Iniciativa legal contempla eliminar la distinción entre obrero y empleado, un aumento de los beneficios médicos y pensiones de invalidez, y una mayor fiscalización. El fortalecimiento del sistema de seguridad laboral anunciado el 1 de mayo por el Ejecutivo establece que las empresas con más de 100 trabajadores, incluidas las entidades públicas, deberán contar con un departamento de prevención de riesgos.
El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer la iniciativa en una ceremonia que tuvo lugar en una industria de plásticos de San Bernardo, en la que participaron la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei; el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios del Trabajo, Bruno Baranda, y de Previsión Social, y Augusto Iglesias.
La reforma a la Ley 16.744 del seguro sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, es parte de la agenda iniciada tras el accidente de la mina San José en 2010, dijo Matthei.
El proyecto introduce nuevos instrumentos de prevención para empresas medianas y pequeñas, precisando las responsabilidades de las mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL); la autoevaluación de riesgos y mapas de riesgos para empresas con más de diez trabajadores.
Al eliminarse la distinción obrero-empleado, se termina con la diferencia arbitraria que establece que los afiliados al ISL solo pueden recibir atención médica del seguro en hospitales públicos.
En materia de beneficios económicos del seguro, se asevera que el monto de las pensiones de invalidez por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no disminuya cuando el beneficiario deba pensionarse por vejez en el sistema de pensiones. Se otorga el derecho a pensión de sobrevivencia al cónyuge del sobreviviente y al padre de hijos no matrimoniales.
Asimismo, se elimina la restricción de edad y de no contraer nupcias para que las viudas tengan derecho a percibir en forma vitalicia la pensión de sobrevivencia. Hasta ahora, cuando el marido fallece por accidente del trabajo la viuda pierde su pensión a los 45 años o si se casa.
Y para acceder a la pensión de orfandad, la calidad de estudiante se deberá tener a la fecha de fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad.
Además, aumentará en 120 el número de fiscalizadores, duplicándose la cantidad de supervisores exclusivos de seguridad y salud laboral. El proyecto propone traspasar a la Dirección del Trabajo la mayor parte de las facultades de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo que hoy tiene el Ministerio de Salud.