En los ‘90 la ley de Riesgos del Trabajo intentó poner límites a la litigiosidad desmesurada, creando seguros para compensar derechos lesionados. Pero las fisuras legales del texto terminaron agravando el escenario.
Santa Fe encabeza el ranking nacional de litigiosidad por accidentes o enfermedades laborales. Cada 10 mil trabajadores en actividad, hay en la provincia 232 reclamos; en el listado nacional le siguen Mendoza con 178 demandas y Córdoba con 173 expedientes iniciados, siempre sobre la misma cantidad de trabajadores en relación de dependencia.
Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), entre enero de 2002 y junio de 2012, se iniciaron 255.000 juicios por demandas por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o accidentes in itinere,que es la cobertura extendida al tránsito fuera de horario, en el camino hacia y desde el lugar de trabajo.
La evolución que han tenido los juicios demuestra la dimensión del problema. En 2003, se presentaron casi 3.000 demandas judiciales en el país, en 2011 fueron más de 57.000 y se estima que cuando finalice este año, habrá otros 66.000 juicios en trámite.
En el informe de Uart se menciona que, hasta junio de este año, sobre el universo total de juicios, Capital Federal era la jurisdicción con más demandas, seguida por Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Pero si ese dato se toma teniendo en cuenta la cantidad de juicios iniciados cada 10.000 trabajadores, el ranking lo encabeza la provincia de Santa Fe. A nivel país, el promedio de juicios esperados para 2012 es de 77 cada 10.000 trabajadores; si se excluye de ese análisis a los 5 principales distritos, el promedio desciende a 33 juicios.
La solución que sumó problemas
La ley 24557 (sancionada a fines de 1995) que creó las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo buscaba ordenar la prevención y dar cobertura por accidentes o enfermedades laborales, para terminar con la denominada “industria del juicio”; los empleadores quedaron desde entonces obligados a contratar el seguro, en tanto que los eventuales damnificados en accidentes o enfermedades no podían iniciar acciones civiles salvo que padezcan consecuencias de ilícitos.
Sin embargo la Corte Suprema declaró inconstitucional la clausura de la acción civil, por entender que la ley no podía inhibir un derecho consagrado, lo que dejó abierta la “doble vía”. Las cámaras empresarias se quejan desde entonces porque deben afrontar el costo del seguro obligatorio y al mismo tiempo el de los juicios y eventuales indemnizaciones, ya que los trabajadores o sus familiares, pueden reclamar judicialmente si no están conformes con la cobertura del seguro, tras un accidente o enfermedad profesional.
En la práctica, el fisurado marco legal abrió la puerta al retorno de la industria del juicio en el campo laboral, con el consiguiente crecimiento exponencial de las demandas judiciales desde 2003/2004 en adelante.
El camino de elegir una de dos alternativas
En 2009, por decreto, la presidenta de la Nación subió los topes indemnizatorios de las distintas contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo, al entender que la “industria del juicio” tenía en los montos atrasados del seguro, un argumento fuerte para la demanda judicial.
Además la Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó la creación de un Seguro de Responsabilidad Civil por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (conocido popularmente como Responsabilidad Civil Patronal) para cubrir indemnizaciones judiciales por encima de las establecidas en la regulación de las ART.
En los últimos días fue la presidenta quien retomó la iniciativa de buscar un nuevo texto legal. Propuso -en el marco de la celebración del día de la industria- un mecanismo para que el Consejo del Salario Mínimo y en paritarias, en acuerdo de empleadores y sindicatos, se actualicen los montos indemnizatorios, y que en definitiva el trabajador eventualmente damnificado opte por cobrar ese seguro o reclamar ante la justicia, pero no cobrar y mantener abierta la vía judicial.
“Si al trabajador le parece que no es suficiente (la indemnización de la ART), tiene todo el derecho porque no hay legislación en el mundo que pueda impedir que alguien inicie un juicio”, dijo la mandataria, quien descartó la posibilidad de volver a cerrar la demanda civil por cuanto “invariablemente va a ser declarada inconstitucional”.
59 % se redujo la mortalidad en el trabajo con las ART desde 1996.
El sistema fue más efectivo a la hora de prevenir, que es lo más importante; pero aún debe ajustar mecanismos a la hora de afrontar consecuencias.
La litigiosidad no solo le quita competitividad a la economía, sino que la parte del león -y discúlpenme mis colegas- normalmente se la quedan los estudios jurídicos y los abogados y no los trabajadores”.
Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación
Accidentabilidad
La tasa que mide la frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) también es alta en Santa Fe. Los datos de 2010 -últimos disponibles en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- indican que la provincia concentra 528.772 trabajadores cubiertos por las ART y 37.128 accidentes o enfermedades con baja. Es la segunda a nivel nacional con 70 casos cada mil trabajadores (Mendoza 73 y promedio país 55). Pero a diferencia de los juicios, la accidentabilidad viene en baja en todos los rubros; incluso en construcción, se pasó de 162 a 151 AT/EP cada mil obreros.
De la redacción de El Litoral
economia@ellitoral.com
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