Era asesora del concejal Patricio Serrano. No está imputada. En un galpón que alquilaba funcionaban talleres donde trabajaban y vivían colombianos en situación de explotación laboral.
Tras los allanamientos ordenados por el fiscal federal, Enrique Senestrari, en el marco de una investigación por trabajo esclavo, se detectó que en un galpón – en la ciudad de Córdoba–, propiedad de la ex legisladora Liliana Juncos, un grupo de colombianos serían víctimas de esta organización.
El procedimiento incluyó el rescate de 200 personas, en 10 provincias, y la detención de otras 20.
Juncos se desempeñaba actualmente como asesora del concejal Patricio Serrano (UPC) y a raíz de esta situación decidió renunciar a su cargo.
«No está imputada y no hay ninguna prueba en su contra, sino que ella y su entorno podían tener información útil para la causa”, dijo el fiscal Senestrari a Cadena 3.
«Durante la investigación se agregó información de que en el domicilio de Juncos había gestiones para contratar servicios de ciudadanos colombianos», señaló.
«Fue esta la razón por la cual se necesitaba recabar información y por eso se allanó», añadió.
Asimismo, aclaró que una vez que se analice el material secuestrado en la vivienda se definirá «si hay algún tipo de persona de ese domicilio involucrada».
La red de explotación de trabajo esclavo se dedicaba a la fabricación de muebles plásticos y canastos. Salían con carros a los barrios para vender estos productos, de forma informal y en cuotas.
Informe de Fernando Genesir