La bancada del Frente Amplio aprobó ayer el proyecto de ley de responsabilidad penal del empresario, por el cual a los empleadores que «expongan de forma grave y concreta, la vida, la salud o la integridad física» del trabajador serán castigados con dos meses de prisión a dos años de penitenciaría.
En los casos en que mediare dolo o culpa del empleador en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, este deberá reparar integralmente el daño causado «en todo cuanto no hubiere sido cubierto por el seguro». A su vez, el Banco de Seguros del Estado podrá recuperar los gastos generados por la asistencia médica prestada y las prestaciones económicas que correspondan.
Cuando se constate dolo o la culpa del empleador en el accidente de trabajo o enfermedad profesional, los funcionarios actuantes del Banco de Seguros o el Inspector General del Trabajo deberán denunciar de oficio el hecho ante el juzgado penal que corresponda.
La demanda deberá ser presentada por escrito y tendrá que contener un relato de los hechos; en la misma se podrán anexar los elementos de pruebas que se dispongan.
De acuerdo al proyecto, el damnificado, el denunciante y el tercero civilmente responsable tendrán acceso al expediente «durante todo el desarrollo del presumario y podrán proponer el diligenciamiento de pruebas»
El proyecto original había sido redactado por el diputado Luis Puig (PVP) y fue modificado por una comisión de trabajo integrada por legisladores de la coalición con el asesoramiento de un abogado del Ministerio de Trabajo.
La iniciativa de Puig contenía un solo artículo y establecía que el empleador que no adoptara «los medios de resguardo y seguridad necesarios, poniendo en peligro concreto la vida, salud o integridad física del trabajador sería castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaria». Se establecía como agravante del delito el hecho que el accidente generara una lesión en el trabajador o le produjera la muerte.
Trámite
El proyecto acordado por la bancada pasará ahora a estudio de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. El Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) reclamó la rápida aprobación de la iniciativa, en tanto las cámaras empresariales hicieron fuertes cuestionamientos al texto elaborado por el Frente Amplio en una primera instancia.