En agosto de 2008, Alejandro Lagomarsino, de sólo 20 años, tuvo un accidente laboral que lo mantuvo en coma durante 29 días. Desde entonces, su padre pelea para que la ART cumpla y se haga responsable de su rehabilitación.
Un accidente de trabajo es un problema social, no una cuestión privada. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no pueden estar en manos privadas porque lo convierten en un negocio”, explica con dolor Daniel Lagomarsino. Su experiencia personal justifica con creces su visión. En 2008, su hijo de 20 años trabajaba en una consultora relevando, por la cual debía trasladarse asiduamente a diferentes establecimientos comerciales. El 7 de agosto sufrió un accidente que lo dejó en coma durante casi un mes.
“En ese momento comenzó todo el problema. A mi hijo lo operan de urgencia en un lugar a dos cuadras del accidente, pero luego hubo que trasladarlo a una clínica a través de una unidad móvil de alta complejidad. Antes de ese traslado, la ART nos obligó a que le enviáramos una carta documento renunciando a los derechos que teníamos para atendernos, algo que pudimos revertir tiempo después por medio de un abogado”, explicó.
Luego de numerosas intervenciones quirúrgicas, su hijo Alejandro comenzó una rehabilitación física y psíquica a través de tratamientos ambulatorios. “La ART implementa una serie de obstáculos para que te canses y abandones el tratamiento. Te pasan a buscar a las 8 de la mañana para una sesión que empieza a las 12, porque en el medio levantan a otros pacientes, y luego te devuelven a tu casa a las 4 de la tarde”, afirmó Lagomarsino.
Tras dos años de rehabilitación, Alejandro está esperando todavía el alta definitiva. “Tenemos que deambular por las oficinas de la ART donde nos citan y luego los médicos dicen no tener toda la información y no definen el alta definitiva. Te presionan para que firmes cualquier cosa”, afirmó. MAPFRE, la ART en cuestión, dictaminó que Alejandro Lagomarsino tenía un 27,4% de incapacidad, cuando la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció que la incapacidad era del 70%, un diagnóstico que coincide con la revisación efectuada por un médico privado contratado por la familia. “Mucha gente quiere la incapacidad por plata, nosotros no queremos plata, no tenemos problemas de dinero, queremos un diagnóstico correcto para que nuestro hijo pueda volver a trabajar”, explicó a Tiempo Argentino, Lagomarsino. Otro de los reclamos tiene que ver con el exiguo pago que recibe actualmente Alejandro cobra tan sólo $ 600 en concepto de indemnización por el accidente.
Durante los últimos años, el sistema de las ART se ubicó en el centro de los reclamos de empresarios y trabajadores, que lo visualizan más como un problema que una solución en materia de protección del vínculo laboral. Para la patronal representa un costo que no tiene como contraparte una disminución de la siniestralidad. Por el contrario, en los últimos años aumentó el número de accidentes laborales. “No puede ser que tenga que poner un abogado para que me atienda la ART. Hay que revisar esta ley, humanizarla, porque tratan con personas, no con objetos”, concluyó Lagomarsino.