LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LA AGENDA PERIODISTICA
David Barstow y Lowell Bergman fueron reconocidos con el premio Pulitzer 2004 por su labor periodÃstica en la categorÃa Periodismo – Servicio Público. Los cronistas del diario The New York Times, realizaron una serie de artÃculos en los que plantearon la problemática de la salud y seguridad en el trabajo en Estados Unidos, los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de ese paÃs, el marco regulatorio y las falencias de un sistema, cuyas sanciones a los empleadores que deliberadamente, y en forma reiterada, violan las normas de seguridad, quedan en el ámbito administrativo.
Para esta edición seleccionamos â??Cuando mueren los trabajadores: Los Estados Unidos raramente pretenden lograr acusaciones por muertes en lugares de trabajo.â?? uno de los once artÃculos que conforman este trabajo de investigación.
ARTICULOS TRADUCIDOS
Cuando mueren los trabajadores
Los Estados Unidos raramente pretenden lograr acusaciones por muertes en lugares de trabajo
Por DAVID BARSTOW
Cada una de sus muertes era un crimen potencial. Trabajadores decapitados en lÃneas de montaje, destrozados en maquinarias, quemados tornando imposible reconocerlos, electrocutados, enterrados vivos â??todos ellos muertos, concluyeron los investigadores, porque sus empleadores violaron voluntariamente las reglas de seguridad del lugar de trabajo.
Estas muertes representan lo peor del lugar de trabajo de Estados Unidos, actos de fechorÃas intencionales o simple indiferencia, que matan aproximadamente 100 trabajadores por año. No fueron accidentes, ocurrieron porque un jefe retiró un dispositivo de seguridad para acelerar la producción, o porque una compañÃa hizo caso omiso de advertencias explÃcitas de seguridad, o porque a un trabajador se le negó el elemento de protección adecuada.
Y durante años, en gacetillas de prensa y testimonios del Congreso, funcionarios senior de la Administración de Higiene y Seguridad Federal han descripto estos casos como intolerables, â??historias de horrorâ?? que exigen la respuesta más fuerte del organismo. Han prometido a la prensa en repetidas ocasiones que habrÃan de presentar cargos penales contra los responsables.
Estas promesas no se cumplieron.
A lo largo de dos décadas, desde 1982 a 2002, OSHA investigó 1242 de esas historias de horror â??instancias en que el organismo mismo arribó a la conclusión de que los trabajadores habÃan muerto por las violaciones a la seguridad â??voluntariasâ?? de sus empleadores. Sin embargo, en el 93 por ciento de esos casos OSHA decidió no buscar la acusación, ha encontrado un estudio de ocho meses sobre muertes en el lugar de trabajo realizado por el New York Times.
Lo que es más, habiendo evitado una vez la acusación, al menos 70 empleadores voluntariamente violaron otra vez la legislación sobre seguridad, lo que dio como resultado un gran número de muertes adicionales. Incluso estos violadores a repetición raramente eran acusados.
La actitud de OSHA de ser remisa a tratar de lograr la acusación, según encontró el Times, persistÃa aún cuando los empleadores habÃan sido citados anteriormente por la misma violación a la seguridad. PersistÃa incluso cuando las violaciones causaron múltiples muertes, o cuando las vÃctimas eran adolescentes. Y persistió aún cuando las revisiones realizadas por los jueces administrativos encontraron pruebas abundantes de actitudes negativas voluntarias.
Detrás de esta actitud, dicen los funcionarios de OSHA anteriores y actuales, está una burocracia que trabaja a todo nivel para limitar las derivaciones penales. Describieron una burocracia que no recompensa y a veces de hecho castiga, aquellos que insisten demasiado en lograr acusaciones, y donde el cumplimiento agresivo es sofocado por etapas interminables de revisiones donde las familias de las vÃctimas quedan congeladas pero las compañÃas pueden hacer que las reglas actúen a su favor.
â??Una simple falta de voluntad polÃtica y decisiónâ??, dijo John T. Phillips, un ex administrador regional de OSHA en Kansas City y Boston. â??Uno trata de analizar porqué algo es criminal y nunca lo lograâ??.
De hecho, OSHA ha ayudado cada vez más a los empleadores, particularmente las grandes corporaciones, a evitar la amenaza de las acusaciones. Desde 1990, el organismo ha silenciosamente disminuido la jerarquÃa de 202 casos fatales de â??voluntarioâ?? a â??no clasificadoâ??, un término vago favorecido por los abogados de la defensa en parte porque virtualmente impide la posibilidad de acusación.
