La decisión la tomó el magistrado Sebastián Casanello luego de que se encontraran etiquetas de la marca en talleres clandestinos. Incluyeron oficinas comerciales
El juez federal Sebastián Casanello allanó las oficinas comerciales de la empresa de indumentaria Zara, en el marco de una causa por supuesta reducción a la servidumbre en talleres clandestinos que trabajarían para esa marca.
De acuerdo a la agencia Télam, los procedimientos se ordenaron el jueves pasado tras el hallazgo de etiquetas de esa marca y de otra firma, Ayres, en talleres allanados en otra causa de julio pasado, cuando la pesquisa estaba delegada en la fiscalía.
El 19 de septiembre, la Fundación Alameda pidió al juez ser tomada como querellante, algo a lo que se accedió. Y en la misma resolución el juzgado reasumió la causa y se ordenaron los nuevos allanamientos que incluyeron oficinas comerciales de las empresas.
La denuncia fue presentada el 17 de abril pasado por parte de la Ufase, la unidad fiscal que investiga trata de personas, y estuvo delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuán hasta la semana pasada.
Casanello allanó 12 inmuebles de Zara, Ayres, Kanaan y Karina Kanaan, y luego ordenó otros cuatro procedimientos donde secuestró computadoras, actualmente bajo pericia.
La causa busca establecer si hay vínculos entre los talleres clandestinos donde se encontraron menores de edad, situaciones migratorias irregulares o condiciones precarias de vida en esas sedes con las marcas.
La investigación preliminar realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo, detalló modos de trabajo, tarifas de confección y condiciones de higiene y salubridad de los talleres, pero también evaluaciones sobre cómo quienes trabajaban en ellos podían haber llegado allí.
En su mayoría, se trata de personas «de nacionalidad extranjera cuya situación migratoria sería irregular», lo que las ubica «en una objetiva situación de vulnerabilidad y, por ello, (las vuelve) susceptibles de ser víctimas (…) de explotación laboral». Además, que la mayoría de los trabajadores sea extranjera «permite suponer la presencia de las acciones típicas que configuran el delito de trata de personas. Esto es, la captación, el traslado y el alojamiento de estas personas, quienes necesariamente se han desplazado de sus lugares de origen hacia aquel en el que finalmente han sido explotados».
Colombo explicó a Página 12 que en la investigación preliminar, la Ufase determinó que esos «talleres textiles respondían a una sociedad, que era intermediaria y tenía relación con las firmas de indumentaria». Esa firma, Karina Kanaan SRL, derivaba las prendas a Zara y Ayres. La denuncia señala que ese intermediario podría ser responsable del delito de trata para explotación laboral. También relata que, al menos una vez, alguien de Zara ingresó en uno de los talleres, por lo que «pudo haber advertido las condiciones de explotación reinantes en el lugar».