Gustavo trabajó durante 10 años en un taller mecánico. Desde hace dos no lo hace más porque un torno le trabó el brazo y se lo partió en tres. Por el accidente laboral Gustavo se dirigió a un abogado y luego de escuchar la recomendación del letrado inició una demanda. El juicio, a pesar del accidente, no favoreció al trabajador. El abogado, como corresponde, cobró por su trabajo. El que pagó los costos de la demanda fue el dueño del taller. Hoy tal taller no existe más porque, según lo que dice su propietario, el juicio que terminó ganando increíblemente lo quebró. Gustavo está sin trabajo y sin un peso. Es que la ley indica que el abogado cobra un porcentaje por el monto de la demanda, y que en el caso de que el trabajador pierda el juicio la empresa tiene que pagar los gastos del abogado y luego cobrarle ese monto al trabajador. Esta última instancia es casi imposible de llevar a cabo en la realidad.
El ejemplo es uno de los tantos que preocupa a miles de empresarios de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del país que ven que desde que los trabajadores pueden iniciar ante un accidente de trabajo juicios por doble vía (laboral y civil), el límite entre seguir al frente de la compañía o bajar las persianas depende más de la suerte, que de cómo se desenvuelvan en los negocios.
En promedio un juicio laboral ronda los u$s 30.000 y desde que comenzaron los de doble vía se registraron alrededor de 65.000. Por ende, las demandas hoy suman cerca de u$s 2.000 millones a las cuales hay que agregarle unos u$s 600 millones de gastos (honorarios, peritos, etc). Si se tiene en cuenta que en la Argentina el 95% de las empresas son Pymes, y que las Pymes ocupan a más del 90% de los trabajadores, se está a las claras ante un problema.
La semana pasada el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y el superintendente de ART, Juan González Gaviola; recibieron a la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente, Héctor Méndez; el secretario de la entidad, José Ignacio de Mendiguren; y el abogado Daniel Funes de Rioja. También estuvieron presentes los representantes de los trabajadores: el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y el abogado laboralista, Héctor Recalde.
Así y luego de un largo debate se resolvió llamar a un consejo consultivo permanente (lo integran trabajadores, empresarios y el Gobierno). Las fuentes oficiales indicaron que el motivo del llamado fue que los negociadores llegaron a la conclusión de que si bien el tema de la doble vía es importante, no es el único en el que está embarcada la seguridad laboral hoy. En realidad se llamó al consejo porque surgió algo inesperado: los empresarios industriales le dijeron a Tomada que no es lógico que las empresas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no hayan aumentado desde que se instrumentó la doble vía las indemnizaciones laborales. En términos llanos esto significa que cada enfermedad o discapacidad que sufre un trabajador está tarifada por el seguro. La queja de los hombres de la UIA radica en que el pago que una empresa realiza a la ART está atado al sueldo del trabajador. Por lo tanto, cada aumento de sueldo que pagan las empresas también engrosa la caja de las aseguradoras, pero no la indemnización del trabajador. A la UIA, esta última parte no es la que la desvela. Lo que sí la inquieta es que si la indemnización no es apetecible, los trabajadores están más dispuestos a realizar juicios civiles que laborales.
Con este panorama el Gobierno volvió a llamar a la UIA. Así el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió a De Mendiguren; y a los vice de los fabriles, Federico Nicholson y Adrián Kaufmann Brea, representantes también de Ledesma y Arcor respectivamente.
En el encuentro el ministro les dijo que había una voluntad de la presidenta, Cristina Fernández, de resolver el problema de la doble vía y enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley. Eso sí, antes el jefe de Gabinete se habría encargado de aclararles a los representantes industriales que todos los proyectos que estuvieron dando vuelta y que habían sido originados en la UIA o en la CGT no convencieron. Parece que en todos los casos había un denominador común: o beneficiaban a los abogados o a las ART, pero ninguno favorecía a los trabajadores.
Por Horacio Riggi.
Horacio Riggi Editor de Negocios: hriggi@cronista.com