El sábado 25 de agosto de 2012 en horas de la madrugada se dio una explosión en las adyacencias del comando de la Guardia Nacional que resguarda la refinería de Amuay, que junto a la de Cardón conforma el Centro de Refinación de Paraguaná. Este accidente también afectó las instalaciones de la empresa Puramin, parte del complejo generador de hidrógeno las instalaciones de manejo y recibo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) adyacentes a las esferas de almacenaje, y se genera un incendio que propaga hacia 11 tanques de almacenaje de productos refinados.
El incendio solo pudo controlado tres días después pero dejó por varios meses a Venezuela sin su principal planta industrial de producción de gasolina y combustibles, lo que obligó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a importar principalmente desde Estados Unidos en volúmenes que alcanzaron los 196.000 barriles diarios a partir de septiembre, de los cuales 35% fue gasolina y 21% diesel.
Al momento del accidente Amuay estaba procesando 480.000 barriles diarios, 74% de su capacidad, de acuerdo a la cifra dada a conocer por Jesús Luongo, director de Refinación de PDSVA para ese momento. A los meses de la explosión se logró elevarla a 352.000 barriles por día pero en la actualidad está en 130.000 barriles diarios, nivel que revela que está 80% por debajo de su capacidad.
Un grupo de expertos pertenecientes al Centro de Orientación de la Energía (Coener) coordinados por el fallecido ingeniero Francisco Javier Larrañaga, determinado que en días previos a la explosión se había detectado fugas o escapes de gas por falta de mantenimiento en las instalaciones.
“La explosión fue causada por la ignición de una nube de gas creada por un escape incontrolado de olefinas, cuya causa más probable fue el colapso del sello mecánico de una o más de las bombas P-200, ubicadas al pie de las esferas del Bloque 23”, señala el informe del Coener. “Se determinó la presencia de gas en el ambiente varias horas antes de la explosión. Sin embargo, no se activaron alarmas ni acciones oportunas de evacuación del área; y los antecedentes de accidentalidad, el informe de la reaseguradora y la continua siniestralidad de PDVSA después de la tragedia, confirman el desvío de las prioridades en materia de Seguridad, Salud y Ambiente”, acota el informe.
El estudio señaló que el costo total estimado de los daños ocasionados por la explosión e incendio estuvo por el orden de 1.835 millones de dólares, hubo 42 fallecidos, 150 heridos y daños ambientales.
Un año después de la tragedia, el entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, presentó un informe en el que se señala que lo ocurrido fue un ataque terrorista propiciados para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez, quien para el momento del accidente estaba en la campaña electoral para un tercer mandato que no pudo iniciar por su fallecimiento.
“En la bomba 2601 se produjo el problema que causó la explosión y este elemento fue clave para la investigación, sin embargo se determinó que no era una falla, sino que fue provocado. Quedó demostrado que no fue una fuga de gas durante mucho tiempo ni había fugas pequeñas que se acumularon sino fue algo catastrófico que inmediatamente hizo que cayera el flujo y se escapara a la atmósfera»”, explicó el funcionario. «A nosotros no nos queda duda de que nuestra mayor refinería del mundo fue saboteada, fue algo muy bien trabajado y estudiado. Es gente con mucho conocimiento de la refinería y quien hizo esto sabía o podría prever las consecuencias que una fuga masiva de olefina podía tener sobre nuestra instalación», puntualizó.