Convencido que la historia debe ser escrita sobre la base de la democracia, es necesario rememorar en abril, los 50 años de la Ley 19587/72, una ley impropia para los tiempos que vivimos.
Leyes legales, pero no legítimas, todos los gobiernos de facto generaron su propia legislación, pero solo el último creó un órgano específico para ello: la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). Allí, integrantes de las tres armas redactaron leyes que aún hoy conviven en democracia.
Contexto Político
Según reza en el expediente creado por la (CAL), Comisión de Asesoramiento Legislativo, órgano muy activo entre 1976 y 1983, el 21 de abril de 1972, hace 50 años, se promulgó la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 bajo la firma del General A. Lanusse, expresidente de la Nación Argentina y su ministro de trabajo Rubens San Sebastián, en su anexo el Dec. 4.160/73 y lo conferido en la ley 20.524, donde aquel 22 de mayo, quedo firmada por JR Videla y su ministro de Trabajo Horacio Tomás Liendo, a una ley improcedente a los tiempos que vivimos.
La ley-decreto 19.587 nacido de la “Revolución Argentina”, nombre que la dictadura cívico-militar, se trata de una ley emanada de un gobierno dictatorial, que aún sigue vigente al igual que su principal reglamento, el decreto 351/79, ratificada en el Pacto Federal del Trabajo Ley 25.212.
La esencia de la norma fue básicamente, mostrar una imagen del gobierno más humana y respetuosa de los derechos de los trabajadores en la asamblea general de la OIT, organismo de la ONU, del cual la Argentina es país signatario y a partir de la reforma constitucional de 1994 en su art.75 inc. 22º, con el pequeño detalle, que en ningún párrafo se hablaba de “Derechos de los Trabajadores”, como derecho a la participación y el derecho fundamental de parar el trabajo o negarse a trabajar cuando está en inminente peligro la vida y/o salud.
Ley 19587/72, no tiene que ver en absoluto con los trabajadores y sus derechos, ni con el movimiento sindical organizado nacional, ni regional, ni mundial; festejar en la semana de la Higiene y Seguridad que va del 21 al 28 de abril, es aplaudir y convalidar su despotismo plasmado en una norma netamente tecnocrática desprovista de todo sentido humanista y contradictoria en sí misma, como se decreto 351/79, bajo la firma de Videla y Liendo como ministro de trabajo.
Llega a ser tan endeble y se puede ver en la registración de accidente anuales, ya que pasa a ser u mero trámite, y cada día es un poco menos seria la registración de víctimas en el ámbito laboral de cualquier estamento, o al menos algo dudosa o cuestionable, con una ley, repleta de parches, acéfala, improcedente, en plena crisis institucional, con más de un 50% de pobreza y desempleo, siendo de las 24 provincias, Buenos Aires la mayor en distribución porcentual de casos de ocurrencia de accidente, con el 40%. Formosa es la más baja, con el 0,4%, siendo Mendoza la quinta en accidente laborales.
Convencido que la historia debe ser escrita sobre la base de la democracia desde 1983, y con el paso de muchos presidentes y de distintos signos políticos, varios proyectos de mejoramiento, sigue en algún cajón, y la salud y seguridad en el trabajo sigue siendo una gran deuda de la clase política y gremial del País.
Esta gran deuda debe ser parte de los planes, tanto del gobierno, gremios y empresas a fin de custodiar las nuevas matrices productivas, incluyendo las Industrias Renovables, y velar por una tendencia a la baja, constante y continuada, de los accidentes de trabajo en todas su formas y tipologías. Además de afrontar una transición hacia nuevas modalidades de trabajo, como la generalización del teletrabajo, que está brindando nuevas oportunidades, pero también está proyectando nuevos riesgos potenciales para la seguridad y la salud en el trabajo, especialmente los riesgos psicosociales.
Esta realidad es conocida por parte de los profesionales que estudian esta carrera, que fueron durante algunos años rehenes de los colegios de Ingenieros y los colegios técnicos a nivel nacional, por una errónea interpretación de la Resolución 201/01 de la SRT, la cual llevo a varias luchas provinciales para lograr sus colegios propios, en más de 17 provincias, donde nuclean por derecho primigenios, inalienables, a sus profesionales un espacio de representación, con la salvedad de Mendoza, que después de 18 años, “sigue siendo ilegitimo, ser matriculados en el Colegio de Ingenieros y Agrónomos, aun cuando fuera ratificada por el poder ejecutivo”, según reza en el dictamen de fiscalía de estado Regional, con un proyecto ley de que espera modificar esta realidad que impacta negativamente a los profesionales, por parte de la Cámara baja Provincial.
Por Lic. Matías Aciar Olmedo