Salud laboral. Sindicatos, asociaciones y la Universidad consensuaron un proyecto que elevarán a legisladores de Santa Fe.
Buscan modificar la actual legislación y promueven actualizar el registro de enfermedades profesionales.
El Gran Rosario lanzó su propia propuesta para reformar la ley de riesgos del trabajo (LRT) que por estas horas concentra el debate entre el gobierno y los empresarios. Ayer un grupo de asociaciones gremiales, políticas y representantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) firmaron un acta en la delinearon el borrador de un proyecto de ley – que acercarán a los legisladores provinciales para que impulsen su tratamiento – en el cual plantean el regreso a un sistema público para la protección de la salud de los trabajadores.
Entre los principales lineamientos, el proyecto contempla que el sistema de riesgos del trabajo esté integrado a la seguridad social de la Argentina, que sea sin fines de lucro y esté centrado en la prevención y no en las ganancias de las compañías.
Por otra parte, plantea la creación de la figura del delegado que tenga a su cargo el relevamiento de las necesidades de los trabajadores en el área de salud laboral y la creación de un manual de enfermedades profesionales actualizado.
Así lo plantearon ayer los dirigentes sociales y políticos que se reunieron en una jornada de reflexión y durante la cual firmaron un acta en la que expresaron el consenso de todos los sectores.
La propuesta cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, la carrera de especialización en medicina del trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y la de especialización en higiene y seguridad del trabajo de la Facultad de Ciencias Exactas.
También está respaldado por los siguientes gremios: Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosario (Sitratel), Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución (UOM), Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial, Sindicato del Seguro, Asociación Bancaria Rosario, Asociación de Trabajadores del Estado Rosario (ATE), Sindicato de Prensa, Sindicato de Trabajadores de Garages y Estaciones de Servicio, Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), Coordinadora de Asociaciones Docentes de la UNR (Coad), Sindicato de Camioneros de San Lorenzo, Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina (Asimra); CGT San Lorenzo, Asociación de Magisterio de la Provincia de Santa Fe (Amsafé), Sindicato de Aceiteros y Sindicato de Químicos de San Lorenzo.
Un paraguas para todos
Los mentores de la propuesta están interesados en que los beneficios de la nueva ley alcance a todos los trabajadores del país, incluso aquellos que actualmente están excluidos del sistema formal e independientemente del tamaño de la empresa en que se desempeñan y de la modalidad de contratación.
Por otra parte, a la hora de mostrar las deficiencias que enfrenta el actual sistema citaron como clave las limitaciones – presupuestarias, de logística, de competencia y de conocimientos – que tienen actualmente los organismos encargados de la inspección del trabajo. Esta situación «impide la realización de intervenciones eficaces y eficientes para verificar el cumplimiento de la ley», señalan.
El director de la carrera de especialización en medicina del trabajo de la Facultad de Medicina, Jorge Kohen, precisó que la propuesta surgió como una respuesta a la demanda que plantean los propios trabajadores. «Hasta el momento la voz de los trabajadores no fue escuchada, por eso consideramos que el acta es un hecho muy auspicioso», dijo.
Por otra parte, Kohen consideró que «la actual ley es una ofensa hacia los trabajadores, acumulación para sistema capitalista y los sectores financieros y por eso consideramos que la nueva legislación debe ser parte de un sistema público e integrado al sistema social de la Argentina, sin fines de lucro, centrada en la prevención y no en la obtención de ganancias», puntualizó el dirigente.
Los sectores que impulsan la medida sostienen que el Estado debe «autoasegurarse» y por tanto hacerse cargo del sistema a partir de lo que recauda. «La gestión debe ser estatal y controlada por los trabajadores», destacaron.
Sistema de protección
La propuesta consensuada ayer plante además la designación de un delegado «para garantizar que no existan represalias con los trabajadores que planteen problemas en el ámbito de la seguridad laboral», señaló Kohen. Asimismo, la propuesta prevé la creación de comités mixtos y paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
Kohen mencionó además que sería fundamental la elaboración de un manual con las enfermedades profesionales, que actualmente casi no son reconocidas por las aseguradoras pero que sufren muchos trabajadores. Así, hizo referencia puntualmente a: problemas mentales, de columna, várices o sorderas.
En tanto, en el acta rubricada ayer los gremios y asociaciones firmantes dedicaron un capítulo a la función de la Superintendencia de Riegos del Trabajo. «Debe supervisar y controlar el sistema nacional de riesgos del trabajo para asegurar su cumplimiento e incorporar nuevos conocimientos para el beneficio de la salud de los trabajadores», señalaron.
Por otra, propusieron que las resoluciones de las comisiones médicas estén integradas por personal idóneo que surja de concursos de antecedentes y las resoluciones de las mismas puedan ser apeladas por los trabajadores de manera simple.
Además, el acta planeta que las distintas instancias donde se evalúan los accidentes y enfermedades puedan ser presenciados por un profesional de confianza de los trabajadores.
El proyecto incluye además la equiparación del valor de la vida de un trabajador al que establece el Código Civil, el derecho a elegir la forma en que debe ser abonada la indemnización y la obligación del Estado de insertar en el mercado laboral a los familiares de los trabajadores que sufran accidentes laborales que los incapaciten para realizar su actividad.
Patricia Martino / La Capital
