1. El lunes 17 de junio, cerca de las 14, un viejo camión Ford 7000 volcó en la ruta provincial 220, a la altura de la localidad de Aristóbulo del Valle, en Misiones: hubo 5 muertos y 19 heridos de distintas consideraciones, entre ellos amputados. Las lesiones graves no distinguieron adolescentes ni adultos.
La cuadrilla de trabajadores, compuesta por hombres, mujeres, niños y adolescentes, era trasladada en una carrocería sin protección lateral y en condiciones de hacinamiento. El despiste y posterior vuelco se dio a unos 400 metros del acceso al Parque Provincial Salto Encantado. El vehículo provenía de Villa Bonita y Campo Grande, dos localidades de la denominada Zona Centro de la provincia y se dirigía hacia un yerbal de unas 200 hectáreas ubicadas en el paraje rural Cerro Moreno.
2. El siniestro ocurrido en Aristóbulo del Valle es el séptimo en los últimos 13 años que termina con trabajadores rurales fallecidos. En todos los casos, eran trasladados en condiciones inadecuadas y por fuera de toda legalidad, con responsabilidades fácilmente detectables. Por un lado, empresarios y productores de yerba mate que intentan maximizar sus ganancias a costas del riesgo de vida de los peones rurales y, por el otro, la complicidad fundamental de un Estado ineficiente, ineficaz o inepto en las tareas intransferibles de contralor. En el caso de este último accidente, se debe tener en cuenta que desde el 21 de diciembre de 2011 rige en todo el territorio argentino la Ley 26.727 “Régimen de Trabajo Agrario”. Esta normativa, abiertamente resistida e incumplida por el gobierno de Misiones, determina en su artículo 31:
“Obligación de proporcionar traslado. Supuesto. Cuando entre el lugar de prestación de las tareas y el de alojamiento del trabajador mediare una distancia igual o superior a tres (3) kilómetros y no existieren medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar los medios de movilización necesarios, los cuales deberán reunir los requisitos de seguridad que determinen las normas vigentes.Los trabajadores rurales no podrán ser trasladados en camiones. Los vehículos a utilizarse deberán haber sido construidos con destino al transporte de persona”.
El artículo 99 de la misma Ley, que regula los traslados del personal que cumple tareas agrarias a distancia, establece que “el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación del presente régimen”.
El cuerpo de Ley también expresa en su artículo 106 inciso g, que es función del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) “Controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone la presente Ley. El RENATEA podrá además desarrollar otras funciones de Policía de Trabajo que le sean delegadas por los organismos nacionales o provinciales competentes”.
La representación del Ministerio de Trabajo, Empelo y Seguridad Social de la Nación, en Misiones, recae sobre el Ministerio de Trabajo de la Provincia, cuya ministra es Claudia Gauto, actual candidata a diputada provincial por el gobernante Frente Renovador.
En una entrevista con FM Nación, el 11 de abril de 20011 -a meses de la sanción definitiva de la Ley de trabajo agrario-, Gauto hizo público su desinterés en el efectivo cumplimiento de la norma en la provincia: «Misiones no es la Pampa Húmeda. Hay disposiciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que son impracticables. Están legislando para la provincia de Buenos Aires. Acá estableceremos un piso de exigencias dentro de lo posible” dijo entonces la ministra.
El RENATEA, creado por la ley en cuestión, se define como “un ente autárquico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el que deben inscribirse todos los empleadores y trabajadores agrarios del país”. Este Registro es el encargado de expedir la Libreta del Trabajador Agrario, de administrar el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y Servicio de Sepelio y de fiscalizar el cumplimiento de la Ley vigente, que pretende evitar el desarrollo del trabajo agrario no registrado. Para hacer más efectivo el trabajo de control y de registración, se cuenta “con Delegaciones en todo el territorio nacional”.
En Misiones, el RENATEA cuenta con 20 delegaciones distribuidas en igual cantidad de localidades. Tras el vuelco ocurrido en Aristóbulo del Valle, por el organismo salió a hacer declaraciones el delegado regional NEA, Matías Sánchez, quien afirmó que la tragedia “es una prueba de que la Ley no se cumple”, aunque no se refirió a las responsabilidades que al RENATEA le competen a la hora de hacer cumplir la ley, tal lo expresa el artículo 106 inciso g.
