Luego de 16 años de vigencia, la Ley sobre Riesgos del Trabajo muestra resultados positivos. Sin embargo, el resurgimiento de altos niveles de litigiosidad ponen en riesgo estos logros. En este marco, el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso denota la intención de aportar instrumentos para proteger el sistema. Sin perjuicio de la revisión de algunos temas puntuales del articulado, resulta de fundamental importancia desplegar una actitud activa para cuidar y perfeccionar un sistema que demuestra generar altos dividendos sociales.
En el año 1996 comienza a funcionar la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT). El objetivo fue incorporar, dentro de la institucionalidad laboral argentina, buenas prácticas en materia de gestión de los riesgos del trabajo. El factor motivador del sistema fue la degradación terminal a la que había llegado el viejo régimen de accidentes de trabajo vigente desde el año 1915. Frente a ello, la LRT crea un seguro social obligatorio basado en la definición precisa de las contingencias cubiertas y los montos reparatorios, bajo la gestión de entes privados que operan bajo un régimen de competencia. Esta arquitectura busca incentivar esfuerzos en favor de evitar siniestros y, cuando se producen, garantizar protección oportuna y automática al trabajador mediante prestaciones médicas, salarios caídos y la reparación económica en caso de incapacidades permanentes.
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