El examen del Times â?? basado en un análisis computarizado de dos décadas de datos de inspecciones de OSHA, asà como cientos de entrevistas y miles de registros del gobierno â?? es primer relato sistemático de cómo esta nación enfrenta a los empleadores que matan trabajadores violando deliberadamente la legislación sobre seguridad del lugar de trabajo. Identificó un total de 2197 muertes, en compañÃas grandes y pequeñas, desde corporaciones internacionales como Shell Oil a empresas familiares de plomerÃa y pintura en rincones tranquilos de Norteamérica.
Al nivel más amplio, reveló el grado en que las compañÃas cuyos actos voluntarios matan trabajadores enfrentan sanciones más leves que aquellos que deliberadamente infringen la legislación ambiental o financiera.
Para estas 2197 muertes, los empleadores pagaron 106 millones de dólares en multas civiles de OSHA y en sentencias de prisión que totalizaron menos de 30 años, encontró el Times. Veinte de esos años fueron de un caso, un incendio en una planta de pollos en Carolina del Norte que mató a 25 trabajadores en 1991.
En contraste, una empresa, WorldCom, recientemente pagó 750 millones de dólares en multas civiles por asesoramiento confuso a los inversores. El organismo de protección ambiental, solo en 2001, obtuvo sentencias de prisión que totalizaron 256 años.
OSHA muchas veces se ha convertido en un blanco fácil de crÃticas. Los trabajadores increpan al organismo por tardar años para redactar nuevas reglas de seguridad. Las empresas lo ridiculizan por hacer inspecciones poco confiables. Pero nadie discute el deber de OSHA de impedir que los empleadores maten a los trabajadores violando deliberadamente las leyes de seguridad. Pocos objetan la idea de que OSHA deberÃa por lo menos solicitar a los fiscales que analizaran dichos casos.
Sin embargo OSHA â?? afectada por las crÃticas, temerosa de la vergüenza pública – ha quedado prácticamente paralizada incluso para esta tarea, según sostienen funcionarios actuales y anteriores.
En una entrevista realizada este mes, el administrador de OSHA, John L. Henshaw, reconoció que el organismo habÃa derivado pocos casos a los fiscales. Pero insistió en que OSHA busca sanciones criminales â??en el mayor rango que la ley permiteâ?? y hace hincapié en que las muertes en el lugar de trabajo han disminuido en los últimos cinco años.
OSHA no ha tratado de conseguir más acusaciones, dijo, porque los funcionarios concluyeron que la mayorÃa de los casos simplemente carecÃan de pruebas suficientes para una condena. â??Se necesita mayor cantidad de pruebas en estos casosâ??, dijo.
Si bien es cierto en algunos casos, esto es solo en parte la explicación. Antes de que OSHA considere que una violación es voluntaria, somete el caso a un análisis especialmente intenso. A veces dedicando miles de horas a juntar las pruebas. Lo hace debido al estigma que va con ello, y debido a que la multa máxima por una violación voluntaria es 10 veces mayor que para cualquier otro tipo de violación. Solo 404 de las violaciones a la seguridad citadas por OSHA que alcanzan 83.539 en este año fueron caratuladas â??voluntariasâ??.
â??Nos aseguramos de contar con las pruebasâ??, dijo John B. Miles Jr., administrador regional de OSHA para los cinco estados sureños.
Sin embargo, cuando se trata de decidir qué hacer con dichas pruebas, muchos funcionarios actuales y antiguos dijeron que lo que rige es la cultura de la renuencia, independientemente de cuál sea el partido que controla el Congreso o la Casa Blanca.
Paul Bakewell, que recientemente se jubiló después de 26 años como inspector de OSHA y supervisor en Colorado, dijo que los inspectores encuentran tanta resistencia que el concepto mismo de tratar de obtener acusaciones penales pronto desaparece â?? especialmente porque matar a un trabajador es solo un delito menor en virtud de la legislación federal.
Personalmente no pensaba, â??¡Oh!, es una muerte voluntaria, deberÃa ser penalâ??, dijo el señor Bakewell, y agregó, â??no hace falta toda esa penuria. La verdad es siendo honesto ante Dios es que simplemente lo que va a hacer es ralentar el proceso. Ellos lo que quieren son cifras, cantidades de inspecciones, y dedicarse a uno de estos casos será negativo para unoâ??.
