Es un mecanismo por el cual la administración municipal asume el riesgo de accidente laboral y ya no contrata aseguradoras. Apuntan a ahorrar unos 15 millones al año.
La Municipalidad de Córdoba se suma a una práctica que inauguró el municipio de Rosario en 1996 y que ya adoptaron numerosas administraciones provinciales y municipales: reemplazar las pólizas por riesgos del trabajo de aseguradoras privadas para sus empleados por el régimen de autoseguro administrado por el Estado con supervisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Ese régimen está previsto en la ley de Riesgos del Trabajo, y en esencia supone que los organismos públicos – también pueden hacerlo las empresas privadas con muchos empleados – asumen el riesgo por la salud de sus empleados, tanto en lo que hace a atender patologías laborales y las prestaciones dinerarias establecidas por ley, como a mejorar las condiciones de trabajo para evitarlas.
En 2011, el municipio gastó una media de dos millones de pesos mensuales en las primas de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) Horizonte, es decir, unos 24 millones, de los que quedó debiendo más de 11 millones de pesos.
Desde la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Córdoba aseguran que el municipio de Rosario erogó cerca de dos millones de pesos durante todo el año pasado en la cobertura de accidentes o patologías laborales de sus empleados, que son más que los de Córdoba. El esquema rosarino fue imitado por numerosas administraciones, y Córdoba también lo tomó como modelo.
“La Municipalidad puede cumplir todas las exigencias legales para autoasegurar a sus empleados, trabaja para mejorar las condiciones de trabajo y además por esta vía va a lograr un ahorro de por lo menos 15 millones de pesos anuales”, indicó Diego Dequino, secretario de Economía.
En este momento, el municipio se encuentra “en trámite de autoseguro”. La homologación deben realizarla la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Para avanzar en esa instancia, el intendente Ramón Mestre creó la Subdirección de Atención de Riesgos del Trabajo, a imagen y semejanza del municipio de Rosario. Esto supone la creación de tres áreas específicas de prevención, prestaciones en especie (atención médica) y prestaciones dinerarias (indemnizaciones). La estructura se desarrolla con personal municipal.
Según explicó Dequino, en la actualidad se avanza en los convenios con prestadores médicos de primer nivel para la atención de patologías laborales.
Luego de Rosario, fue la provincia de Santiago del Estero la segunda en implementar el autoseguro hace una década. No obstante, fue en los últimos años cuando las administraciones más grandes asumieron por sí mismas los riesgos del trabajo: se sumaron Buenos Aires, Santa Fe y la Provincia de Córdoba, que instrumentó ese mecanismo a partir de 2010, con plena vigencia desde 2011.
En el caso de la administración provincial, el autoseguro es administrado por Asecor SA, una entidad que organizó, coordina y administra por cuenta y orden de la Provincia de Córdoba los servicios y prestaciones previstos en la ley 24.557. El decreto del ex gobernador Juan Schiaretti y estableció esa modalidad, hacía referencia a las mismas causas que hoy invocan los mestristas: el alto costo de las aseguradoras privadas.
Si el costo de las ART es oneroso en todo el país, en Córdoba los motivos del autoseguro son más: según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las primas son 17 por ciento más caras que en el resto de las provincias, dada la altísima litigiosidad. La Justicia investiga supuestos fraudes detrás de esos juicios a las ART. La pesquisa comenzó justamente en la Municipalidad de Córdoba.
Una prestación que vuelve a la esfera pública
Régimen de ART. Desde 1996, la Municipalidad de Córdoba contrata seguros privados para cubrir el riesgo laboral de sus empleados. En 2011, la ART Horizonte le cobró casi dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones anuales. El municipio le adeuda a esa firma varios meses.
Régimen de autoseguro. El municipio asumirá por sí mismo la cobertura de los riesgos laborales de sus empleados, bajo supervisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Estiman que la administración logrará un ahorro mínimo de 15 millones de pesos al año.
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