Intensifican los controles de seguridad en las construcciones.
La Secretaría de Trabajo salió a constatar que los albañiles tengan arneses, cascos y guantes protectores.
La Secretaría de Trabajo provincial suspendió nueve obras en construcción en las últimas dos semanas y presentó ayer una demanda penal sobre una de ellas por seguir en actividad a pesar de que se le habían aplicado sucesivas clausuras. Así, en la ciudad donde prácticamente no hay manzana en la que no se levante un nuevo edificio, se están aplicando multas que van desde los 4 mil a los 7 mil pesos en promedio por constatarse que los obreros no trabajan con los elementos de seguridad que obliga la ley.
Arneses, barandas, cascos, guantes protectores e interruptores de electricidad brillan por su ausencia en muchas de las 500 obras de propiedad horizontal que en este momento están en actividad en Rosario, y donde trabajan unos 10 mil albañiles, según aseguran desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
«Estamos trabajando con dureza. Este año veníamos sancionando un promedio de una obra por semana; ahora hemos multado nueve en sólo 15 días y a una la demandamos penalmente», remarcó el director provincial de la Secretaría de Trabajo, Carlos Corbella.
El boom de la construcción en Rosario y la muerte de un operario ocurrida el mes pasado en una obra de Tucumán y avenida Belgrano (ver aparte) obligó a los cuatro inspectores de la repartición a salir a la calle con uñas y dientes. Desde la secretaría remarcaron que la dinámica se duplicará en pocas semanas cuando se agreguen otros cuatro inspectores que no sólo controlarán las obras de la ciudad sino también las de otras localidades del sur de la provincia.
Sin dudas la mano dura se aplicó a rajatabla con un edificio de 10 pisos que se está levantando en Santiago 837 con el trabajo de 11 obreros.
El secretario general de la Uocra, Hugo Astrada, asegura que desde febrero del año pasado a la fecha, el gremio acompañó con sus veedores la inspección de 900 obras. Y le dijo ayer a La Capital que sus inspectores tenían en la mira a este edificio desde hace bastante tiempo. «El 5 de julio le presentamos una nota a la secretaría, que tiene el poder de policía. Pedimos que se clausurara de una vez por todas la obra, que trabajaba sin elementos indispensables de seguridad», dijo el gremialista.
Desde la repartición provincial se hicieron eco de este reclamo. «La suspendimos la semana pasada por no tener barandas para prevenir caídas, pero siguieron trabajando, por eso presentamos ayer (por anteayer) una denuncia penal. No dudaremos en seguir con esta tónica cada vez que constatemos que se está poniendo en riesgo la vida de los obreros», señaló Corbella.
Sobre este caso en particular intervino el coordinador provincial de Higiene y Seguridad, Héctor Carletti. «Vamos a clausurar las empresas constructoras que sigan adelante tras una sanción; pero igual deberán pagarles a sus empleados y no podrán seguir en obra, hasta que resuelva la Justicia», advirtió.
Ambos funcionarios consideraron que este crecimiento de las sanciones está relacionado con el hecho de que en la ciudad están construyendo muchas empresas «pequeñas y nuevas».
«Notamos – dijo Corbella – que las grandes constructoras usan los elementos de seguridad y capacitan a sus trabajadores, pero muchas otras, las más inexpertas, no. Esto no se arregla con más inspectores sino con una seria cultura de higiene y seguridad, algo que no sólo involucra a los empresarios sino también a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y a los ingenieros que deben trabajar en cada obra».
Apurados para terminar
Para Carletti el problema resulta, entre otras cosas, de la presión por cumplir los tiempos de trabajo. «Con esto pasa como con el conductor de un coche, si se apura tiene más probabilidades de chocar. Acá ocurre lo mismo, con tal de cumplir los plazos hacen mover a los obreros hasta los días de lluvia y todos saben que en construcción eso es un riesgo», remarcó.
La fórmula para establecer la sanción a las obras en infracción es sencilla. Por cada riesgo constatado, el titular de la empresa constructora debe abonar 200 pesos por empleado. Así lo explicó Carletti, quien además aclaró que hay diferentes sanciones en juego. Hay obras que se suspenden sólo en algunos pisos, pero hay otras que se cierran totalmente hasta tanto se haya cumplido con las exigencias de higiene y seguridad que obliga la ley. Esto es justamente lo que sucedió con las nueve construcciones suspendidas en las últimas dos semanas.
«Tratamos de llevar adelante una actitud docente y cautelar más que sancionatoria. Primero advertimos la falta de seguridad, luego intimamos con una multa, y la tercera vez vamos directamente a la Justicia. Eso sí, en caso de peligro suspendemos directamente», aseguró.
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