Al menos 11 niños y adolescentes murieron desde 2008 en hornos ladrilleros, y muchos otros trabajan y no van a la escuela. Si bien no hay datos oficiales, el Gobierno provincial reconoce el sistema de explotación pero dice que no lo soluciona por temor a un conflicto social.
La gruta que recuerda a Rodrigo Cueto Ramos está en el ingreso al cortadero donde murió, en octubre de 2012, cuando tenía dos años. Como él, al menos otros 10 niños y adolescentes fallecieron desde 2008 en cortaderos de ladrillos cordobeses, en contextos vinculados con el trabajo de sol a sol, o por las propias características de las viviendas que habitan, ubicadas a pocos metros del horno, que generalmente no son más que taperas sin aberturas ni instalaciones de agua o electricidad.
La pobreza extrema es el eje de la matriz productiva sobre el que se monta la fabricación de los ladrillos artesanales en la mayoría de los 232 cortaderos que actualmente rodean a la ciudad de Córdoba, condiciones que condenan a los niños y adolescentes que viven allí a repetir circuitos de marginalidad, expulsándolos del sistema educativo y exponiéndolos a peligrosas condiciones de supervivencia que ponen en riesgo su vida.
Hasta la publicación de esta investigación, las autoridades provinciales y la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), el sindicato ladrillero, tenían registradas 10 muertes de niños desde el inicio del conteo, ocho años atrás. Sin embargo, Chequeado detectó un caso más: un niño de cinco años murió un sofocante día de diciembre de 2015, ahogado en un estanque en el que se refrescaba: Michel Lucas León Castellano se hundió en aquel rústico embalse del que se proveen las ladrilleras de la zona, en la frontera entre la ciudad de Córdoba y los municipios de Toledo y Bouwer. Como ocurre en esta actividad de manera frecuente, Michel había quedado “al cuidado” de otros niños, tan chicos como él. La omisión de los registros es solo una muestra de la precariedad de una situación que ni siquiera contabiliza a sus víctimas fatales.
Ese es el dato más cruel de este informe: las 11 vidas que quedaron allí, en los socavones. De estas víctimas de la industria del ladrillo, sólo una murió trabajando efectivamente: en enero de 2013, un adolescente de 15 años fue aplastado por un tractor que se desplazaba por el campamento ubicado en el lote 21 de la calle 128, luego de que él cayese desde lo alto del vehículo.
Estos 11 niños muertos eran parte del último eslabón de la cadena productiva del ladrillo artesanal. Fueron víctimas de la “situación de trabajo” en las que sus vidas transcurrían: ahogados en los “pozo-balde” que acumulan agua, materia prima del ladrillo; asfixiados en incendios al quemarse los ranchos que iluminaban con velas; o atropellados por los vehículos que llevan y traen leña y ladrillos.
Las dos únicas especialistas que integran actualmente la Comisión Provincial para la Prevención del Trabajo Infantil (Copreti), Mariana Roigé y Nora Verde, coinciden: la primera infancia es el grupo más vulnerable en la vida cotidiana de la ladrillera. Atados a las espaldas de sus madres o deambulando sin la supervisión de adultos, los más pequeños no abandonan esos guetos de barro en todo el día.
Mirá esta línea de tiempo con los casos:
Eso pasa en el campamento ladrillero del paraje La Media Luna, a 38 kilómetros del centro de la capital provincial, en la localidad de Monte Cristo, un soleado día de octubre de 2016: nada disimula el humo ni frena el viento, mientras una nena parece jugar al borde de una pila de ladrillos y una madre joven lleva a su niño con ella cuando barre el ingreso de un rancho al que le falta todo. Un informe reciente de la Copreti detectó que allí viven 170 familias, un total de 856 personas. El grupo más numeroso lo conforman niñas y niños menores de cinco años: 166, es decir el 20% de la población. En el paraje no hay centro educativo para ellos, y su única rutina es la del cortadero. Otros 32 niños mayores de cinco años (sobre un total de 140 que integran ese grupo) tampoco habían comenzado la escuela en 2016. Al no asistir a un centro educativo, el 65% de los niños no tiene contacto habitual con pares o adultos fuera del contexto ladrillero.
