En 2009 hubo 8.386 litigios, mientras que al finalizar 2010 no llegarían a 5.000. Hace un año, la Superintendencia llamó la atención a la Justicia provincial.
Juan González Gaviola. Superintendente de ART.
Tras las investigaciones que inició la Justicia provincial, la cantidad de juicios laborales tramitados en los Juzgados de Conciliación de la ciudad de Córdoba caerán este año 43 por ciento respecto a 2009. Esa es la proyección de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, anticipados a este diario por su titular, Juan González Gaviola.
La baja es general en todo el país –26 por ciento menos de litigios– pero no tan pronunciada como en Córdoba. Lo cual parece confirmar las presunciones previas sobre la existencia de una industria del juicio en la provincia basada en la simulación y exageración de enfermedades laborales.
Y así lo entiende González Gaviola: “La caída fundamental se produjo después de las acciones del fiscal Enrique Gavier”, elogió el funcionario nacional.
Gavier desbarató en agosto pasado una organización de abogados y médicos que operaba en la provincia y que presuntamente defraudó a la ART Provincia del Banco de Buenos Aires, que supo estar contratada por la Municipalidad de Córdoba.
El fiscal imputó y dispuso la prisión preventiva de nueve profesionales, situación procesal que fue apelada y está actualmente a decisión de la Cámara de Acusación.
Gavier comprobó 288 casos de empleados en los que se fraguó la existencia o la dimensión, tanto de accidentes como de enfermedades laborales.
La investigación de Gavier está concentrada en un grupo particular, con una ART y una entidad (el municipio) damnificadas. Pero los datos que llamaron la atención sobre lo que sucedía en Córdoba tienen una envergadura que trasciende a sólo una decena de particulares y un par de damnificados.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart) había establecido que, por cada 10 mil trabajadores cubiertos en la provincia se iniciaban, por año, 210,8 juicios laborales, la cifra más alta del país, mientras en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal la cantidad de litigios iniciados era de 35,8.
“Este año la proyección es que bajen al 43 por ciento”, destacó González Gaviola y dijo que por primera vez se revirtió la tendencia en alza.
Era (¿es?) un verdadero sobrecosto estructural para la economía. De hecho, las empresas cordobesas afrontaban un riesgo mucho mayor de afrontar costosos juicios o de tener que pagar primas de riesgo más altas a las ART, dada la mayor litigiosidad que suponía trabajar en Córdoba. La Superintendencia había estimado esos sobrecostos en 100 millones de pesos al año.
“Hemos visto que se genera el fraude en particular en las enfermedades profesionales no listadas (dolor de espalda, hernias, várices, dolor de cuello) o algunas listadas como la hipoacusia”, señaló González Gaviola. Reveló que en 2009 los litigios por enfermedades no listadas en los Juzgados de Conciliación de la ciudad de Córdoba fueron 8.386, mientras que hasta el 1° de diciembre de este año se registraban 4.600. Resaltó que las proyecciones indican que hasta fin de año los juicios no llegarán a cinco mil.
En ese contexto, remarcó que si se compara el período de julio a diciembre de este año respecto a igual lapso de 2009, “la caída en las enfermedades no listadas es de casi el ciento por ciento, por lo cual es como si hubieran desaparecido”.
“Hoy Córdoba dejó de ser proporcionalmente la provincia con más juicios y Santa Fe pasó a ser la primera”, indicó el funcionario.
No obstante, remarcó que “hay muchísimos juicios laborales” contra la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Córdoba. Parece haber un ensañamiento contra el sector público, tal vez porque en esas áreas nadie pierde plata de su propio bolsillo si hay litigios exagerados.
–En los litigios, ¿hay irresponsabilidad de las ART al aceptar un arreglo que se sospecha fraudulento?
–Sí. Nosotros le hemos llamado la atención. No somos contrarios a la conciliación, pero decimos que no se puede conciliar cuando el accidente o la enfermedad no existen. Por eso hemos sido muy estrictos en exigir que previo a una conciliación se tomen medidas para determinar la veracidad de lo denunciado. Es cierto que tener que provisionar dinero con juicios cuyos intereses crecen hace que se genere una tendencia en las ART a arreglar, que se ven prácticamente forzadas a hacerlo, pero no se puede arreglar de cualquier manera. Si no, se retroalimenta el circuito.
–¿Hay una propuesta de cuantificar las indemnizaciones de cada lesión?
–La ley prevé eso e incluso que haya un guarismo y es el que utilizan las comisiones médicas y en algunos juzgados se usa y en otros no. Hay más de 600 juzgados laborales en el país con peritos con distintos niveles de calificación. En muchos casos hay regímenes de honorarios donde si uno no ve nada, no cobra nada. Y no hay colegiaturas que velen por la calidad profesional ni auditorías.