Una herramienta que pocos usarán
En el pasillo que lleva a la oficina de John Henshaw en Washington está atestado de posters con estadÃstica. Ã?l las llama â??métricasâ??. Las cifras impulsan la cultura de gestión en OSHA. Cuando el señor Henshaw habla de sus logros en OSHA, es parte del Departamento Federal de Trabajo, él sustenta lo que dice con cifras â?? 3000 inspecciones más este año que en el año 2000, 9000 violaciones serias más.
Pero uno de los números que falta es con cuanta frecuencia OSHA usa esta suprema herramienta de cumplimiento que es la capacidad de trasladar los casos a fiscales federales o estaduales.
La omisión tiene mucha importancia, dijeron los veteranos del organismo. Porque en OSHA, lo que se cuenta recibe recompensa. Y si no se cuenta envÃa una señal inconfundible. Si se trata de interés de llevar adelante los casos, William M. Murphy, el funcionario principal de OSHA en Cincinnati hasta su jubilación en 2002, dijo, â??nunca hemos comunicado eso al personalâ??. A comienzos de la década del noventa, OSHA acordó que los inspectores debÃan recibir capacitación para trabajar en investigaciones penales. El programa se discontinuó después de haber capacitado a menos de 100 empleados.
En 1994 el organismo formó el Comité de Cumplimiento referido a Estrategia de Litigios para enfocar los recursos en casos con â??máximo efecto disuasivoâ??. Las muertes que involucraban violaciones voluntarias estaban entre las primeras prioridades. El comité se desbandó después de unas pocas reuniones.
Dos años después, OSHA instituyó una polÃtica por la cual sus oficinas locales debÃan avisar a Washington por escrito sobre â??los casos adecuados para elevar cargos penalesâ??. La polÃtica no se ha hecho cumplir, las oficinas centrales de OSHA dijeron que no pudieron encontrar notificaciones escritas de ese tipo.
El organismo de detección ambiental tiene más de 200 investigadores penales y trabaja estrechamente con tres docenas de fiscales ambientales del Departamento de Justicia. Pero Richard E. Fairfax, director de los programas de cumplimiento de OSHA, dice que nunca conoció a William P. Sellers IV, el fiscal federal de Washington que trabaja casi totalmente sobre delitos de seguridad en el lugar de trabajo. â??Conozco el nombreâ??, dijo el señor Fairfax en agosto, â??pero no lo ubicoâ??.
De hecho, si bien el señor Henshaw y sus asistentes principales de Washington insisten en podar cualquier multa propuesta que supere los 100.000 dólares, dijeron que virtualmente no desempeñaban ningún rol en decidir cuándo el organismo trata de presentar acusaciones penales. Esa decisión, dijeron, ha caÃdo prácticamente en su totalidad en las manos de los funcionarios locales y regionales de OSHA y los abogados del Departamento de Trabajo.
Y sin embargo, por lo menos en una región del paÃs, los inspectores de OSHA han recibido instrucciones por escrito de no iniciar contacto con las autoridades de cumplimiento de la ley estadual, cuya legislación local con frecuencia ofrece sanciones penales más fuertes y más flexibles.
Hasta que se le presentaron los resultados del estudio realizado por The Times, el organismo nunca habÃa encarado un estudio global de la frecuencia con la que morÃan trabajadores por violaciones de seguridad voluntaria. The Times trató de identificar cada una de estas muertes en el lugar de trabajo de los últimos 20 años. También siguió los pasos de cada acusación, sentencia y prisión que fuera resultado de esas muertes y analizó cada una de las multas civiles.
Las muertes fueron la razón de 1798 investigaciones, 1242 realizadas por OSHA. El resto fue realizado por los 21 estados y un territorio con sus propias versiones de OSHA. Pero con unas pocas excepciones, estos organismos estaduales han sido tan dubitativos en cuanto a la presentación de cargos, como el organismo federal OSHA.
En total, The Times encontró 196 casos que fueron derivados a fiscales estaduales o federales, que resultaron en 81 sentencias y 16 sentencias a prisión.