3. Ricardo Nuñez es uno de los tareferos que viajaba en el camión que iba delante del que volcó en la tragedia de Aristóbulo del Valle. En diálogo con el programa radial Nunca es tarde de La Radio de Oberá, desmintió a los medios provinciales que habían sostenido que el camión accidentado “había esquivado controles”:
“Nosotros salimos de Villa Bonita alrededor de las nueve de la mañana, pasamos por la rotonda de la ruta 14, en ningún momento cruzamos por un control ni desviamos controles como dicen algunos medios. Es todo una total mentira. Nosotros fuimos solo por Ruta 14. Pasamos dos controles, pero no había nadie, nadie nos paró, a ninguno de los dos camiones nos pararon ni desviamos controles. El camión se nos adelantó y perdió el control, ahí volcó. Nosotros estacionamos el camión y fuimos a hacer los primeros auxilios, asistimos a los heridos y sacamos a los muertos. Había niños. Fuimos todos al hospital y a la Comisaría de testigos. Todo el mundo habla de control pero nadie controla nada. Nosotros pasamos cuatro controles y no había un solo control. Los gremios como UATRE tampoco aparecen, nadie aparece. Se ven controles pero muy pocos comparado a todos los que somos. Y ahora nadie apareció a acercarse a las familias ni la ministra de Trabajo, Claudia Gauto, ni otro funcionario se acercó a las familias”.
4. En su libro Cosechando yerba mate. Estructuras sociales de un mercado laboral agrario en el nordeste argentino(2012, Ed. Ciccus), el Doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, Víctor Rau, aporta pistas para la comprensión de los vínculos y acuerdos sobre los que se monta la contratación de mano de obra para el corte de hoja verde en la mayoría de los yerbales de Misiones. “A diferencia del empleo generado por las agroindustrias, el empleo ofrecido por los contratistas en Misiones, se caracteriza por la generalizada informalidad y por un grado de precariedad laboral particularmente elevado. El tamaño de las empresas contratistas que actualmente se desempeñan en la actividad yerbatera puede variar entre las que manejan dos o tres cuadrillas – de quince a treinta cosecheros cada una- y las que controlan nueve o diez cuadrillas. La relación entre los contratistas de mano de obra y los productores primarios en cuyas explotaciones se emplea finalmente esa fuerza de trabajo, continúa siendo administrada, en su mayor parte, por las agroindustrias compradoras del producto”.
En cuanto a los desplazamientos interzonales de cuadrillas, que propician los accidentes, el libro de Rau explica que “los mayores contratistas de mano de obra brindan el servicio de cosecha a varias empresas agroindustriales simultáneamente. Con frecuencia, cambian de ‘clientes’ y compiten entre sí en la oferta de mejores precios por el servicio. Si bien, a partir de la estrategia agroindustrial de tercerizar formalmente la ejecución de las tareas de cosecha, los contratistas de mano de obra han surgido en toda la provincia, y la mayor cantidad se concentra en la Zona Centro de la provincia. Han comenzado cada vez más a ofrecer el servicio de cosecha en otras áreas de la provincia, trasladando transitoriamente a sus cuadrillas de cosecheros hacia el norte y sur de Misiones, e incluso al norte de Corrientes. En ocasiones, estos flujos interdepartamentales de fuerza de trabajo se relacionan con vínculos de compra y venta de hoja verde entre agentes económicos localizados en áreas distantes, y se incrementaron a partir de la desregulación de la actividad yerbatera en 1991, la cual dejó la determinación del precio de la materia prima a merced del libre juego entre la oferta y la demanda”.
5. Una decena de accidentes, 20 personas fallecidas y más de cien heridos, configuran las cifras que oficialmente se registran en cuanto a accidentes protagonizados por trabajadores rurales en condiciones de traslados infrahumanas. El 2 de octubre de 2000, cuatro tareferos murieron y 22 resultaron heridos tras un accidente en la Ruta Costera 2, al volcar un camión que transportaba una cuadrilla. En 2004, ocho trabajadores rurales sufrieron lesiones cuando el camión en el que viajaban volcó sobre la avenida Fundador de Eldorado. El 31 de agosto de 2008, un accidente en la ruta 14 a la altura de Curuzú Cuatiá puso fin a la vida de ocho misioneros oriundos de los parajes irigoyenses Laguna Azul y Dos Hermanas. Todas las víctimas, a excepción de una niña de cinco años, eran peones rurales que iban a trabajar a un campo entrerriano. Viajaban hacinados y de madrugada para no ser descubiertos por los controles. No tenían opción: hace varios años que en varias partes de Misiones es imposible encontrar trabajo.