“En el niño, su rol en la producción del ladrillo comienza de manera asistemática, como si se tratara de un juego. Y desde los 11 años se transforma en una tarea sistemática, que lleva a que se falte a la escuela si hay exigencias de producción. Así se incorpora a esa edad a una organización laboral, a un proceso productivo. El cocinado del ladrillo, que es la tarea más calificada, los adolescentes comienzan a aprenderlo a los 14 o 15 años” , dice Roigé, de Copreti.
O en el caso de las chicas, que suplen a sus mamás en las tareas domésticas y de cuidado de los hermanos menores, su participación laboral es aún más invisible, confinada al interior de la casa, ubicada en los fondos del cortadero.
Un esquema de explotación
El sindicato ladrillero estima que cada cortadero produce nueve horneadas al año, con una fabricación estimada de 540 mil piezas (60 mil por cada “horneada”). Al multiplicarse ese número por los 232 cortaderos relevados en esta investigación, se calcula en 125 millones de piezas al año, que generan un movimiento de más $250 millones en los campamentos, es decir, antes de que los ladrillos ingresen a los sistemas formales de comercialización, calculando que cada ladrillo se vende a $2 al pie del horno.
Estos números abarcan sólo a la zona metropolitana, donde se produce artesanalmente el 40% de los ladrillos cordobeses, según se determinó en una investigación de la actividad coordinada en 2010 por Andrés Matta, actual secretario Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y experto en el análisis socioeconómico de las cadenas productivas del ladrillo y la industria textil. Es decir que por año se cocinan en toda la provincia de Córdoba más de 312 millones de piezas, con un movimiento informal sólo en la comercialización de $625 millones.
Esos números estimativos corresponden a 2016, en medio de una fuerte recesión de la construcción. En épocas de boom, el número crece. El sindicato ladrillero estima que 100 cortaderos se paralizaron el año último en la provincia de Córdoba por falta de demanda.
De acuerdo con la estimación sindical, actualmente trabajan de manera directa en los cortaderos de toda la provincia seis mil personas, de los cuales menos de 200 están formalizadas, bajo el amparo del Convenio Colectivo de Trabajo y normas de higiene que les garantizan el salario mínimo e impiden a sus familias vivir en el cortadero, lo que previene el trabajo infantil.
El resto lo hace bajo un esquema de “mediería”, que es donde tienen sus orígenes las situaciones de explotación laboral y el trabajo infantil que describimos acá:
1) Cuando el mediero es un legítimo dueño del cortadero y alquila el lote pagando entre el 15% y el 25% de la mejor producción del horno al propietario de la tierra, y contrata (generalmente en negro) a los trabajadores, descontando que integrantes de cada familia sumarán brazos.
2) Cuando quien figura como mediero es en realidad uno de los trabajadores del horno, quien aparece como un prestanombre del dueño del campo.
El ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, admite a Chequeado la precariedad de los ladrilleros y sus familias, y reconoce que existe una “situación oscura” respecto de los terratenientes.
“Es probable que el dueño de la tierra sea el verdadero empleador y quien se aprovecha de esa gente. Muchas veces, aparece como locador ante un locatario (el mediero) que es difícil de identificar”, dice al referirse a la polémica figura contractual. En esta “zona gris” del contrato se escondería el locador del campo para simular su verdadero rol: dueño en las sombras del cortadero.
Se trata, por lo general, de “sociedades” ficticias entre cordobeses (los dueños de la tierra) y bolivianos (los medieros). Estos se encargan de reproducir el esquema de explotación con los otros trabajadores contratados, que en su mayoría también son bolivianos. La precarización y disparidad de las relaciones se profundizan cuando el inmigrante está de manera irregular en el país, sin documentación o con permisos vencidos.
Para el director regional de Migraciones, Diego Puente, ambas situaciones suelen ser aprovechadas por “el dueño del cortadero, que conoce las costumbres y los temores de los trabajadores bolivianos, sabe bien cómo amenazarlos e infundir el miedo de una deportación, que es una mentira: el Estado argentino no deporta a migrantes en situación irregular”.