El señor Henshaw declinó comentar especÃficamente sobre los hallazgos de The Times, pero dijo que consideraba que era una prioridad importante tratar de lograr acusaciones por violaciones voluntarias que matan. â??Tenemos una legislación en virtud de la ley de higiene y seguridad que nos da herramientas, tanto civiles como penales, para cumplir nuestra responsabilidad y corregir los lugares de trabajoâ??, dijo. â??Y es eso lo que estamos tratando de hacerâ??.
Altos obstáculos desde adentro
Cuando la gente de OSHA explica su renuencia a presentar cargos penales, a veces empiezan señalando el ejemplo de Ronald J. McCan.
El señor McCan, que era el administrador regional de Chicago a comienzos de la década de los ochenta, fue de los primeros en dedicarse intensamente a las acusaciones penales. TenÃa un abordaje simple, sin tonterÃas. Si se producÃa una muerte por una violación voluntaria se debÃa derivar el caso al Departamento de Justicia sin demora.
Sin embargo, en los dÃas iniciales del gobierno de Ronald Reagan, comentó en una entrevista reciente, esa polÃtica trajo una clara negativa de los nuevos funcionarios de OSHA nombrados polÃticamente. Doce veces intentó conseguir la acusación. â??Todas fueron negadasâ??. Poco después, dijo, que lo retiraron de su cargo y lo transfirieron con tanta frecuencia que terminó viviendo en una carpa para evitar trasladar nuevamente a su familia.
â??QuerÃamos impedir que la gente matara a otras personasâ??, dice el señor McCan, ahora jubilado, â??querÃamos generar un ejemplo de esas pocas personas que hacen tanto daño a la sociedad por su propio beneficioâ??.
Pero ese impulso â?? que muchos inspectores de OSHA comparten claramente â?? con frecuencia está relacionado con un instinto más profundo de evitar acciones que pueden atraer el escrutinio indeseado de Washington. Ese instinto se refuerza, según dicen muchos empleados de OSHA, por un brazo oscuro pero poderoso del Departamento de Trabajo, la oficina del abogado general, que supervisa el trabajo de los aproximadamente 500 abogados de dicho departamento.
El abogado general, nombrado polÃticamente y que se reporta al secretario de Trabajo, toma la decisión final sobre si el caso se deriva al Departamento de Justicia. Thomas Williamson Jr., el abogado general del Departamento de Trabajo durante el gobierno del presidente Bill Clinton, llamaba a la oficina del abogado general un â??control del punto de ahogoâ?? â?? Un mecanismo que entre otras cosas protegÃa los flancos polÃticos del secretario de Trabajo.
Y según la opinión del señor Williamson, derivar casos involucra riesgos que OSHA no se puede permitir. â??Uno pierde controlâ??, explicó. â??Uno empieza a acusar a las personas de delitos y después se los declara inocentes, uno termina por destruir la credibilidad del organismoâ??.
Por su parte, el señor Phillips, el ex administrador regional, dijo â??yo tuve más peleas con nuestros propios abogados que con los abogados de cualquier empleadorâ??.
Joseph M. Woodward, el abogado más importante de OSHA en el Departamento de Trabajo describió el trabajo de su oficina como necesario y prudente. Estos son casos en los que alguien ha muerto y uno está viendo si quizá fue una violación deliberada de la norma, por lo tanto son casos de muy alta prioridad, dijo el señor Woodward. â??Es una acusación muy seria y uno no quiere hacerla a menos que piense que está asegurada y de que va a poder ganar. Por lo tanto uno la analiza con mucha mayor carga de la pruebaâ??.
Sin embargo el resultado práctico, según dicen funcionarios actuales y antiguos de OSHA, es que para incluso tener una posibilidad de derivar, el caso debe pasar por un umbral no escrito que tiene poco que ver con los requerimientos legales concretos. En entrevistas, los investigadores de OSHA usaron palabras como â??cortina de humoâ?? y â??bola de nieveâ?? para describir las objeciones legales que encuentran.
â??No solo debe ser voluntario, debe ser obscenamente voluntarioâ??, dijo Jeff Brooks, que dedicó 16 años a trabajar como inspector y supervisor antes de dejar el organismo en el año 2001. â??Si no buscaron con malicia y a propósito matar a esta persona, entonces no se presenta una acusaciónâ??.
