Siete de cada 10 son mujeres y niñas y el 25% tiene menos de 18 años. Por cada persona sometida a trabajo esclavo en áreas productivas o de servicios, se obtienen 7.500 dólares ilegales. En América Latina y en Argentina el impulso no es a combatirlo, sino a transformarlo en norma.
Les lectores pueden opinar que la última frase es una exageración ideologizada, porque ¿cómo puede un sistema que ha triunfado en el mundo por su eficacia para producir bienes y servicios, someter a millones a formas de esclavitud que degradan la condición humana?
Dos respuestas rápidas: nunca el capitalismo en ninguna de sus fases tuvo como objetivo primario ni secundario dignificar la condición humana, sino garantizar la reproducción del capital y la propiedad privada (sin importar el origen de los fondos que la consagran, de ahí las guaridas fiscales y los circuitos de lavado a escala planetaria).
La otra sería más bien un pase de autoría, no juzguen al columnista porque esa aseveración, coronada de datos impactantes, pertenece a un informe de una organización internacional creada en 1919 por las potencias capitalistas que firmaron el Pacto de Versalles y financiada por la Organización de las Naciones Unidas (donde no talla ningún país comunista y el populismo tiene una representación desvalida): la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ente supranacional que también cuenta con financiamiento de los Estados Unidos, la guarida fiscal más importante del mundo y donde se lavan buena parte de los USD 150.000 millones que el trabajo forzoso genera por año en todo el mundo y es denunciado en este informe.
Insert oportuno: el diario más viejo es uno que nadie lee, el Boletín Oficial, que en su edición del 27 de marzo publica la Resolución General 10/2024, que al derogar la Resolución 8/21 que controla el accionar de las sociedades extranjeras en nuestro país y regula la inscripción y funcionamiento de las sociedades offshore. Lo que, mientras se hace prensa con la lucha contra el narcotráfico, nos prepara para transformarnos en un laverap de dinero sucio, ya sea proveniente del tráfico de drogas, de la evasión fiscal o la trata de personas.
Pero ya asociamos al trabajo a palabras como “esclavo” y “forzoso”. Veamos qué es lo que la OIT y el resto de las organizaciones que lo relevan, entienden por trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud abierta o disimulada.
Forzoso es “todo trabajo en que las personas están obligadas mediante el uso de la fuerza o intimidación, por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenaza de denuncias ante autoridades de inmigración”. Aquí es clave el concepto de involuntariedad, porque supone que el trabajador no puede prestar consentimiento libre ni con conocimiento de causa para empezar el trabajo o renunciar a él. Suspiran aquí, aliviados, decenas de empleadores rurales y urbanos que –si bien contratan en negro, pagando jornales miserables, en condiciones infrahumanas de higiene y seguridad y reteniendo documentación– no obligan, sino que mienten, prometen condiciones inexistentes ocultando las reales, que una persona en posición de elegir no hubiese aceptado.
Nos encanta debatir el desarrollo de las notas con lectores del todo el arco ideológico, introducir en la escritura una polifonía que el análisis del discurso estudia hace décadas. Prestemos atención a la platea de la centro-izquierda, repleta de plebeyos militantes y burgueses bien intencionados que rugen: “Cuando el desempleo y la pobreza campean, como ahora mismo que se perdieron más de 120 mil empleos, con 21 millones de pobres y 6,5 millones de indigentes, ¿qué trabajos y condiciones se pueden elegir? Si lo único que hay es trabajo indecente, ¿no hay trabajo forzoso también ahí?
Contesta la OIT: no, esas condiciones de exclusión están establecidas en el artículo 2, párrafo 2, del Convenio 29 sobre Trabajo Forzoso, que también deja fuera el trabajo penitenciario por ejemplo. Contesta el redactor: no, porque hay consentimiento, aunque vulnerado por la situación económica y social imperante, incluso cuando las condiciones sean inhumanas, indecente es robar o matar.
Mano en alto que repregunta: “Pero el que esclaviza y no declara trabajadores y evade impuestos, ¿no roba?”. Sí, pero paremos con la polifonía, esa es otra nota. Avancemos en el informe que define un negocio multimillonario que quiere cobertura legal, en nuestro país y en el mundo entero.
Adam Smith y David Ricardo, esos zurdos disfrazados de capitalistas
El zurdaje de hoy es el liberalismo de antaño, incluso el conservadurismo europeo que creía (aún lo cree) que el capitalismo para perpetuar su conflictivo maridaje con la democracia debe garantizar mínimas condiciones de bienestar para amplios sectores sociales; es decir que hay que asegurar que alquilen, coman, se vistan, vayan al cine o al restorán de vez en cuando y consuman pequeños artefactos, para que no se angustien, se asocien, protesten y enrarezcan el buen clima de negocios que debe imperar para que capital se realice.
Visto desde la relectura histórica que propone el presidente Milei y su tribu libertaria, son todos zurdos, desde los padres del liberalismo moderno como Hobbes, Locke, Malthus o el dictador civil de Napoleón, hasta los recontra rojos de Marx y Engels.
La OIT también, pues sostiene que el trabajo forzoso es una forma de esclavitud moderna que somete a casi 50 millones de personas, una de cada 150 en el mundo y que las estimaciones para 2024/2034 prevén un aumento ya que éstas condiciones no son transitorias, sino que llegaron para quedarse por años.
