El presidente Evo Morales anunció el día 28 la ejecución de una serie de políticas gubernamentales efectivas para acabar con la semi esclavitud de familias del pueblo guaraní, que habitan en el sureste de Bolivia.
«Vino conmigo la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, para que pueda garantizar la liberación de los hermanos indígenas guaraníes, es decir que acabe con las familias cautivas y que acabe con la esclavitud o semi esclavitud con una serie de políticas. Esa será la tarea de la ministra de Justicia», afirmó el jefe de estado boliviano.
Además, Morales garantizó que su gobierno implementará la autonomía, el modelo de desarrollo y producción, de seguridad laboral para los pueblos indígenas a fin de consolidar la «liberación» de ese pueblo cautivo.
Estas declaraciones las realizó en una ceremonia de celebración de los 119 años de la gesta del municipio de Kuruyuki de la provincia Cordillera de Santa Cruz, en un acto en el que estuvo acompañado de la ministra de Justicia; la ministra de Autonomías, Claudia Peña; la ministra de Desarrollo, Nemesia Achacollo; el ministro de Trabajo, Daniel Santalla y el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Por su parte, el ministro Romero dijo que desde 1995 supo que en las áreas guaraníes, en el Chaco cruceño y chuquisaqueño, existían familias de esta nación originaria que vivían en situación de esclavitud.
Según el ministro, se trabajó en un plan entre el gobierno y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) con el fin de acabar con las comunidades prisioneras con la dotación de tierras.
Pese a este trabajo, fue evidente que aún existen comunidades guaraníes que se encuentran en situación de esclavitud.
Unas 600 familias guaraníes de la región boliviana del Chaco son sometidas a servidumbre y trabajos forzosos.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundido en 2011 instó al Estado de Bolivia a «prevenir, investigar y sancionar estas formas contemporáneas de esclavitud».
Según la investigación de la CIDH, en el Chaco boliviano, una región fronteriza con Argentina y Paraguay, persiste el fenómeno conocido como ‘comunidades cautivas’, grupos de personas, en los que también hay menores y discapacitados, sometidos a servidumbre por supuestas deudas y a trabajo forzoso en haciendas.
El informe refleja que estos indígenas viven en una situación de «excesivo trabajo físico», con jornadas laborales de más de doce horas al día y bajo amenaza de aplicación de castigos corporales.
Para la Comisión, esto representa «indudablemente una forma contemporánea de esclavitud que debe ser erradicada».
En 2008, el intento del gobierno boliviano de aplicar un proceso de titulación de tierras en la zona provocó choques entre funcionarios e indígenas guaraníes con terratenientes de la zona.
El gobierno de Morales, en coordinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), trabajó un plan involucrando algunos ministerios para dotar de tierras a las comunidades guaraníes destinado a liberar a las comunidades cautivas que se encontraban en situación de esclavitud.
El ministro Romero aseveró que el plan se implementó con el financiamiento del Fondo Indígena y con las regalías del petróleo, que «sirvieron» para liberar comunidades que se encontraban en situación de esclavitud, aunque insistió que aún existen familias guaraníes sometidas y que se continuará trabajando en su liberación.(Xinhua)
29/01/2012