La muerte de Martín del Rosario Saavedra, obrero que falleció mientras realizaba sus labores en la construcción del Gran Teatro Nacional, tuvo más de un precedente. Según datos de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), en solo cuatro años, 155 personas fallecieron en accidentes laborales que implicaban la ausencia de equipo de seguridad.
Otro tanto de trabajadores sufrieron secuelas de los incidentes como la amputación de algún miembro, traumatismos serios o pérdida de las capacidades cognitivas. El 90% de los afectados no cuenta con una prima de seguros que respalde el futuro que sus familias esperaban con su trabajo.
Olga Flores Caycho (@oflorescaycho)
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento afirma que las principales causas de los accidentes durante las construcciones son los movimientos y prácticas peligrosas generadas por la imprudencia, la prisa o la distracción; el no uso (o deterioro) de los elementos de protección; las condiciones desfavorables en el área de labores (mala señalización, desorden, inestabilidad); y el uso de materiales perjudiciales para la salud a corto y largo plazo.
Los números no mienten. Según un estudio realizado por dicha cartera, el 73% de los accidentes causa contusiones, cortaduras, fracturas o aplastamientos. El 52.7% de las condiciones peligrosas de trabajo las causa la ausencia de una adecuada protección personal, mientras que el 48.6% de los accidentes ocurren durante la cimentación y los trabajos de estructuras.
Ni que decir de los equipos de seguridad que deben usar los obreros. El 78.2% de los trabajadores no usan casco mientras que un 77.6% olvida el arnés de seguridad que podría evitar los accidentes en las alturas. Por otra parte, el 57.8% no protege sus manos con guantes y el 86.7% no usa calzado adecuado para sus labores. Los números ascienden cuando se habla de informalidad: aquellas construcciones hechas por familias con mucha ilusión pero con poco cuidado personal.
Los trabajadores deben exigir las condiciones de seguridad en su trabajo
Fernando Bálbaro Martínez, asesor, consultor y proyectista en arquitectura con énfasis en el tema de Seguridad y Protección a la Vida, afirma que el problema tiene raíces más hondas de las que aparenta.
“La población tampoco ha valorado suficientemente la labor del constructor. Hay mucho de pre modernidad en eso todavía y la mano de obra no es calificada, se aprende haciendo. Las constructoras deberían promover la capacitación de su personal. No solo se trata que no haya muertos en las obras, sino que se construya saludablemente y con seguridad”, señala el especialista.
Más allá de la ley
El Reglamento Nacional de Edificaciones y su Norma Técnica de Edificaciones G.050 – Seguridad durante la construcción – especifica las condiciones mínimas de cuidado que debe tener una empresa edificadora. Por otra parte, la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador – Decreto Legislativo N° 910 promulgado el 16 de Marzo del 2001 – obliga al empleador a resguardar la seguridad de sus obreros y garantizar su salud física y mental al término de sus labores. La normativa indica que toda obra debe contar con un plan de seguridad, un programa de capacitación a los empleados y mecanismos de supervisión y control de lo dispuesto. A su vez, la obra debe tener un registro de los accidentes acontecidos en el área laboral y esta debe estar disponible en caso de supervisión de las autoridades correspondientes. Cualquier accidente debe ser declarado al MINTRA en las siguientes 24 horas del suceso.
Sin embargo, el desproporcionado crecimiento inmobiliario escapa del control gubernamental y la fiscalización termina siendo inexistente, lo que es aprovechado por inescrupulosas personas que no toman en consideración la vida de sus semejantes.
Las construcciones familiares no toman en cuenta la seguridad de los trabajadores
Para Bálbaro, las leyes no son suficientes si no vienen acompañadas de la información necesaria para las empresas, los trabajadores, los municipios y el Ministerio responsable, únicas personas que pueden velar por su total cumplimiento.
“Hay un sistema que debería funcionar pero no se hace por falta de recursos. A las entidades municipales solo les queda aparecer en la obra cuando el muro se derrumba. No hacen una labor preventiva. Son pocos los distritos con recursos que pueden hacerlo y eso explica porque algunos barrios crecen con una imagen urbana de tierra de nadie”, explicó el especialista.
El boom inmobiliario que atraviesa Lima no debe basarse simplemente en la expansión del mercado. Las constructoras deben tener en cuenta el desarrollo sostenible en sus labores, es decir, rentabilidad económica en equilibrio con el desarrollo social y el cuidado de los recursos. La normativa no basta. Es hora de crear conciencia.
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