La iniciativa del Gobierno, que finalmente saldría hacia el Congreso el mes que viene, no contará con el total respaldo de los empresarios. Según el proyecto, se cubrirá al empleador en caso de recibir una demanda ante los tribunales, pero incrementará el costo del seguro.
Gobierno prevé mandar al Congreso en marzo no contará con un total respaldo de los industriales, quienes piensan que se debe convocar al Consejo Consultivo Permanente previsto en la misma norma.
Según indicaron a DyN fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el sector sostienen que la reforma pensada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, va más allá de solucionar el vacío generado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la vía civil para juicios de accidentes laborales.
Un directivo de la entidad indicó que «lo importante del régimen era darle respuesta al fallo pero con esa excusa se tocó todo».
«El Consejo Consultivo Permanente que integran representantes de los empresarios, la CGT, las ART y el gobierno debe discutir el resto», manifestó el empresario.
La necesidad de apurar la reforma fue presentada por los industriales el mes pasado a la ministra de Economía, Felisa Miceli, durante un almuerzo que mantuvieron en la sede de la central.
Allí, Miceli se comprometió a gestionar la reforma al tiempo que los empresarios manifestaron su rechazo a un proyecto elaborado por Tomada.
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna también había elaborado una reforma pero que prácticamente atacaba el principal problema generado por el fallo de Corte que le permitía a un trabajador cobrar la indemnización de la ART y a la vez iniciar un juicio civil al empleador.
El proyecto que finalmente saldría hacia el Congreso el mes que viene cubrirá al empleador en caso de recibir una demanda ante los tribunales, pero incrementará el costo del seguro.
Pero además se introducirán otros cambios como la creación de comités de seguridad en las empresas con participación de los sindicatos, un punto que es resistido por los empresarios ya que tales cuerpos tendrían amplias atribuciones en la gestión de la compañías.
Por esa razón, en la UIA los directivos consideran que los cambios deberían estar dirigidos a solucionar el vacío legal y el resto solucionarlo a través del Consejo Consultivo.
Tal instancia prevista en el régimen de Riesgos del Trabajo tiene atribuciones para establecer reformas donde los empresarios tendrían más control en vez del Congreso donde la mayoría le asegura al Gobierno imponer sus criterios.
De hecho, dirigentes de la central fabril dijeron que todavía no fueron consultados por el Gobierno en relación a la reforma que estaría por mandar al parlamento.