El informe incluye un dato que en pleno Siglo XXI puede parecer extraño y es que varios millones de niñas y mujeres han sido obligadas a contraer matrimonio de manera forzada, que supone un trabajo forzoso que puede significar en términos de la OIT una “cadena perpetua”.
¿Y en Argentina cómo estamos? En principio con un presidente dice que la justicia social es violenta, que debe acabarse el trabajo estable e impulsa reformas para precarizarlo y tiene desatada una guerra casi personal contra el feminismo, negando que las mujeres sean un colectivo postergado ni sometido.
Pero cierto es también que durante los últimos 20 años se tomaron medidas significativas para combatir la trata laboral y sexual y el trabajo forzoso, como la sanción de la Ley 26.842/2008 sobre la Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus víctimas y la creación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. Ley que se pone en línea con los mejores estándares internacionales en la materia y que notablemente –siendo que “afecta la rentabilidad de empresarios notables”– no figura entre las derogadas ni mutiladas en la extinta Ley de Bases o el DNU70 que promete volver y ser decenas de otras leyes.
No estamos dando ideas a nadie, está claro que al Estudio Bruchou & Funes de Rioja no se le debe haber escapado y debe estar preparando una segunda etapa de reformas estructurales en la cual el único límite al capital sea la destrucción global del planeta…ah tampoco ese? Pero dejemos eso en manos de los que saben.
Lo cierto es que para que la trata laboral prolifere, asediada eso sí por autoridades tales como el RENATRE, el Comité contra la Trata de Personas o programas del Ministerio de Justicia (PROTEX), no hace falta derogar ninguna ley.
Les proponemos a nuestros lectores que en el dispositivo que prefieran consulten Google, escriban simplemente “trata de personas + Argentina”, filtren las noticias del último mes y se encontrarán decenas de resultados tales como “allanaron un establecimiento dedicado a la producción de ladrillos y rescataron a siete víctimas de trata laboral”, “Prefectura rescató dos víctimas de trata en Neuquén”, “Gendarmería rescató a una víctima de trata en Misiones” o “Asistieron a 22 personas en el marco de una causa por Trata de Personas con fines de explotación laboral”.
Es cierto que sin leyes sancionatorias no habría procedimientos y el trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud no sería ilegal. Hay poderes que no se equivocan: primero dan la batalla cultural y cuando el “no tendré dignidad, pero tengo trabajo” sea consenso social, dan la batalla por la legalidad.
Pero presentemos otros datos llamativos. El informe asegura que ninguna región del mundo está libre de trabajo forzoso; la región de Asia (con India y China incluidas y sumando) y el Pacífico exhibe más de la mitad del total mundial con 15,1 millones de personas, Europa y Asia Central aportan otros 4,1 millones, África alcanza los 3,8 millones, las Américas someten a 3,6 millones de personas y los Estados Árabes a 0,9 millones.
Otro dato importante y que desafía lo esperable es que este tipo de esclavitud no es inversamente proporcional con la riqueza de los países, sino que más de la mitad del trabajo forzoso se presenta en países de ingresos medios y altos.
Expresado en proporción a la cantidad de habitantes sí encontramos que en los países de ingresos altos 4,4 por cada mil personas padece situaciones de explotación y que 6,3 por mil lo sufren en países de ingresos medios o bajos.
Y si nos adentramos en los dos subsectores del mercado de empleo y trabajo, el estatal y el privado, es el privado el que más esclaviza por lejos con un 86% del total, el 63% en la economía de servicios e industrial y el 23% en la explotación sexual comercial forzosa.
Si analizamos por sectores de actividad económica, la industria manufacturera, la construcción, la agricultura (excluida la pesca) y los servicios (excluido el trabajo doméstico) explican el 87% del total de forzados a trabajar. La minería subterránea y a cielo abierto, los operarios de buques pesqueros de alta mar y las personas obligadas a realizar actividades ilícitas registran valores menores, pero siguen siendo cientos de miles de personas.
Finalmente, dos cifras que afectan a sectores vulnerables: un total de 3,31 millones o el 12% de todas las personas sometidas a trabajo forzoso son niños, en el caso de las mujeres las posibilidades de coacción se agravan por las probabilidades de ser objeto de violencia física y sexual y los migrantes tiene tres veces más probabilidades de ser explotados que los trabajadores no migrantes o nativos.
Las recomendaciones de la OIT suponen más legislaciones protectivas y recursos para hacerlas realidad con la promoción de actividades de sensibilización y fiscalización por parte de los Estados; que implicaría un mayor presupuesto para hacer realidad lo que la misma Organización denomina “justicia social para el desarrollo sustentable” y que supone el concurso de las empresas y “los inversores” (un llamado al capital que repara lo que daña el capital).
Pero, como todos y todas sabemos, la OIT es como un reservorio de conciencia del capitalismo, un marco ético y moral para el trabajo que no obliga, apenas recomienda, en un contexto nacional y mundial en el que de hace plata con plata más que con trabajo, donde no parece útil distinguir trabajo decente o indecente y en el que muchas veces, directamente no hay trabajo.
