El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil ha actualizado el “Registro de Empleadores denunciados por explotación de mano de obra esclava”. Conocida como «lista sucia», el Registro cuenta con 52 adiciones en 2011 y ahora contiene 294 infractores, incluidos los particulares y las empresas, lo que implica una cifra récord. Dos nombres fueron eliminados de la lista después de comprobar que cumplieron los requisitos para la exclusión.
«Nunca tuvimos tantos empresarios con irregularidades, al mismo tiempo. Estamos actuando sobre el trabajo esclavo urbano, porque tenemos también infractores en ese medio.Nuestro compromiso para el año 2012 es intensificar las actividades en esta área «, dijo el jefe de la División de Vigilancia para la Erradicación del Trabajo Esclavo del Ministerio, Rodrigo Teixeira Alexandre da Cunha Lyra.
Entre los que entraron están algunos de los principales grupos del país, propietarios de molinos, madereros, empresarios y hasta un contratista involucrado en la construcción de la central hidroeléctrica de Jirau. La lista incluye a médicos, políticos y familias poderosas.
Para frenar el uso ilegal de mano de obra análoga a la esclavitud, en 2004 el Gobierno creó un registro donde aparecen los empleadores con irregularidades. Cuando se inserta en el registro, el infractor no puede obtener préstamos de los bancos públicos y también entra en la lista de empresas que pertenecen a la «cadena de suministro con mano de obra esclava en Brasil.» El registro es utilizado por fabricantes, minoristas y exportadores para la aplicación de restricciones de la venta de productos derivados de la utilización de trabajadores ilegales.
La lista tiene actualizaciones cada seis meses. Los nombres se mantienen durante dos años y si el empleador no comete el delito una vez más y paga los salarios adeudados de los trabajadores, el registro lo elimina de la “lista negra”. La inclusión del nombre en el Registro se produce después de una decisión administrativa sobre la notificación del acto, elaborado como resultado de la acción fiscal, como lo ha sido la identificación de los trabajadores sometidos a «trabajo esclavo».
Las nuevas adiciones se hicieron sobre la base de investigaciones realizadas en el Sistema de Seguimiento de la Lucha contra el Trabajo Forzoso (SISACTE), consultas de multas de Control de Procesos y Recursos (CRPM) y Multas de Industria y Recursos (Semur) de los superintendentes regionales de Trabajo y Empleo (SRTE), y la base de datos de consultas con el Gobierno Federal, como el Fiscal de la Tesorería Nacional.
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