Un caso emblemático respecto del esquema de mediería ficticia es el de Roberto Cabrera, dueño de un campo en la ciudad de Córdoba que espera su juicio, acusado por el Ministerio Público Fiscal de trata de personas. El fiscal Enrique Senestrari sostiene que Cabrera habría abusado de las desfavorables condiciones socioeconómicas de las personas que estaban en su campo produciendo miles de ladrillos y viviendo en condiciones inhumanas, bajo este contrato de “mediería”.
El trabajador mejor pago de este sector es el “cortador”, quien recibe unos 27 centavos por cada ladrillo, $400 por día, $8 mil tras 20 días con jornadas de 12 horas. Él es quien carga de barro los moldes de madera o aluminio y deja el ladrillo “crudo” en la “cancha”, un sector del terreno donde se secará durante varias horas hasta que es apilado a la espera de la cocción. Como todos los trabajadores de cortaderos artesanales, si llueve, no trabaja. Si se enferma, no trabaja. Y si no trabaja, no cobra.
La contracara es el dueño del campo, el “socio” capitalista del negocio. Por el arrendamiento, percibirá entre el 15% y el 25% de la mejor producción de cada horno montado en la parcela (en una hectárea puede haber cuatro cortaderos y las respectivas viviendas). Para dimensionar el negocio: si un cortador gana $8 mil por mes, el propietario embolsará unos $25 mil mensuales al quedarse con el 20% de la producción de cada horno montado en su propiedad. Además, el dueño del campo goza de un privilegio contractual: tiene prioridad al momento de comprar el resto de la producción, por lo que también es el principal formador de precios.
Ernesto es “mediero” desde principios de los años ’90: dueño de su horno, pero no del terreno. Por eso el propietario de la tierra se lleva el 15% de la producción de cada horneada de 70 mil ladrillos: 10.500 unidades, unos $21 mil por un pequeño terreno de media hectárea. Ernesto está parado sobre un andamio, colocando los últimos ladrillos crudos para montar el horno. Cubre todo su cuerpo del sol de un mediodía de noviembre de 2016. Hizo sus números y estima que ganará entre tres mil y cuatro mil ladrillos (de $6 mil a $8 mil) por 25 días de trabajo a destajo.
“Se trabaja como esclavo”, dice Ernesto, quien debió comprar la tierra (el dueño no permite socavar el campo), cuatro camiones de agua, el aserrín, 30 toneladas de leña y pagar $325 por día a cada uno de los dos trabajadores que “cortaron” los ladrillos que se necesitaron para armar esta “quemada”: $7.800 a cada uno por 24 días de trabajo.
“Sólo alcanza para comer”, dice Ramón, de un cortadero vecino al de Ernesto, con un acento entre cordobés y potosino. Él dice que es mediero, pero no identifica a quien le arrenda la media hectárea en la que trabaja. Ahí nomás, a menos de 10 pasos del horno, está la puerta del rancho que habita con su familia. Él tuvo menos suerte en su negociación con el propietario del lote que explota, menor que media hectárea, y debe pagar el 20% de la producción de cada horno de 45 mil piezas. Y, como su vecino, corre con todos los gastos de insumos y las dos personas que lo ayudan: un boliviano que vive en otro rancho del cortadero y un cordobés que llega ocasionalmente de un caserío cercano.
Las preguntas que se hace Nora Verde, de Copreti, van al nudo de la problemática:
“¿Qué pasa en esta actividad que registra altos índice de trabajo precario y altos índices de trabajo infantil? ¿Qué pasa con la naturaleza de estas relaciones laborales marcadas por las condiciones peyorativas de estos trabajadores y sus familias? ¿Qué es esta ‘mediería’ en la que el trabajador debe producir diariamente 1.500 ladrillos de alta calidad y dejarle el 20% de la producción al dueño de la tierra? ¿Qué es este sistema de trabajo medieval? ¿Qué pasa con estos adolescentes que tienen una trayectoria laboral signada por la explotación y la violación de derechos?”
