El Ayuntamiento descubre bidones de combustible almacenados en la zona de soldar de las brigadas municipales.
La nave y almacén de las brigadas de infraestructuras fue inspeccionada y se detectaron productos tóxicos e inflamables mal almacenados. loino
E. G. BROTONS
Bidones de material inflamable y tóxico apilados sobre una moqueta que ardería a toda velocidad y colocados junto a una ventana interior que accede al lugar habilitado para soldar, a la herrería y a la fragua donde trabajan a diario con fuego los operarios municipales. Es solo una de las alarmantes deficiencias en materia de seguridad laboral, tan frecuentes como graves, que ha ido encontrando la Concejalía de Personal en los centros de trabajo municipales. La pormenorizada inspección se encargó en noviembre a un técnico en prevención de riesgos laborales que está visitando hasta 30 dependencias, almacenes o despachos de propiedad municipal.
Para cada uno de los centros se elabora un informe que propone las medidas correctoras y el consistorio ya está llevándolas a cabo, según la edil Asun Mayoral (CLr), quien reconoció que hasta que acometieron estas auditorías se mantenían, heredadas de mandatos anteriores, «múltiples carencias en lo concerniente a los riesgos laborales con una plantilla de 700 personas» (funcionarios e interinos). El ejemplo de los bidones y la herrería corresponde al almacén de las brigadas municipales de infraestructuras, servicios y mantenimiento. Allí las recomendaciones del técnico en prevención (que Personal contrató directamente para 12 meses por 16.000 euros, IVA incluido) van desde señalizar el riesgo de incendio y toxicidad hasta buscar otro lugar para almacenar el combustible, o sellar la ventana medianera y abrir otra al exterior que permita ventilar la sala.
Pero esa es solo una de las actuaciones que ha tenido que acometer el Ayuntamiento para mejorar la seguridad. Otro caso está en la fuente de la Glorieta Gabriel Miró, que tiene todos los sistemas eléctricos en una habitáculo subterráneo al que se accede por una escalera vertical. El técnico concluyó que hay peligros tan evidentes como que el primer peldaño está a casi un metro de profundidad con respecto al suelo, por lo que hay que descolgarse literalmente para acceder a él sin apoyos para las manos, y además con «riesgo de atrapamiento», porque la trampilla que cierra el habitáculo se sostenía con una barra inestable. Entre las correcciones propuestas están forrar los peldaños con bandas antideslizantes, igual que en el suelo de la sala, que además hay que aislar porque estaba mojado como consecuencia de una avería en la fuente. Mala combinación cuando la humedad es evidente en el suelo y las paredes de una sala en la que trabajan los electricistas.
Y a eso aún se suma que el Ayuntamiento tampoco cumplía en la entrega de vestimenta a sus operarios, según la edil, a quienes por convenio se les deben suministrar botas de seguridad, arneses, cascos o guantes. A este respecto, Mayoral tiene prevista una partida de 32.000 euros para nuevos uniformes en 2012, ropa de trabajo diseñada por el mismo asesor de seguridad en lo que a tejidos o especificaciones técnicas se refiere y que será obligatoria para las brigadas y los conserjes.
Privacidad
No solo se trata de cuestiones de seguridad de los operarios, sino también de preservar la privacidad, como ocurre en el caso del consultorio médico de Virgen del Camino (dependencias de propiedad municipal, y en las que trabaja un conserje del Ayuntamiento). El técnico de seguridad propuso cambiar la distribución de las salas, porque «se observa que un único puesto de trabajo es ocupado por dos trabajadores con competencias completamente distintas, un administrativo y un sanitario, con la consecuente falta de intimidad para el paciente».
De este modo, en la misma sala podía estar la cola para pedir cita y la camilla del enfermero para curar una herida o poner una inyección. Es más, el baño para pacientes servía de almacén de productos de limpieza, cuando un armario con llave podría evitar que accedan a ellos los niños.
Procedimiento penal por una caída en altura
La edil de Personal, Asun Mayoral, señaló que la inspección de centros de trabajo es previa a la elaboración de un plan de seguridad y salud que ya se está confeccionando para detallar los protocolos de actuación ante una emergencia o los riesgos de cada puesto de trabajo. En este sentido, se están definiendo los pasos a seguir, los puntos de encuentro en una evacuación o los niveles de responsabilidad de cada empleado ante cualquier suceso. En el mismo sentido, se está revisando el material con el que trabajan los empleados municipales y eso implica, según la concejala, desde unificar la vestimenta de jardineros o electricistas hasta proporcionar sillas especiales a los administrativos que padecen lesiones de espalda.
Mayoral concretó que «la dejadez» de anteriores gobiernos en cuanto a los planes de seguridad y salud y los riesgos laborales ha llevado a que el Ayuntamiento haya tenido que satisfacer recientemente una indemnización a un trabajador municipal por una caída en altura». El accidente ocurrió en julio de 2010, cuando dos operarios montaban el castillo de los Moros y Cristianos en la Glorieta para las fiestas de La Reconquista. Un juzgado notificó al Ayuntamiento hace dos meses que se ha iniciado un procedimiento penal contra el consistorio y los responsables de la seguridad en aquel momento por las heridas del segundo accidentado.
«Es muy grave poner en riesgo la seguridad de los empleados, por eso se están inspeccionado las instalaciones municipales, en las que se han detectado riesgos evidentes», dijo Mayoral, para añadir que se harán simulacros y se impartirán cursos formativos a la plantilla. Igualmente, el Ayuntamiento va a sacar a concurso la revisión y suministro de extintores para todos los centros de trabajo municipales. e. g. b.