Lo que esto significa, dicen, es que los fiscales con frecuencia nunca llegan siquiera a evaluar casos con evidencia incriminatoria de actividades criminales. En 1998, por ejemplo, los inspectores concluyeron que las violaciones voluntarias de la seguridad habÃan dado como resultado que un trabajador fuera aplastado por un camión en Beaver Falls, PA. Encontraron que el empleador, Venango Environmental, hacÃa mucho que sabÃa que esa máquina tenÃa frenos y dirección defectuosos. Un juez administrativo dijo que el caso estaba â??repleto de pruebasâ?? de que Venango habÃa cometido violaciones voluntarias a la seguridad.
El caso no fue enviado a los fiscales.
En entrevistas, una cantidad de fiscales federales dijeron que estarÃan contentos de tomar más de estos casos. Pero Joseph A. Dear, que actuó como administrador de OSHA durante el gobierno del presidente Clinton, hizo hincapié en que tal ansiedad no era universal. â??Después que uno hace el trabajo, obtiene el legajo perfecto, dijo, â??uno se lo lleva a un abogado de los Estados Unidos y dicen, â??¿Es un delito menor?â??
Vida humana versus un burro acosado
Cuando el Congreso creó a OSHA en 1970, hizo que causar la muerte de un trabajador violando las leyes de seguridad voluntariamente fuera considerado un delito menor. La sentencia máxima, seis meses en prisión, es la mitad del máximo por molestar a un burro salvaje en terrenos federales. Con más de 5.000 muertes en el trabajo cada año, los expertos en seguridad y algunos miembros del Congreso hace tiempo que sostienen que se podrÃan salvar centenares de vidas si los empleadores enfrentaran una amenaza de acusación creÃble.
â??Un funcionario de la compañÃa que viola la legislación de OSHA voluntariamente tiene mayor chance de ganar la loterÃa del estado que de ser acusado penalmenteâ??, dijo un informe del Congreso de 1988.
En realidad era una exageración de las posibilidades para gran parte del paÃs. Durante las dos décadas que abarcó el estudio de The Times, en 17 estados, el distrito de Columbia y tres territorios, no hubo una sola acusación por violaciones voluntarias que mataron a 423 trabajadores. Se han hecho repetidos esfuerzos por transformar en un delito mayor causar la muerte de un trabajador. Pero cada uno de esos esfuerzos fue contrarrestado por una fuerte oposición de los republicanos y de muchos demócratas. Sin embargo el Congreso acordó en 1984 como un paquete más amplio de reforma de sentencias, aumentar la multa penal máxima a 500.000 dólares de los 10.000 que era entonces. Y en 1991, aumentó las multas civiles. Pero, sin embargo, el elemento disuasivo adicional aparece modesto.
Desde 1982 hasta 1991, la multa media por una violación voluntaria que matara a un trabajador era de 5.800 dólares, según el estudio de The Times. En 1991, esa media ha sido 30.240 dólares.
Un cambio mucho menos publicitado ha erosionado cualquier potencial remanente de acusación. A partir de 1990, con una muerte en una planta empacadora de carne en Nebraska, OSHA comenzó a acceder a las demandas de los empleadores de que reemplazaran la palabra â??voluntarioâ?? con â??no clasificadoâ?? en las citaciones que involucraban muertes en el lugar de trabajo.
â??No clasificadasâ?? era un término inventado por los abogados que se especializan en defender a las corporaciones contra OSHA. En realidad la palabra no aparece en ninguna parte de la ley o de las reglamentaciones que rigen a OSHA. Pero el manual de campo del organismo permite la designación de â??no clasificadoâ?? cuando un empleador está dispuesto a corregir las condiciones inseguras â??pero desea evitar la percepción pública adversa unida a una violación voluntariaâ??.
El señor Woodward, el abogado principal de OSHA, reconoció que los empleadores â??podrÃan ocasionalmenteâ?? presionar para obtener violaciones no clasificadas a fin de minimizar su responsabilidad penal. Pero defendió el arreglo como una solución intermedia útil.
Las empresas, como explicó, â??pueden llegar a ser todo lo que uno quiere que hagan en lo que se refiere a reparar el problema y hacer que el lugar de trabajo sea más seguro para los trabajadoresâ??. Pero el punto más importante, dijo, era â??que no querÃan admitir que hubiera sido voluntarioâ??.
Cuando OSHA decidió no acusar después de una explosión fatal en una refinerÃa de propiedad parcial de Shell, Delaware lideró el cargo.
