Una denuncia por hacinamiento e incumplimiento de los derechos laborales movilizó ayer a la Guardia Urbana Municipal (GUM), la policía, la Dirección de Migraciones y Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo frente a una casa de la calle Rawson 374, donde habitan unos 70 extranjeros que trabajan en un megacomplejo de departamentos que se levanta en la zona norte de la ciudad. El inmueble terminó con cuatro fajas de clausura por las pésimas condiciones para ser habitado.
La ropa colgada en la terraza denota la cantidad de gente que habitaba en el lugar. La GUM encontró en el interior 70 precarias camas, cables tirados y plásticos en lugar de vidrios. (Foto: S. Toriggino)
«Es de terror», definió el director de la GUM, Mariano Savia, después de que una orden del juez Osvaldo Alsugaray franqueara el ingreso a los organismos oficiales. Y dijo que clausuró el lugar por considerarlo una pensión trucha que no tiene la mínima seguridad para ser habitada. Sólo a modo de ejemplo, había cables dispersos con tensión eléctrica, además de mampostería desprendida o por caer y unas 70 camas precarias en cuatro o cinco habitáculos con falta de higiene.
La noche anterior, una escribana había corroborado las condiciones en la que vivían bolivianos, peruanos y paraguayos empleados de Constructora Sudamericana y Axil, como subcontratista. El inmueble estaba cerrado con llaves y hubo que esperar la orden del juez para ingresar.
Sobre el portón de la vivienda, un cartel en el que se lee «galpón» connotó sin proponerlo las denuncias que el delegado gremial y de prevención del comité mixto de seguridad e higiene de la obra, Carlos Ovando, realizó en el Ministerio de Trabajo de la provincia, y que con el mismo tenor reiteró el jueves. «Me citaron para una reunión conciliatoria, pero no van a lograr tapar los derechos de los trabajadores», explicó mientras en la cuadra se iban formando corrillos de vecinos que seguían los trámites que habían comenzado con las primeras horas del día.
Miedo. Ovando, que aseguró contar con el apoyo de la nueva gestión de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), dijo que allí “vivían decenas de operarios en condiciones precarias” y que después de haber hecho público la denuncia por hacinamiento “fueron trasladados a Buenos Aires por la empresa para la que trabajan. Todo es muy difícil, y los obreros aceptaron irse porque tienen miedo de perder el trabajo”, comentó.
Cada obra con más de diez empleados debe constituir su propio comité de seguridad, integrado por los empleadores y los representantes gremiales, tal como lo prevé la ley 12.913. En julio del 2009, Ovando ingresó al emprendimiento y fue designado para integrar este cuerpo mixto. Desde ese momento planteó reivindicaciones para los armadores y carpinteros que trabajan en el emprendimiento inmobiliario. Del primer petitorio presentado el año pasado ante el jefe de personal de Sudamericana, “sólo se dieron respuestas a la objeciones de menor envergadura”, señaló el trabajador.
“Conseguimos baños en el obrador y en obras y que arreglaran la cocina, pero a las cuestiones de fondo no les dieron curso”, dijo Ovando a modo de ejemplo. “En una habitación de tres por tres hay cuatro camas y en el lugar viven más de 60 personas que suelen contratar en Buenos Aires, violando todos sus derechos como trabajadores”, enfatizó. Y aseguró que entre las obligaciones que se escamotean están los plus que deben cobrar los operarios por desarraigo, trabajo en altura y en hormigón.
Hasta 15 horas. Según detalló, los obreros trabajan hasta 11 ó 15 horas por día para engrosar quincenas que si bien llegan a tener 150 ó 180 horas, sólo 88 podrán cobrar en blanco, el resto va en negro y a menor precio, relató el delegado del comité mixto de la obra.
El exceso de horas le permite a un ayudante llevar al bolsillo unos 1.500 pesos cada 15 días. Un operario oficial podrá aspirar a un poco más de salario, pero debe incluir los sábados y domingos en sus jornadas laborales, describió Ovando.
Los abogados Pablo Barceló y Pablo Rosatto, letrados de Ovando, detallaron que se realizaron las denuncias para que los organismos gubernamentales canalicen las soluciones. “Encontramos una muy buena predisposición”, aseguraron mientras transcurrían las horas de la mañana a la espera de la orden judicial para ingresar a la vivienda.
Mientras las comisiones de la GUM y de la policía aguardaban la orden de allanamiento, dos operarios que viven en la casa cuestionada y ajenos a lo que estaba sucediendo llegaron al lugar. “No tengo nada que ver, por favor no me comprometan”, dijo angustiado un hombre de edad madura y nacionalidad boliviana. Y antes de salir casi corriendo, aseguró que el lugar era “lindo”.
“¿Ve? Ese es el condicionamiento en el que siempre están los compañeros”, terció el portavoz de la agrupación Manos a la Obra, Narciso Canteros. Y aseguró que los obreros tienen mucho miedo de que la empresa los haga responsable de la trascendencia de las denuncias y los deje sin empleo.
“Cuando regresan del trabajo se bañan y se sientan en la terraza o afuera, nunca hubo ningún problema, nunca se comentó nada en el barrio sobre la forma en que viven”, dijo Ana, que no dio su apellido, desde una vivienda situada frente a la casa clausurada.