Otra vez la tragedia y un capítulo que se repite con características tan similares que producen estupor. Como en un deja vú, ayer se revivió lo ocurrido hace menos de un mes en Rosario.
Otra vez la tragedia y un capítulo que se repite con características tan similares que producen estupor. Como en un deja vú, ayer se revivió lo ocurrido hace menos de un mes en Rosario.
Fue el 8 de junio, cuando 2 obreros murieron mientras trabajaban en una obra de zanjeo en Herrera y Unión, al noroeste de Rosario. Ceferino Crespo, de 24 años, y Julio Lucero, de 54, quedaron atrapados por el lodo tras que se desmoronaran las paredes de la zanja de 6 metros de hondo. El derrumbe hizo que se rompiera un caño maestro de Aguas Santafesinas (Assa) que inundó el pozo donde estaban los 2 eran operarios de la UTE Pecam SA y Del Sol SRL, que trabajaban para la Dirección Provincial de la Vivienda. En la madrugada del 9, los cuerpos fueron sacados sin vida.
«No creo en la fatalidad. Los accidentes tienen causas y esto es lo que hay que investigar a fondo y no buscar culpables», decía al día siguiente el ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, y calificaba de «inexplicable» la tragedia.
El mismo día, la directora de Vivienda, Alicia Pino, aseguraba que «las condiciones básicas» se habían tomado, y remarcaba el compromiso de los entes gubernamentales de «esclarecer lo sucedido». Sin embargo, a 2 días del accidente, el coordinador de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo provincial, Néstor Botta, admitía que hubo «una falla en la seguridad de la obra», y que había que determinar responsabilidades. Además reveló que la provincia desconocía la obra que se estaba haciendo. Ante ello, Pino puso «a disposición de la Justicia» toda la documentación del organismo.
Las contradicciones de los funcionarios provinciales no pasaron desapercibidas para la jueza Correccional Nº 5 Marisol Usandizaga, adonde recayó la causa. La jueza inició una ronda de declaraciones a vecinos, testigos y operarios, y a quienes tenían responsabilidad en las cuestiones de seguridad.
Usandizaga pidió a Assa que remitiera los antecedentes de un reclamo público que 5 días antes de la tragedia habían hecho los vecinos de Herrera y Unión. Ellos venían advirtiendo sobre los inconvenientes que generaba la obra, como la inseguridad para los peatones y los operarios por la falta de delimitación del pozo o el desborde de agua.
Un dato clave en esa ronda de declaraciones lo ofreció el capataz de la obra, quien reveló que en los planos con los que contaban para guiar sus tareas no figuraba la desviación que tenían los caños. Los datos estaban desactualizados.
A una semana de este accidente, perdía la vida Carlos Ramos, de 30 años, en una obra en el Normal 2 de Rosario. El joven estaba contratado por una empresa que realizaba tareas solventadas por el FAE, estaba trabajando un día de lluvia en el techo de 8 metros de altura del gimnasio, sin arnés ni soga, y falleció al caer.
Mientras la viceministra de Trabajo provincial, Nora Ramírez, anunciaba que se sumarían inspectores a la magra cuadrilla para controlar todas las obras que se realizan en la región. Como coletazo de estas tragedias, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo nacional desembarcó con sus inspectores en Rosario para controlar las condiciones laborales en las obras en construcción. De las 14 que inspeccionó, 12 fueron clausuradas o suspendidas por graves fallas de seguridad.
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