La fabricación del ladrillo artesanal en condiciones de vulnerabilidad no es una problemática exclusiva del Gran Córdoba: hay cortaderos en el interior de Córdoba, en Mendoza o en la Patagonia, entre otros puntos. A diferencia de otros polos ladrilleros, el ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial presenta como particularidades su envergadura y una enorme cantidad de “hornos golondrinas”, es decir, cortaderos que crecen (y desaparecen) al calor del boom inmobiliario o de la obra pública municipal y en los que prima la lógica de mayor rentabilidad con menor costo, ecuación en la cual la variable de la mano de obra es la más sencilla de ajustar.
Estos “hornos golondrinas” fueron detectados en la investigación de 2010 dirigida por Matta. El trabajo concluyó que en esos cortaderos se agravaban las formas de trabajo precario e infantil y los métodos de supervivencia familiar.
Para Matta, la “cadena económica del ladrillo” condena con su inequidad a quienes viven en los cortaderos: “Quienes determinan el valor en la cadena están en el extremo del consumo: desarrollistas y constructores generan un esquema que no permite que quienes están en el otro extremo, el productor artesanal, reciba el valor justo por su producto. El eslabón más poderoso impone, a través de los dueños de la tierra y los corralones, el precio al más débil, condicionando toda la cadena”.
La vida en los cortaderos
No hay censos específicos que midan las variables socioeconómicas y ambientales en los cortaderos de ladrillos. Y esa es otra de las conclusiones de este informe: la falta de estadísticas que permitan diseñar una estrategia pública de acción. Sólo pueden encontrarse algunos datos fragmentados.
Con esos retazos sí pueden hacerse algunos análisis parciales, utilizando los datos de los radios censales (la unidad de medición más pequeña del Censo 2010) que corresponden a las zonas en las que se ubican los hornos ladrilleros.
Los datos censales indican que en las zonas en las que se ubican estos 232 cortaderos hay 7.072 ranchos, por lo que se puede inferir que casi la totalidad de las viviendas de los cortaderos son “taperas que por lo general no tienen aberturas, piso de material ni excusado”, en palabras de Leandro Vallejo, del sindicato de ladrilleros.
-¿Por qué las viviendas de los trabajadores están “pegadas” al cortadero?, se le pregunta a Vallejos.
-Es parte del sistema de explotación: el dueño del campo se garantiza un trabajador permanente, un trabajador cautivo.
-¿El esquema de producción requiere de toda la familia trabajando?
–La productividad para los dueños de los ladrilleros mejora si las mujeres y los niños se suman al trabajo. Esa es la ecuación: que por cada dos o tres empleados contratados, trabajen seis o siete personas; y para lograrlo sólo es posible si la familia completa trabaja. Es un círculo vicioso creado por los dueños del ladrillo con la complicidad del gremio.
El acceso al agua de red pública es uno de los mayores déficits de las viviendas de esos sectores: el 30,6% no tiene acceso y se provee de cisterna (14,1%), pozo (8,3%) o bomba (8,2%), de acuerdo con el análisis de los datos censales de 2010. En números concretos: 18.038 hogares ubicados en los cortaderos y en las adyacencias de estos no reciben agua potable a través de la red pública.
Fuente: Censo 2010
Lucía Yrigoyen, directora de la escuela primaria Libertador San Martín -donde el 70% de los alumnos llega desde los cortaderos ubicados en el paraje Los Socavones, en la frontera entre la ciudad de Córdoba y la localidad de Toledo- sabe que el agua de la que disponen muchas familias de su comunidad es de pozo o estanque, a veces de uso común con animales o para utilizarse en el pisadero donde se prepara el barro que irá a los moldes de los ladrillos.
“Muchos de los alumnos conocen el agua de red o el baño al comenzar la escuela. Suelen dormir en una o dos camas muchas personas, en ranchos muy humildes. Y los he visto trabajando en los cortaderos y ellos lo cuentan naturalmente”, dice la docente.
La falta de estadísticas específicas también impide conocer qué impacto tiene la falta de acceso a agua segura en la salud de los habitantes de los cortaderos.