El 17 de septiembre de 2009, Juan Ramón, un tarefero de apenas 16 años, murió cuando el camión en el que se trasladaba fue colisionado por detrás por otro vehículo. Ese accidente ocurrió en Montecarlo y dejó además 44 heridos, todos tareferos. En el camión viajaban al menos diez niños y mujeres.
En febrero de 2010, Fabián Pereyra, de 36 años, era llevado a un yerbal de Apóstoles por un vehículo, fue impactado por otro. Iban doce personas en una carrocería sin protección alguna, y además de la muerte de Pereyra, el accidente se cobró cinco heridos.
El 20 de julio de 2011, Oscar Miranda, peón rural de apenas 15 años, perdió la vida tras electrocutarse maniobrando una grúa hidráulica. El adolescente Miranda era oriundo de Concepción de la Sierra, y al momento de fallecer estaba formando parte de una cuadrilla que estaba trabajando en el lote 61 de la zona agrícola de Tres Capones. Oscar había llegado junto a su madre, Rosa Neu, quien al igual que el resto de la familia viven del trabajo en la tarefa.
6. La periodista misionera Lara Schwieters, ante lo ocurrido, reflexionó: “El lunes volcó un camión que trasladaba a tareferos. Cinco de ellos murieron. 18 están heridos, la mitad son niños. Es una tragedia que dejará a estos niños discapacitados de por vida, más marginados que nunca, ya que pasada una semana de que se hayan recuperado, es casi seguro que los funcionarios que ahorita mismo -tras el accidente- hacen fila para colaborar con la asistencia a los heridos y sus familias, se olvidarán de todos ellos. Seguramente muchos de estos niños no terminaron siquiera la primaria, y qué expectativas podemos tener de que la terminen ahora. Donde viven les falta de todo, medios de transporte, zapatillas, guardapolvo, comida. Y la tragedia no termina. Porque es una verdadera tragedia que cada madrugada de frío y de calor, de lunes a lunes, los niños deban abandonar su descanso, su sueño, y sus sueños, para ir a trabajar con sus padres cosechando yerba. ¿Y porqué van? ¿es que sus padres son tan irresponsables que desobedecen lo que dicta la Convención de los derechos de los Niños? ¿O es que los empresarios les pagan tan poco a sus padres que cada vez que hay cosecha se ven obligados a que vaya la esposa y los hijos de todas las edades que puedan cosechar para de esa forma poder ganar un poquito más de platita?
Niños tareferos siempre hubo, dirán algunos para tranquilizar su conciencia. Sí, seguramente desde que el oro verde cotiza en bolsa, los menores trabajan allí. Solo que antes no había vehículos a tanta velocidad que le sumara a los propios de la cosecha, otro riesgo de lesiones o de muerte.
Y existen y seguirán existiendo en tanto siga habiendo «compromisos comerciales» entre funcionarios oficialistas y empresarios terratenientes para quienes las vidas de estas personas, de estos niños y sus padres no valen nada, valen menos que un raído, no sienten, no existen. Pero sí existen, son los responsables de que ahora en mi escritorio tenga un mate listo para disfrutar como todos los días.
Que la yerba, el producto que nos identifica como provincia, que es nuestro orgullo, sea fruto de la explotación, del desprecio de los empresarios propietarios de las tierras hacia las familias tareferas. Y sean fruto de la mano de obra esclava, cuando se han cumplido 200 años de la Asamblea del año 13, que declaró que los hijos por venir de las esclavas embarazadas eran libres. Es necesario aclarar que estos niños de 2013 son libres, viven y sueñan, y tiene derecho a estudiar. Exijo que nuestras autoridades, la ministra de trabajo, el ministro de desarrollo social, el de derechos humanos se hagan cargo de las obligaciones que juraron cumplir al asumir su cargo. La Patria y la ciudadanía, hace rato se lo vienen demandando”.
Por Sergio Alvez
cronista y coordinador de revista superficie.
Imágenes: Juan Amadeo
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