El dato es contundente y da por tierra los prejuicios que asocian la trata de personas únicamente con el delito de explotación sexual. De enero a agosto de este año, se rescataron 380 víctimas explotadas laboralmente. “Ha habido una abolición de la esclavitud en los papeles, pero no en la realidad”, expresó Alejandro Basiliquiotis, delegado en Entre Ríos del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Se define a la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajo o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La definición de la Guía de Buenas Prácticas para “Un tratamiento periodístico responsable sobre el delito de trata de personas”, publicada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) evidencia la complejidad de este delito y pone en crisis el prejuicio -alimentado por intereses sectoriales- que reduce la trata de personas a la explotación sexual.
Las estadísticas al respecto son contundentes y dejan poco margen a la especulación: según el último informe realizado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en lo que va del año (del 1 de enero al 31 de agosto), del total de las víctimas rescatadas y/o asistidas (668), más de la mitad (388) provienen del ámbito laboral rural, mientras que, en segundo lugar, pero a una distancia considerable, se ubican las víctimas de explotación sexual (250 personas). Completan el cuadro otros casos, como las personas que son reducidas a la servidumbre (10 casos); los matrimonios forzados (2) y las personas que transportan estupefacientes en frontera (1), entre otras.
Estos números no son aislados, ni mucho menos. En el informe del año pasado, las víctimas de explotación laboral ascendían al 68%, o sea: siete de cada diez personas asistidas y/o rescatadas eran explotadas laboralmente, mayormente en el ámbito rural.
“Ha habido una abolición de la esclavitud en los papeles, pero no en la realidad, y esta circunstancia hace que la maximización de las ganancias y la acumulación mafiosa del capital de grades sectores transnacionales sigan considerando la reducción a la servidumbre o al trabajo esclavo como formas de desarrollo del capital”, cuestionó Alejandro Basiliquiotis, delegado en Entre Ríos del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
“Ese modus operandi es irradiado a organizaciones más chicas que también lo aplican con el fin de maximizar sus ganancias, por ejemplo, en las organizaciones coercitivas que vemos en los medios de comunicación últimamente. Días atrás, por ejemplo, se hizo un allanamiento en Concordia, en lo que popularmente es denominada secta, y se rescataron doce personas, incluidos menores”, ilustró el funcionario durante su paso por Gualeguaychú, a donde llegó para abordar una nutrida agenda de compromisos y actividades.
En este sentido, Basiliquiotis hizo marcado hincapié en el “Informe Mundial sobre Trata de Personas 2022”, realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se destaca el trabajo del Comité argentino y sus resultados: actualmente el país está entre los 30 Estados (de 188) que más esfuerzo hace contra la trata de personas a nivel mundial y que mejores resultados ha tenido.
En el capítulo referido a la Argentina, dicho informe recomienda: 1) Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos provinciales y las ONG para combatir este delito; 2) Revitalizar los esfuerzos para abordar la trata laboral, incluido el enjuiciamiento y condena de los tratantes laborales y la identificación proactiva de las víctimas; 3) Incrementar el número de inspecciones laborales y asegurar que las inspecciones se realicen en sectores informales y áreas rurales y 4) Mejorar los esfuerzos para recopilar e integrar datos sobre estadísticas de aplicación de la ley y asistencia a las víctimas.
“La trata de personas es el tercer delito más rentable del mundo”
¿Qué hace el Estado argentino para enfrentar a un delito tan invisibilizado o naturalizado como la trata de personas en el ámbito laboral? “En este sentido, nuestro director, Gustavo Vera, tuvo una reunión con el secretario general de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), en la que integró a representantes de la Embajada de Estados Unidos y de la que participó también RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores). En esta instancia se habló de la necesidad de profundizar el trabajo que se lleva a cabo respecto a la prevención y al control para poder tener más resultados en este tema tan complejo y tan presente, desde siempre, en un país agroexportador como el nuestro”, puntualizó Basiliquiotis.
La reunión a la que hace referencia tuvo lugar el miércoles 28 de setiembre en la sede de Jefatura de Gabinete, donde Vera, director del Comité nacional, propuso que, a través de la Cancillería, se arbitren los medios para poner en foco a las empresas que exportan a los Estados Unidos y tienen dentro de su cadena de producción situaciones de explotación laboral. Y solicitó construir mecanismos ágiles de cooperación con el Departamento de Trabajo de los EEUU, para que esas empresas no queden impunes en el comercio internacional.
“La trata de personas es el tercer delito más rentable del mundo, luego del narcotráfico y la venta de armas”, informó el delegado paranaense. Y, crítico, graficó: “En la actualidad, nos hemos retrotraído a un estado de pre Estatuto del Peón de 1944, sancionado por Juan Domingo Perón, donde se reconocen los derechos de los trabajadores rurales. Hoy, la explotación se está desarrollando tanto sobre nuestros bienes naturales como sobre los trabajadores, no hay diferencia en este sentido, es la misma explotación bajo el mismo sistema. No podemos seguir tolerando esta circunstancia y el Estado argentino tiene una gran responsabilidad en el trabajo que debe llevar adelante para la detección y persecución de este delito”.
“Los sectores exportadores son quienes sostienen mayormente estas prácticas, pero no por ello condenamos a los trabajadores rurales o ‘al campo’, como se lo llama. Sino a los grandes sectores que se enriquecen de esta manera”, diferenció Basiliquiotis. Al tiempo que remarcó la preocupante estadística elaborada por la UATRE, de las que se desprende que “de 750 mil trabajadores existentes, 500 mil no están registrados en nuestro país, estamos hablando de personas argentinas, sin tener en cuenta a los inmigrantes de países periféricos que no están siquiera registrados en el RENATRE”.
De hecho, ha sido el mismo secretario del gremio de los Trabajadores Rurales y Estibadores y director del RENATRE, José Voytenco, quien ha denunciado públicamente que en el sector rural “se trata mejor a las vacas que a los trabajadores”, quienes, en muchos de los casos, duermen bajo silobolsas sostenidas por palos, trabajan más de 12 horas por día y perciben menos de un salario mínimo, vital y móvil ($51.200 en septiembre; $54.550 en octubre y $57.900 a partir de noviembre).
Lo particularmente llamativo es que, si bien los casos de explotación laboral rural son la modalidad de trata de personas más experimentada y denunciada en el país, las sentencias judiciales para estos casos son las menos.
“Inclusive, en el informe del Departamento de Estado de EEUU puntualizan sobre esta realidad, cuando marcan que las sentencias por explotación laboral son mínimas, mientras las sentencias por explotación sexual son mayoritarias. Al revés de cómo funcionan los rescates y las estadísticas actuales”, expuso el funcionario entrerriano, para quien esto sucede, entre otras cosas, porque en nuestra cultura “está naturalizada la explotación rural, entonces los funcionarios judiciales tratan como precarización laboral a situaciones que deberían ser consideradas trata de personas”.
Línea 145
Brinda protección, asistencia integral y especializada a las víctimas, para facilitar la restitución de derechos y funciona de manera gratuita, anónima las 24 horas de los 365 días del año.
17.979 víctimas
Desde la sanción de la Ley 26364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (año 2008) hasta el 31 de agosto de 2022 se han rescatado y/o asistido a un total de 17.979 víctimas en el país.
