La nueva norma permite a trabajadores reclamar que se retorne a la situación laboral anterior o una indemnización por despido. La modificación altera facultades del empleador.
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite a los trabajadores exigir judicialmente regresar a las condiciones de trabajo alteradas unilateralmente por el empleador.
La modificación entrará en vigencia en mayo próximo luego de que el Congreso sancionara la ley 26.088, que habilita a los trabajadores a reclamar que se retorne a la situación anterior, cuando se produzca una alteración de las condiciones de trabajo.
Ley 26.088
El nuevo artículo establece que el empleador puede realizar cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, siempre y cuando los mismos no importen:
– Un ejercicio irrazonable de esa facultad.
– No alteren las modalidades esenciales del contrato.
– No causen perjuicio material ni moral al trabajador.
En caso de que se produzca una alteración en las condiciones de trabajo, vedando las medidas dispuestas por el nuevo artículo, el trabajador tiene dos opciones:
– Considerarse despedido sin causa y reclamar la indemnización correspondiente o;
– Solicitar judicialmente permanecer en su puesto de trabajo, en cuyo caso la empresa debe mantenerlo en las condiciones pactadas originalmente hasta tanto recaiga sentencia definitiva.
En el último supuesto, el reclamo judicial tramitará por la vía del juicio sumarísimo (que estipula plazos mucho más breves que un juicio común), debiendo el empleador mantener el statu quo del trabajador, hasta tanto no se dicte sentencia.
Críticas del sector empresarial
La polémica reforma recibió un duro cuestionamiento por parte del sector empresarial, quienes sostuvieron que la misma es arbitraria, restringe las facultades de organización y gestión empresariales, y va en contra de las necesidades de la empresa.
La ley avanza sobre las facultades del empleador, quien es el único que puede organizar económica y técnicamente la empresa y disponer en su caso los cambios que sean necesarios para la consecución del fin empresario.
La nueva norma preocupa a los empresarios, ya que podrían aumentar los juicios contra las compañías.
Por eso los empresarios reclamaron que se modifique la legislación para que la acción judicial entablada por el trabajador no origine el efecto de suspender los cambios en las condiciones de trabajo introducidos por el empleador que, como tales, generaron el conflicto.
Así, los empresarios sostienen que la demanda judicial funcionará como una suerte de amparo que le impedirá al empleador innovar, es decir, tomar decisiones que involucran cuestiones de organización y dirección de la compañía.
Finalidad de la norma
El abogado de la CGT Héctor Recalde, que preside la comisión de Legislación Laboral y defendió el proyecto en el recinto, aseguró que la intención de la iniciativa «es preservar sobre todo el puesto de trabajo.
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Verónica Morelli
vmorelli@infobae.com
