Enrique, Gregorio y Luis apenas cupieron en el más profundo de los sótanos de la torre B-2 de Pemex cuando entraron a ajustar los pilotes que previenen que el gigantesco edificio se incline.
Para cualquier observador el sitio era inhóspito, de techo bajo, mínimo para no golpearse la cabeza, profundamente oscuro y con paredes lisas de cemento, pero para los tres trabajadores de Conservación de Pilotes de Control S.A. (Copicosa) era su lugar habitual de trabajo.
De acuerdo con el peritaje oficial de la tragedia que mató a 37 personas, en ese sótano se había acumulado gas por fugas en la tubería que daba servicio a la torre B-2 del complejo de Petróleos Mexicanos sobre la avenida Marina Nacional de la Ciudad de México (hay varios edificios de Pemex en la zona, muchos de ellos interconectados por un subsuelo que –vaya ironía– hace décadas solía albergar una empresa gasera).
El dictamen oficial, donde se compendian las opiniones nacionales e internacionales de quienes analizaron la zona siniestrada, concluye que alguno de los tres trabajadores de Copicosa encendió un cigarrillo o hizo alguna conexión eléctrica que generó una chispa. Esa chispa se encontró con la cantidad de gas acumulada y voló tres pisos del edificio. Murieron los tres.
La investigación marca que Copicosa omitió medir los niveles de gas en el sótano, cosa que se debe hacer siempre como medida básica de seguridad industrial. Nadie sabía que aquel sótano se había convertido en una potencial arma destructora.
Una doble negligencia -la fuga y la chispa– que el 31 de enero de este año, faltando aproximadamente 15 minutos para las 4 de la tarde, derivó en el fallecimiento de 37 y dejó heridas en más de 100 personas.
Desde un inicio, peritos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República analizaron la tragedia. La indagatoria se la quedó la PGR, primero en manos del entonces subprocurador Alfredo Castillo (hoy titular de la Profeco) y luego recayó en personas de la mayor confianza del procurador Jesús Murillo Karam.
En la víspera de la visita de Barack Obama a México, el prestigiado The New York Times publicó que miembros de la Agencia para el control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) fueron segregados de la investigación oficial mexicana cuando abanderaron la hipótesis de que la explosión era un bombazo. En la PGR desestimaron la publicación argumentando que la ATF, en contra de todos los demás peritos nacionales y extranjeros, quiso “empujar” lo del atentado porque eso convenía a sus intereses injerencistas.
SACIAMORBOS
Retraso sorprendente, inusual, en la emisión del calendario escolar del ciclo entrante, 2013-2014. Quizá tenga que ver con que, por vez primera en muchos años, vendrá firmado sólo por el titular de la Secretaría sin la rúbrica de la máxima autoridad sindical al lado. Prometen que en dos semanas se divulga.
Por Carlos Loret de Mola A.
