El incendio ocurrió en febrero de 2014 y dejó un saldo de diez muertos.
A más de 4 años de la tragedia de Iron Mountain, en el barrio de Barracas, la Justicia finalmente avanzó contra los responsables, aunque todavía se investiga cómo se inició el fuego. El juez Pablo Omaechea procesó a un total de 17 personas por el delito de «incendio culposo seguido de muerte». Entre los procesados hay una docena de ex funcionarios de la Ciudad, directivos de la firma, y el responsable de la empresa de seguridad que tenía la custodia del predio.
Hasta el día del incendio, en el edificio de Iron Mountain se archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros SA, Expeditors Argentina SA, Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros SA, Galicia Retiro Cía de Seguros SA, entre otras.
Los ex funcionarios porteños procesados son: Vanesa Berkowski; Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani. A todos se les aplicaron embargos que van desde los 7 hasta los 17 millones de pesos. Pero por ahora seguirán libres porque fueron procesados sin prisión preventiva.
Sobre Berkowski, ex directora General de Fiscalización y Control entre enero de 2008 y agosto de 2011, el juez resaltó que las inspecciones realizadas durante su gestión para prevenir el incendio fueron defectuosas. «Berkowski ha carecido de eficacia y eficiencia en el ejercicio de su función, pues no solamente no corroboró que las inspecciones que se efectuaron en el predio de Azara 1245 de esta ciudad, se hubieran llevado a cabo debidamente sino que además no supervisó que dicho establecimiento estuviese incluído en la programación del plan operativo anual a partir del año 2011», dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
De hecho, está probado que la última inspección en el depósito de la calle Azara 1245 fue el 15 de marzo de 2010 pese a las irregularidades constatadas en las inspecciones anteriores y que se trataba de un establecimiento en el que se depositaban objetos altamente combustibles.
Según consta en la causa, en esa inspección se detectó, entre otras cosas, que los rociadores de agua no funcionan correctamente porque no había la presión necesaria. «Existían irregularidades que resultaban notorias y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los estantes», agrega del fallo del juez Omaechea, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional N° 18.
En febrero de 2015, un año después del incendio, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que el incendio podría haber sido intencional. Pero luego un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) relativizó esa hipótesis aunque destacó que el incendio se propagó por una respuesta tardía. «Los ocupantes del edificio al momento del siniestro demoraron 17 minutos en acercarse al depósito 7 donde el sistema de alarmas señalaba la emergencia, y comprobar la situación crítica», es una de las conclusiones de ese informe.
Entre los procesados hay directivos y responsables de la empresa Iron Mountain: Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor García, y Christian Castiñeiras, quienes fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno. También fue acusado Oscar Godoy, quien se desempeñaba como seguridad de la empresa Segurplus SA.
La tragedia de Iron Mountain dejó un total de diez muertos: los bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; los del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi; y los integrantes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.
El incendio se desató alrededor de las 8 de la mañana del 5 de febrero de 2014 y rápidamente se propagó por el edificio. Alrededor de las 9.15, con el fuego descontrolado, el paredón que daba a la calle Jovellanos se desplomó y provocó la tragedia.