El Plan Nacional de Regularización del Trabajo es el punto de partida de la política de Estado que enlaza a numerosas reparticiones públicas en el combate al trabajo ilegal. Fue lanzado por el Presidente Néstor Kirchner en el año 2003.
Hizo falta un recorrido institucional que incluyó la sanción de nuevas normas destinadas a permitir la expansión de los derechos laborales. El trabajo en condiciones dignas pasó a ser parte de la política de creación y defensa del empleo.
La precarización laboral y la habitualidad de condiciones lindantes con el trabajo esclavo en algunas ramas de actividad, requirió de instrumentos normativos como una ley que penalizara la trata de personas.
Hacia finales del mes de noviembre de 2006, se culminó la redacción de un proyecto de ley contra la Trata de Personas que fue sancionado y promulgado en abril de 2008. En el año 2009 comenzaron a dar sus frutos esa ley y la acción conjunta de diversos ministerios y reparticiones.
La red institucional desde la cual se combate el trabajo ilegal está integrada por la AFIP y los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Interior.
En la detección de casos de explotación laboral y sanciones, actúan la AFIP y los ministerios de Trabajo y de Interior. En la denuncia de trata de personas interviene la unidad fiscal, y en la asistencia y acompañamiento de los trabajadores damnificados participan los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social
Desde enero del 2011 a la fecha, la AFIP realizó 521 procedimientos que permitieron rescatar 6.562 trabajadores en situación de vulnerabilidad o en condiciones indignas. Más de la mitad estaba afectada por irregularidades extremas. Las inspecciones dieron lugar a denuncias penales contra 136 empleadores.
El Director general de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, dice que al ser una agencia única integrada, el organismo utiliza todas las herramientas de que dispone para sancionar a los incumplidores.
“Si es un mal empleador, explica Sánchez, para nosotros seguramente va a ser un mal contribuyente y seguramente va a ser un usuario del comercio exterior que no cumple acabadamente con las normas”.
La persecución del trabajo ilegal por parte del Ministerio de Trabajo, fue paralela al incremento de 40 a 400 inspectores. El subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Alonso Navone, explica que “cada inspector nuestro sale con una netbook que está conectado a las bases del ANSES, de la AFIP y del Ministerio”.
Cuando cada funcionario hace la inspección, asevera Alonso Navone, releva al personal y sabe quién está registrado y quién no. Qué CUIL del trabajador está con el CUIT del empleador. “Eso permite identificar rápidamente cuáles son los trabajadores no declarados”, dice.
Marisa Graham, Directora Nacional de Promoción y Protección, dependiente del ministerio que conduce Alicia Kirchner, explica que la red entre AFIP y los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo Social y la Secretaría de Derechos Humanos “surge de la decisión de la Presidenta de la República que después de grandes allanamientos donde se encontraron entre 300 y 600 personas en los campos argentinos explotadas, en condiciones infrahumanas de trabajo, toma la decisión de que el Ministerio de Justicia a través de su Secretaría de Derechos Humanos se constituya en querellante de estas causas”.