A modo de ejemplo, en 2009, un trabajo interdisciplinario del Gobierno provincial en la comunidad ladrillera de Villa del Prado (a 28 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a siete kilómetros de Alta Gracia) recomendó un relevamiento sanitario que permita concluir si las condiciones ambientales (la falta de agua de calidad, el humo constante, el tipo de alimentación) incidían en la alta prevalencia de cáncer en ese poblado. De 1.300 vecinos, 30 habían fallecido en los últimos meses por distinto tumores, siendo los de páncreas y garganta los que más incidieron: seis y cinco casos, respectivamente, según datos del municipio de Villa del Prado. Pero aquel análisis que debió realizar el Gobierno cordobés no se concretó jamás, confirmó Nilda Gait, directora de Epidemiología de la Provincia.
Durante cinco años, el Gobierno provincial desactivó las políticas de abordaje integral de la problemática ladrillera, y mantuvo sólo las asistenciales: desde 2009 y hasta mediados de 2011, la Provincia integró la Comisión Cuatripartita para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente en la Industria Ladrillera, una mesa que reunía a actores políticos, sociales y económicos para diseñar y articular acciones ante la compleja problemática. Las intervenciones sugeridas por la Comisión permitieron logros parciales, aunque importantes, entre ellos la apertura de escuelas en zonas ladrilleras.
Pero durante la última gestión de José Manuel de la Sota (diciembre 2011-2015), aquellas acciones se frenaron y la Copreti fue reducida a su mínima expresión: las dos empleadas consultadas para este informe son su único personal actualmente. Tampoco se realizaron estudios específicos, como el sanitario en Villa del Prado. Aunque cauto en lo político, el actual ministro de Trabajo, Omar Sereno, confirmó que en esos cuatro años “la Comisión quedó desactivada”.
El 14 julio de 2016, el Gobierno provincial reactivó la Comisión y fijó como prioridades la documentación de la totalidad de la población ladrillera y la apertura de salas educativas para menores de 5 años y dispuso “correr la frontera” entre viviendas y cortaderos, proponiendo que aquellas estén a no menos de 150 metros de distancia del área productiva y con una separación física del ámbito familiar, a los fines de minimizar los riesgos de que haya niños deambulando. Sin embargo, no hay plazos de ejecución para tales medidas.
La escuela ladrillera
De acuerdo con las estimaciones para esta investigación, en los 232 cortaderos de la ciudad de Córdoba y el área metropolitana trabajan de manera directa unas 2.500 personas, y otras 12 mil lo hacen de manera indirecta, incluyendo entre ellas a los niños que como integrantes de familias ladrilleras se suman en los distintos roles de la producción. Los especialistas, investigadores y ladrilleros consultados coinciden en que la precariedad es la que condiciona a los niños y adolescentes para que trabajen, en una pulseada entre escuela y cortadero en la que muchas veces se impondrá la “necesidad del dinero ahora”.
Leticia Goffi, la maestra del sexto grado de la escuela Libertador San Martín, a la que asisten 114 niños que viven en cortaderos ubicados en el extremo sur de la ciudad de Córdoba, es testigo presencial de la pulseada: conoce que sus alumnos deben trabajar junto con sus padres, y que este esfuerzo y la falta de condiciones adecuadas para el estudio y el descanso repercuten en la calidad de educación de sus alumnos y son determinantes en el nivel medio, cuando abandonan la escuela. “Hay días que están con fiaca, cansaditos, pero ellos asumen naturalmente el hecho de tener que trabajar, ya sea con el papá o cuidando a los hermanitos porque su mamá debió ir al trabajo”, dice la docente.
Susana Andrada, trabajadora social e investigadora del impacto que tiene el trabajo infantil en las trayectorias educativas de los niños, dice que “lo que aparece con más claridad a los ojos de las maestras en esas escuelas es la explotación laboral, el trabajo infantil en su forma extrema, con una intensidad alta y asociado a riesgos, por ejemplo cuando el niño se duerme en clase por el cansancio o porque trabaja de noche”.
Pero -advierte- “hay un amplio espectro de actividades laborales que quedan en un cono de sombras para los docentes: las más invisibles son las actividades domésticas que realizan las niñas en sus hogares. Esa oscuridad sin dudas se debe a que es una tarea ‘puertas adentro’, en la cual la colaboración de las niñas está naturalizada”.
