaba a 4 metros del suelo, también de la compañía Capsa.

Fuente: Diario Clarin

Rosario (Santa Fe – Argentina). Un albañil que trabaja en una obra en construcción en San Martín 1416 cayó desde unos cinco metros de altura, por lo que debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) al fracturarse ambas muñecas.

El hecho ocurrió en San Martín 1416, donde obreros trabajan para agregar tres pisos a un edificio. Luis Nieva, de 56 años, cayó unos cinco metros, a una terraza vecina.

Nieva fue trasladado al Heca con fracturas en ambas muñecas, pero sue stado no revestía mayor peligro.

Fuente: Diario La Capital

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Trabajo clausuró la obra en construcción de San Martín al 1400

El hombre que cayó ayer del tercer piso y que dijo «estar de visita» en el lugar, es un obrero que trabajaba para la empresa.

Una inspección de la Secretaría de Trabajo junto a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), terminó ayer en la clausura de la obra en construcción de San Martín al 1400 desde la cual cayera un hombre de 56 años, tras verificar el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad exigidas por la normativa vigente. Asimismo, se determinó que el hombre que cayó ayer del tercer piso y que dijo «estar de visita» en el lugar cuando ocurrió el accidente, es un obrero que trabajaba para la empresa constructora.

La Uocra informó que el accidentado, identificado como Luis Nieves, se encontraba prestando sus servicios como obrero para la firma Roberto Rosellini. Sin embargo, este dato había sido negado en un primer momento tanto por Nieves como por su patrón, alegando que «se encontraba de visita» cuando cayó desde un tercer piso a una terraza vecina.

El justificativo hubiera evitado poner al descubierto las precarias condiciones de trabajo bajo las cuales se encuentran los cuatro operarios afectados a la obra. Entre otras, «la falta de barandas, la no utilización de arneses, y el incumplimiento de las normas de higiene», según indicó el secretario general de la Uocra, Oscar Astrada.

El gremialista destacó que «mientras dure la suspensión de la obra, el empleador deberá continuar con el pago de los salarios y recién se le levantará la sanción cuando vuelva a presentar la documentación en regla».

Astrada señaló que desde el gremio se encuentran realizando unos cuatro controles por semana para determinar las condiciones de higiene y seguridad en la que trabajan los albañiles.

A su vez, el gremialista aseguró que desde febrero de 2004, se han efectuado más de 900 inspecciones. «En Rosario hay empresarios que han comprendido y entendido lo que vale la vida humana», afirmó a Radio Dos y añadió: «Pero hay otros que no entienden y solamente tienen el signo pesos en la vista».

Desde el gremio de obreros de la construcción afirman que en este tipo de accidentes (también dirigido al caso del trabajador Jorge Madera, de 20 años que cayó de un piso 13, de una edificación de Tucumán y Belgrano) «hay una culpabilidad de las Asociaciones de Riesgo de Trabajo (ART), que van a las obras y señala lo que tiene que el empresario pero no lo obliga».

Astrada resaltó que en la actualidad unos 10 mil hombres forman parte de la actividad de la construcción y «si no tomamos conciencia todos, esto seguirá ocurriendo».

El secretario de Trabajo Carlos Corbella, confirmó la informació a Rosario/12, y reveló que «el constructor negó conocer la identidad del operario accidentado». Y agregó que «luego de comprobar las falencias en los elementos de seguridad, tales como barandas en andamios y otros elementos, el inspector clausuró preventivamente la obra». «Ahora este constructor deberá acreditar que ha tomado todos los recaudos para que sus operarios continuen trabajando para que se le habilite la obra», señaló Corbella.

Fuente: Diario Rosario/12