(Robert Craig/The News Journal, 2001)
Las corporaciones importantes y sus abogados han tenido cada vez más éxito en persuadir al organismo de eliminar la palabra â??voluntariosâ??, según encontró The Times. El organismo lo ha hecho incluso por empleadores que han mostrado repetidamente una falta de consideración deliberada por la legislación sobre seguridad por la legislación sobre seguridad, que dio como resultado múltiples muertes.
Los efectos de la nueva polÃtica los han sentido las familias en varios pueblos pequeños de todo el paÃs, donde, a lo largo de la última década las refinerÃas y plantas petroquÃmicas de propiedad única o compartida de Shell Oil, han estallado por las violaciones a la seguridad.
Cada pueblo a su turno fue consumido por los desastres, los funerales y el trabajo de limpieza ulterior, y cada una de las veces los investigadores de seguridad aparecÃan y acababan llenando gruesos legajos con los detalles de cómo la gerencia habÃa dejado de prestar atención a riesgos conocidos. Con frecuencia las violaciones de seguridad eran exactamente las mismas de planta a planta. Y sin embargo en cada caso los abogados defensores persuadÃan a los reguladores de caratular las violaciones más flagrantes como â??no clasificadasâ??.
En Belpre, Ohio, una explosión en 1994 mató a tres trabajadores. OSHA la llamó una â??reacción quÃmica fugitivaâ?? y culpó a una pobre capacitación, mantenimiento inadecuado, mal equipo y supervisión descuidada.
Anacortes, Washington, un pequeño pueblo en Puget Sound, se sacudió con las explosiones el dÃa antes de Acción de Gracias de 1998. El mantenimiento necesario se habÃa aplazado, según encontraron los investigadores, y las promesas de mejoras a seguridad no se habÃan realizado, murieron seis hombres.
Casi tres años después, en la ciudad de Delaware, una dotación estaba trabajando cerca de un tanque lleno con ácido sulfúrico usado en la refinerÃa Motiva, una planta con una larga historia de pérdidas, lesiones y muerte. Los gerentes habÃan emitido la orden de trabajo a pesar de las advertencias de los empleados de que el tanque estaba muy oxidado y pasada la fecha de mantenimiento, según los registros de los tribunales y los documentos de OSHA. Una soldadora incendió los vapores que salÃan por las fugas, y la explosión hizo volar a Jeffrey Davis, de 50 años, dentro del tanque. El ácido consumió todo, excepto los avÃos de acero de sus botas.
Luego, el año pasado, murió un trabajador en la planta de Shell de Geismar, La. Los inspectores de OSHA estuvieron más de 12.000 horas documentando una serie de violaciones de seguridad prevenible.
En total, Shell y sus socios pagaron 4,3 millones de dólares en multas de OSHA por las 11 muertes, sumas demasiado pequeñas para causar una hemorragia significativa a los beneficios de Shell. No hubo admisión de culpabilidad, ni derivación a los fiscales.
â??Cuando uno habla de acuerdos, esencialmente las reglas desaparecenâ??, dijo Robert C. Gombar, un abogado de Shell en las explosiones de Anacortes y Delaware. La firma del señor Gombar, Mac Dermott, Will & Emery, de Washington, publicita en su sitio Web que â??fue pioneroâ?? en el uso de violaciones no clasificadas para evitar â??complicaciones innecesarias causadas por carátulas dañinasâ??. En los casos de Shell, dijo el señor Gombar, la compañÃa simplemente convenció a OSHA de que no debÃa citar violaciones voluntarias. â??Saben que vamos a iniciar un litigio y vamos a ganarâ??, dijo.
En una declaración escrita, Shell dijo que no la trataron de forma diferente a cualquier otra compañÃa y que su â??mayor prioridadâ?? era la seguridad de sus empleados.
Esa no fue la responsabilidad que muchas de las 11 familias habÃan visualizado.
Dyna Fry se enteró en el noticiero de la noche que su esposo Woody estaba entre los muertos en Anacortes. Ella se agotó tratando de encontrar lo que habÃa ocurrido. DecÃa que deseaba que hubiera un juicio penal para que los gerentes se vieran forzados a â??tomar contacto visual con mi familiaâ??.
â??Hubiéramos trabajado en McDonaldâ??s durante el resto de nuestras vidas si esto hubiera significado que alguien iba a ir a la cárcel por estoâ??, dijo Nicole N. Granfors, cuyo padre, Ronald J. Granfors, murió en Anacortes.