La explicación de Andrada es parte de un texto que elaboró para esta investigación, basado en su trabajo académico y experiencias en escuelas de la ciudad de Córdoba, donde concurren niños que trabajan.
A las adversas condiciones en las que viven se suman desventajas del sistema educativo. En la escuela Independencia Argentina, a unos 40 minutos de viaje desde el centro de la ciudad de Córdoba, la totalidad de sus alumnos proviene de cortaderos de ladrillos. Una docente dicta clases para todos los grados en la única aula. La sala de computación del establecimiento es una cáscara: tiene notebooks flamantes, pero no internet. Tampoco teléfono fijo. Y algunos días también falta el agua.
Durante el verano, con las escuelas cerradas, las actividades socio-recreativas en estos sectores desaparecen. Un ejemplo: en la escuela Libertador San Martín, en el paraje Los Socavones, se cancelaron por falta de fondos los talleres culturales y deportivos que se hacían en el establecimiento los sábados.
Un territorio sin ley
La actividad ladrillera presenta un vacío legal inaudito. Sólo el municipio de Colonia Caroya tiene una legislación específica respecto del uso del suelo, la que atiende la demanda central del sindicato: que las viviendas de los trabajadores estén a por lo menos 150 metros del cortadero. El resto de los municipios (incluyendo el de la ciudad de Córdoba) y la Provincia no tienen legislación para abordar el complejo fenómeno.
Las inspecciones de los distintos organismos de fiscalización, aunque permanentes, son insuficientes ante la magnitud de este sistema de producción y las complejidades descriptas.
El Gobierno provincial descartó la posibilidad de clausurar los cortaderos masivamente por el impredecible conflicto social que esa medida generaría: seis mil familias en la provincia de Córdoba son empleadas de manera directa o indirecta en este sistema de producción, con las condiciones de exclusión y marginalidad estructural explicadas.
Las autoridades provinciales, sin embargo, mantienen los operativos de control de higiene y seguridad, e invitan a la Dirección de Migraciones para los controles de documentación. Durante 2016 se realizaron entre uno y dos por semana, entre marzo y diciembre, dijeron desde el Gobierno provincial. El ministro Sereno afirma que el método de abordaje seguirá siendo la Comisión multipartita, y confía en que los intendentes tengan un rol más activo en el control fiscal y el uso de la tierra.
Las técnicas de la Copreti coinciden en que la persecución penal atenta contra las políticas de inclusión social. “No es posible avanzar en trabajos inclusivos y de derechos sin desembarcar activamente en el territorio, y sin el consentimiento del dueño del campo o del mediero no se puede ingresar porque el cortadero funciona en una propiedad privada. Clausurarlos, dejaría a estas familias sin proyecto de vida y las enviaría a círculos de pobreza y exclusión más complejos”, dice Verde.
“El rol punitivo del Estado en esta cadena no tiene sentido: no hay estructura gubernamental que pueda controlar la impresionante cantidad de cortaderos que hay en toda la provincia, a los que se debería volver de manera permanente para evitar que se comploten para reabrir”, dice Matta, al avalar la estrategia de intervención multisectorial. Y señala que “el Estado debería garantizar que los cortaderos sigan funcionando, pero en condiciones dignas, ya que tiene posibilidades de mejorar las condiciones de vida y producción en las ladrilleras”.
A modo de ejemplo, Matta apunta dos recomendaciones: utilizar tierras fiscales para el desarrollo de polos ladrilleros de economía asociada, un esquema que rompería con la mediería; y la participación de equipos técnicos (por ejemplo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para iniciar procesos de industrialización de la actividad, lo que minimizaría el trabajo a destajo y desalentaría el trabajo infantil.
Los expertos, funcionarios y trabajadores consultados para esta investigación coinciden en que las soluciones definitivas pasan por desarrollar parques industriales alejados de las viviendas y desactivar el combo de contrato mediero y trabajo a destajo. Mientras ambos instrumentos legales sigan vigentes, habrá cortaderos de ladrillos propios del siglo XIX en pleno siglo XXI. Y en ellos habrá niños trabajando. Explotados.