En Delaware, el congresista del estado y senadores escribieron al señor Henshaw este año, le exigieron que diera cuenta de la â??inexplicable decisión de OSHAâ?? de reducir las violaciones en la ciudad de Delaware. El manejo de OSHA de este caso, escribieron, habÃa incrementado â??el trauma emocional de la familiaâ??.
En respuesta, el administrador suplente de OSHA, R. Davis Layne, escribió que el organismo habÃa simplemente â??ejercido su discreción de acusaciónâ?? para llegar a un arreglo en un caso disputado. â??Las familias, explicó, no son consultadas respecto de asuntos confidenciales del litigioâ??.
Pero si OSHA no pensó que tenÃa potencial para ser un caso penal, la fiscal general de Delaware, M. Jane Brady, sà lo hizo. En una entrevista, recordó la reacción sorprendida de un abogado de Motiva cuando anunció su intención de buscar una acusación: â??Seguramente se trata de una bromaâ??.
Este verano Motiva no impugnó el cargo de homicidio culposo penal y agresión, la segunda acusación de tal magnitud en la historia del estado. Se ordenó a la compañÃa pagar 46.000 dólares de multas, en ese entonces el máximo en virtud de la legislación estadual, y 250.000 dólares más a un fondo para las vÃctimas. Poco después, Delaware cambió su legislación para permitir multas mucho más elevadas.
Una respuesta de los estados
Si bien en algún momento el gobierno federal era el regulador dominante en lo referente a seguridad en el lugar de trabajo, actualmente está quedando atrás de una cantidad creciente de estados.
Por lo menos cuatro estados exigen ahora que los inspectores de seguridad notifiquen a los fiscales de las muertes causadas por violaciones de seguridad. Once estados han incrementado la estancia en prisión más allá del máximo federal de seis meses. En Michigan, California y Arizona, ahora no solo es un delito cometer violaciones a la seguridad que matan, sino también violaciones a la seguridad que causan lesiones severas.
Nuevamente este año, se escucha hablar de endurecer la legislación federal. Hace tres meses en una evaluación del manejo por parte de OSHA de muertes entre trabajadores inmigrantes, el inspector general del Departamento de Trabajo recomendó que OSHA estudiara el efecto disuasivo potencial de convertirlo en un delito mayor el hecho de cometer violaciones voluntarias que matan. En el Congreso, el senador Jon S. Corzine, un demócrata de Nueva Jersey, está proponiendo legislación para aumentar la sentencia máxima a 10 años desde los seis meses actuales.
Al igual que los esfuerzos previos, éste también encontrará resistencia fuerte.
â??Obviamente no vamos a apoyar la expansión de las penas criminalesâ??, dijo Randel K. Johnson, vicepresidente de asuntos de trabajo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
En OSHA, el señor Henshaw recientemente ordenó algunas nuevas métricas. Después de que The Times buscara comentarios sobre sus análisis, pidió a su organismo que realizara su propio estudio. Los resultados, dicen sus ayudantes, reflejan con mucha semejanza los encontrados por The Times.
Ellos sostienen, sin embargo, que 151 casos no podrÃan haber sido derivados a los fiscales federales porque las violaciones voluntarias eran de la â??obligación generalâ?? de los empleadores por proporcionar un lugar de trabajo seguro, no de una norma de seguridad especÃfica. La legislación federal, dijeron, no permite que se haga la derivación en dichos casos. Aceptaron, sin embargo, que dichos casos podÃan haber sido derivados a fiscales estaduales y locales.
No obstante, el señor Henshaw dejó en claro que no veÃa necesidad de cambiar la legislación ni el manejo por parte de OSHA de estos peores casos de muerte en el trabajo.
â??Deben recordarâ??, dijo, â??nuestra tarea no es generar las estadÃsticas individuales que alguna gente quiere ver. Nuestra tarea es corregir el lugar de trabajoâ??.
Remy Gerstein y Robin Stein aportaron entrevistas adicionales para este artÃculo. Los análisis de datos estuvieron a cargo de Tom Torok.
6 del 22 de diciembre de 2003 (Copyright © 2003/ The New York Times Co.)
Traducción del inglés: Lidia Wassertheil
BiografÃas: http://www.pulitzer.org/year/2004/public-service/bio/
ArtÃculo original: www.pulitzer.org / Premios Pulitzer: www.pulitzer.org
Fuente: www.srt.gov.ar
